*Jorge Dulon Fernández
Nuestras sociedades se rigen por Constituciones, que son parte de procesos históricos acumulados y adecuados a determinadas realidades. Esas Constituciones contienen normas que establecen derechos y deberes ciudadanos que al mismo tiempo le dan un carácter al ejercicio de la ciudadanía.
Al parecer, hoy los bolivianos entendemos que debemos cumplir estos derechos y deberes tomando en cuenta los procesos de lucha y de emancipación social.
Vivimos en un momento profundo de demanda de transformación del Estado acumulado, que implica un replanteamiento de las normas establecidas.
Este nuevo proceso que vive nuestro país ha sido conducido por distintos tipos de movimientos sociales que, por sus características de composición, acción y demandas, han tenido la capacidad de trastocar y evidenciar la magnitud de una crisis de Estado en que vivíamos y aún vivimos. En esa medida, han podido evidenciar también una crisis del Estado de Derecho. A partir de entonces, surgieron actores en el debate y escenario político que se sintieron con la legitimidad necesaria producto de la realidad, para sobrepasar y sobrellevar el Estado de Derecho, olvidando que el cumplimiento de los derechos y deberes implica ejercer plenamente la ciudadanía mencionada.
De esta manera, la legitimidad crítica al orden institucional, está por encima de las normas ordenadoras de dicha institucionalidad, haciendo que nos encontremos con un incumplimiento “legítimo” del Estado de Derecho.
Se suma a esta realidad, la existencia de una competencia de legitimidades que vienen desde lo local hasta lo nacional. El soberano se ha departamentalizado en algunos casos, el soberano ya no es uno solo.
Tomando en cuenta esta realidad crítica de percepciones, los ciudadanos debemos ser conscientes que el Estado de Derecho no está reñido con un determinado proceso de cambio ni con la política en general. El Estado de Derecho es una construcción civilizatoria para poner límites al poder político, económico y social constituido. Mientras esté enmarcado institucionalmente mediante una Constitución política, debe respetarse hasta que sus propios mecanismos permitan una reforma que se adapte de mejor manera a una determinada realidad.
Como decía el francés Jean Paul Sartre, “el infierno son los otros”, por lo que es necesario tener y conocer marcos institucionales para poder respetarlos y cumplirlos, y de esta manera poder convivir con “los otros”.
*Jorge Dulon Fernández es administrador público y cientista político
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