Prefectos y masistas cuestionan la CPE aprobada en Oruro

Ex asambleístas y parlamentarios del partido oficialista critican articulados del texto, como el de la reforma de la nueva CPE. Algunos están molestos porque sus sugerencias no son oídas.



Ex asambleístas y parlamentarios del partido en función de gobierno (MAS) coinciden con las voces que plantean observaciones estructurales al proyecto de Constitución Política del Estado masista, aprobado en Oruro.

Ayer, La Razón publicó un informe donde se presentaron 12 observaciones en el contenido del documento oficialista, planteados por miembros de la oposición, ex asambleístas, analistas políticos y la Iglesia Católica.

Las críticas apuntan, entre otros, al modelo de Estado, la reelección presidencial, la tierra, la propiedad privada, el control social y la reforma constitucional.

Sobre este último punto, se observó que una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa Plurinacional (Parlamento) sería suficiente para hacer modificaciones parciales al texto constitucional, lo que afectaría la estabilidad de las normas.

El ex asambleísta (MAS) y actual ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero, se sumó a esta observación y señaló que “será necesario ajustarlo”.

“Creo que si buscamos darle más certeza, más estabilidad a las normas constitucionales, la mayoría absoluta no es el mejor camino. De modo que al admitir dos tercios de votos y un sistema semiflexible de reforma constitucional, daría más seguridad jurídica a los bolivianos”, señaló.

El proyecto de CPE señala dos procedimientos para modificar el texto. El primero es total y se realiza por medio de una Asamblea Constituyente, y el segundo se realiza con la mayoría absoluta de la Asamblea Legislativa. En ambos casos se requerirá de la aprobación mediante un referéndum constitucional. “El pueblo dará la palabra final”, dijo el senador Félix Rojas (MAS).
Para Romero, sin embargo, “no se puede tomar decisiones de cambio constitucional sólo por mayoría absoluta de votos”.

En sintonía con Romero, el subjefe de la bancada de diputados del MAS, Jorge Silva, señaló que es necesario ponerle un candado a las reformas. “Debería estar sujeta a otros mecanismos, no sé si dos tercios, que permita a la Constitución ser sostenible en el tiempo. Si se aprueba tal y como está, cualquier Congreso puede cambiar gran parte de la Constitución en función a la posición ideológica y política del Gobierno”, advirtió.

Otro punto observado por Silva en el proyecto masista es el referido a las autonomías, que actualmente es debatido en la mesa del diálogo que entablan los prefectos con el Ejecutivo.

“La autonomía regional no tendría razón de ser. Complicaría la implementación de las autonomías provinciales, municipales y departamentales”.
Para el diputado, la autonomía regional podría crear contradicciones en lo referido a los límites territoriales y las competencias, por lo cual debería ser excluida del texto constitucional.

A pesar de manifestar estas observaciones, Silva aseguró que al interior de la bancada del MAS aún no se ha analizado las críticas internas al proyecto de Constitución, “debido a que entendemos que ese trabajo está atribuido a los constituyentes. Como poder constituido (Parlamento), nosotros no tenemos esas atribuciones. Este tema se lo tratará en algún momento”.

Sin embargo, algunos parlamentarios del MAS, que prefirieron mantenerse en el anonimato, aseguraron a este medio que sus observaciones no fueron tomadas en cuenta. Entre ellas, el reconocimiento constitucional a las determinaciones que sean asumidas en cabildos.


Estado versus nacionalidades

Entre las observaciones de la oposición al proyecto de CPE se halla el referido al modelo de Estado. Aseguran que el texto entra en contradicciones entre lo unitario y lo plurinacional y que sobrepone lo indígena sobre el resto de los bolivianos.
Al respecto, el senador Félix Rojas (MAS) dijo que, dentro del derecho político, Estado no es sinónimo de nación. “Por eso es que en el planeta no hay un solo Estado que constituya al mismo tiempo una sola nación”. En esa línea, el ex constituyente y actual ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero, aseguró que un Estado unitario no es incompatible con uno plurinominal. “El Estado unitario significa que hay un centro de impulsión política, pero que puede reconocer modalidades gubernativas descentralizadas. El Estado plurinacional puede desarrollarse en un esquema federal o unitario”.


Dos filtros para magistrados

Rojas dijo que el proyecto no da primacía a los indígenas. “No se conforman 36 estados. Se reconoce la existencia, valores y derecho de existir de 36 naciones”.

Sobreposición entre la justicia originaria y ordinaria y la debilitación del Poder Judicial por la elección propuesta de sus autoridades, son parte de las observaciones de la oposición y de analistas al proyecto de Constitución en el tema de justicia.
Sobre la primera crítica, Carlos Romero señaló que no existe sobreposición, debido a que cada una tendrá su propia jurisdicción y competencias.
“Si un país es heterogéneo desde el punto de vista cultural, es lógico que lo sea en el área de la justicia. Se propone un pluralismo jurídico, que los indígenas desarrollen autonomía a través de sus propias normas, procedimientos y códigos culturales, como lo vienen haciendo desde tiempos inmemoriales”.
Romero explicó que la elección de magistrados requerirá, en primera instancia, de una calificación meritocrática por parte del nivel parlamentario. Luego recién se procederá a la elección.
“Si incurre en irregularidades en su cargo, habrá un procedimiento que lo juzgue: el control administrativo de justicia, que reemplazará a la Judicatura”.