¿Un “golpe civil” justifica decretos ilegales?

Wenceslao Alba Jáuregui

El incremento de la soberbia, de complejos traducidos en más demagogia, el abuso de poder, confirman las sospechas de la actitud mencionada en el título de esta nota. El domingo 10 de agosto el presidente Evo Morales Aima dispuesto al diálogo intentó dar una señal positiva de cambio ante el resultado nacional del revocatorio de mandato.

Continúan las agresiones oficialistas con la promulgación de medidas contradictorias, como el Decreto Supremo 29.698 que impone responsabilidades, sanciones económicas a las prefecturas opositoras que promuevan, financien la toma y destrozos de instituciones públicas, infraestructura energética y vial, etc. A pesar de manifestaciones de rechazo a la política dictatorial del Gobierno, éste ha autorizado al Ministerio de Hacienda debitar de las cuentas prefecturales, los recursos que requieran, por las medidas de presión ejercidas.

Departamentos pequeños, pobres, con carencias de servicios básicos, con poco desarrollo como el Beni y Pando son afectados por esa disposición gubernamental. Enfurece al pueblo del Beni que se le descuente el 30%, a Pando se le confisque el 93% de su presupuesto departamental, ocasionando pérdida de empleos, cierre de empresas, se trunca la construcción de puentes, caminos, etc., con cargo al Impuesto Directo a los Hidrocarburos.

Cinco departamentos rechazan la realización del referéndum para aprobar el proyecto de Constitución del oficialismo, postergando su voluntad de ser departamentos autonomistas que les dé oportunidad de administrar sus recursos en pos de su desarrollo. La razón de esa oposición es que el proyecto masista, que contempla autonomías indígenas, tiene consecuencias fatales, cuando exista distribución de recursos económicos. El problema es la confiscación de recursos a través de la fuerza, como sucede actualmente, con el IDH.

Ningún decreto de reparación de daños materiales, ninguna amenaza de enjuiciamiento son elementos que disipen la beligerancia entre el Gobierno y las regiones de oriente. Atribuir sus consecuencias a las prefecturas y castigarlas en su economía, implica un prejuzgamiento, porque tales acontecimientos ojalá no se realicen. En cambio inadaptados oficialistas con el apoyo de parlamentarios suplentes indujeron a sus aliados a asaltar y quemar la Prefectura de Cochabamba en enero de 2007, restaurada en la gestión del ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, si el Decreto 29.698 hubiese estado vigente seguro que hubiese sido el mencionado débito automático, con cargo al Ministerio de Gobierno.

Además el Presidente denunció que en Bolivia se ha puesto en marcha un “golpe civil”, cuyo primer paso es la toma de instituciones públicas, en alusión a las determinaciones del Conalde que rechaza al referéndum múltiple y sale en contra de las amenazas, agresiones y decisiones del Conalcam de tendencia oficialista. El Conalde convocó a la unidad del pueblo, es decir a las organizaciones sociales, a las Fuerzas Armadas y Policía para defender la democracia boliviana, dando un toque de legalidad a la ilegalidad que se está gestando para consolidar el proceso de transformación, a través de estos cuestionamientos.

Se dice que las acciones de un golpe civil están amparadas en un plan subversivo de la derecha para crear las condiciones para derrocar al Gobierno, palabras que alimentan el odio racista de los campesinos hacia los mestizos. Por la ilegalidad de los decretos emitidos, se reclama un debate responsable sobre el texto constitucional, motivo de la polarización en el país, entre partidarios del Gobierno y opositores.

Por las declaraciones gubernamentales las organizaciones sociales amenazan con cercar ciudades, al Congreso Nacional, la Corte Nacional Electoral, etc., lo que es una clara muestra de una crisis de Estado, donde el Parlamento Nacional no decide, sino los movimientos sociales agrupados en el Conalcam con actitudes subversivas de izquierda, sin manejar correctamente el timón de la nave del país.

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