Más de diez días de bloqueo de caminos en el oriente y sur del país, y la toma de instituciones públicas en los departamentos autonómicos, eran apenas el preámbulo de nuevos episodios de violencia como los que estallaron el día de ayer en la ciudad de Santa Cruz, cuando habitantes cruceños y efectivos militares protagonizaron duros enfrentamientos que más tarde derivaron en los lamentables excesos, por todos conocidos, en contra de instalaciones estatales.
Estaba visto, pues, que el Gobierno Nacional no tenía la menor intención de atender el legítimo reclamo que cuatro regiones (Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija) vienen sosteniendo desde hace más de un año por el recorte de los recursos que les corresponden por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), y por el sistemático desconocimiento del oficialismo al modelo de autonomías departamentales por el que han optado los habitantes de esa parte del país.Por eso es que, desde que comenzó el conflicto que en estos momentos tiene lugar en el oriente y el sur de Bolivia, el Poder Ejecutivo no sólo que ignoró las protestas sociales traducidas en bloqueos de caminos y en la toma de instituciones públicas, sino -y lo que es peor todavía- ni siquiera ofreció un solo gesto que permita entablar un necesario espacio de diálogo con las regiones y sectores movilizados.
Más al contrario, las señales enviadas desde el Gobierno, que decidió cerrar el paso a cualquier negociación sobre su proyecto de texto constitucional y acelerar los referendos constitucionales, por un lado, además de reforzar la presencia policial y militar en las regiones de la denominada Media Luna, por el otro, indicaban que se estaba produciendo un decisivo despliegue de fuerzas cuyo propósito no es otro que el de aplastar a la oposición regional y dejar el camino expedito para que el MAS alcance su objetivo más preciado: aprobar el proyecto de Constitución Política del Estado diseñado a la altura y a la medida del proyecto político del actual esquema de poder.
Lo sucedido ayer en Santa Cruz es, probablemente, la primera expresión de la madre de las batallas que ha comenzado a librarse en el país, entre un Gobierno que no pretende ceder ni un solo milímetro en sus propósitos, y unas regiones que no están dispuestas a someterse a la verticalidad de un proyecto político que no representa al conjunto de la sociedad boliviana.
No es por otra razón que, tras evidenciar la gravedad de los violentos sucesos de Santa Cruz, los principales voceros del Poder Ejecutivo aparezcan emitiendo mensajes desafiantes e hirientes a la población cruceña, en vez de convocar a la pacificación y al diálogo como únicas vías para la solución de controversias.
¿O de qué otra manera se puede entender que el Ministro de Gobierno, además de denunciar la descabezada idea de un "golpe de Estado cívico-prefectural", aparezca tildando a las miles de personas movilizadas en la capital oriental como un "puñado de fascistas, racistas, vándalos y delincuentes", entre otro largo etcétera de adjetivos?
Con esa conducta, el oficialismo está demostrando, así como lo hizo en Cochabamba y en Sucre, que ha optado por el camino de la confrontación, con la diferencia de que, en esta ocasión, el conflicto en curso es determinante para cada uno de los sectores enfrentados.
Razón suficiente para invocar al Presidente de la República, y a todos los actores políticos del país, a detener en las siguientes horas -ya ni siquiera días- la espiral de violencia que amenaza con llevar a la República a un desangramiento sin precedentes en su historia.
Lo sucedido ayer en Santa Cruz es, probablemente, la primera expresión de la madre de las batallas que ha comenzado a librarse en el país, entre un Gobierno que no pretende ceder ni un solo milímetro en sus propósitos, y unas regiones que no están dispuestas a someterse a la verticalidad de un proyecto político que no representa al conjunto de la sociedad boliviana
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