La tensión en el país, que comenzó con inofensivas manifestaciones por la restitución del IDH, pasó rápidamente a la toma violenta de trancas e instituciones hasta adquirir, este martes, la angustiosa fisonomía de una convulsión social. Graves desmanes se registraron en Santa Cruz de la Sierra, con repercusiones de menor magnitud en el interior de ese departamento, además de Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca.
La crisis política no resuelta por los líderes del oficialismo y la oposición derivó en violentos enfrentamientos, como se vino advirtiendo de forma reiterada desde esta misma página, en coincidencia con los analistas más idóneos del país.
Un panorama desalentador, que incluye varios puntos de bloqueos carreteros, la toma de válvulas de gas en Villamontes —con un riesgo latente de que sea cortado el envío del energético al Brasil— y el desabastecimiento de combustibles en el oriente y el sur, sólo permite vislumbrar un futuro más negativo aún.
Anoche, mientras las amenazas de los movimientos cívicos opositores se multiplicaban, en el partido de gobierno surgían contradicciones. El senador Antonio Peredo (MAS) primero se encargaba de recordar que el estado de sitio es una atribución del Ejecutivo, y luego reconocía que “nunca se lo ha descartado”, pero el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, decía tajantemente que “no vamos a declarar un estado de sitio”.
La certidumbre llegaría en torno de las 21.00, cuando los ministros de Gobierno, Alfredo Rada, y de Defensa, Walker San Miguel, anunciaron que se desechaba la idea del estado de sitio y responsabilizaron de la convulsión al prefecto Rubén Costas y al cívico Branko Marinkovic.
Rada denunció el “inicio de un golpe de estado cívico-prefectural”; y San Miguel, luego, ratificó esa convicción gubernamental. Pero el primero fue más allá al sostener que “hoy se ha materializado en la práctica” aquello que se venía gestando, “con apoyo interno y externo”.
“Vamos a actuar con serenidad pero también con firmeza”, dijo Rada, sin dar mayores luces.
El país espera que el Gobierno restablezca sus relaciones con la oposición regionalizada, porque, de lo contrario, esta crisis puede terminar en lo peor.
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