La nueva Constitución del MAS

Floren Sanabria G.

Unos 85 asambleístas, en diciembre de 2007, a los que no se les permitió el ingreso al recinto militar de Sucre, ni al paraninfo universitario de Oruro, donde a oscuras se concretó el ilegal proyecto de Constitución del Movimiento Al Socialismo, expresaban airadamente: “Frente al acontecimiento que representa la Asamblea Constituyente, como asambleístas elegidos en las urnas, estamos en defensa de la democracia, libertad y legalidad, para lograr un proceso incluyente que represente a toda la ciudadanía, consolidar la unidad del país, evitar la fragmentación del mismo, respetando nuestra diversidad étnica y cultural, de una manera honesta, abierta y de cara al pueblo, evitando se continúe con la consigna de ‘dividir para reinar’ que viene propiciándose desde Palacio de Gobierno”.

Después de un año y cuatro meses, la Asamblea Constituyente únicamente ha servido como instrumento político del MAS, por su afán de consolidar una visión autoritaria, rompiendo los preceptos democráticos que debieron orientar el proceso constituyente, como un encuentro de la diversidad boliviana para construir un Pacto Social que permita al pueblo proyectar un Estado autonómico, progresista e influyente. Un acuerdo por la unidad, que debe tener por objetivo la defensa intransigente de la legalidad, ante el accionar antidemocrático de la directiva del MAS y sus asambleístas, violando y vulnerando la Constitución Política, las Leyes de Convocatoria y de Ampliación de la Asamblea Constituyente y su Reglamento con la complicidad e injerencia permanente del Poder Ejecutivo, ocasionando el fracaso del trabajo de las y los constituyentes, al modificar de forma irregular el Reglamento de Debates, evitando así la presentación, lectura y deliberación de los informes de las 21 comisiones.

En el marco de todos estos procedimientos irregulares, se trató sólo el índice de la propuesta masista, engañando al pueblo con la cínica publicación de un proyecto de texto constitucional supuestamente aprobado en grande, que nunca fue leído ni deliberado y cuya autoría corresponde a algunos asambleístas y sus asesores extranjeros. La legitimidad estuvo ausente al obstaculizarse la presencia de 110 constituyentes, del pueblo y de los medios de comunicación, conculcando la libertad y la transparencia necesaria para redactar un texto constitucional democrático, al haberse realizado en una sesión ilegal a puertas cerradas en un recinto militar cercado por fuerzas militares, policiales y milicias civiles del MAS, mientras se ejercía una represión violenta y sangrienta al pueblo chuquisaqueño. Luego, se trasladaron con prisa a Oruro, allí también a media luz, a puertas cerradas con fuerte custodia policial en una universidad, se puso punto final.

La moralidad, que implica consecuencia con el mandato popular, y las esperanzas de todos los bolivianos, depositadas en el proceso constituyente, para eliminar la discriminación, lograr la pacificación del país y consolidar un Estado con Autonomías Departamentales, fueron traicionadas por el MAS y por oscuros políticos constituyentes “trásfugas” que, desconociendo el voto ciudadano, fungieron con premeditación y alevosía de cómplices del oficialismo.

Ahora se trata de la imposición ilegal e ilegítima de un documento que pretende ser presentado al pueblo boliviano como proyecto constitucional, documento que a título de plurinacional, pulveriza la nacionalidad boliviana, promoviendo la desintegración territorial y social del país. Tal definición genera la posibilidad de llevarnos a un enfrentamiento entre bolivianos y consolida la posibilidad de reelección indefinida de Evo Morales Aima, por la pretensión de quedarse en el poder por 20 años, situación buscada desesperadamente por el Gobierno, que politiza la justicia mediante el sometimiento del Poder Judicial a la injerencia del partido actualmente gobernante, que somete la educación de nuestros hijos al proyecto político masista, que consolida, a título de un anacrónico “fascismo” disfrazado de “comunitarismo”, la subordinación del derecho a la propiedad, a los intereses de grupos raciales que limitan cualquier posibilidad de Autonomías Departamentales con la creación de otras formas de autonomías, pretendiendo constitucionalizar la eliminación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), regalías y otros recursos para mantener el “Estado centralista”.

Los asambleístas ignorados desconocían el proyecto del MAS, impuesto de forma ilegal, ilegítima y manchado de sangre en el Cuartel de la Glorieta, mediante el cual pretenden consolidar un Estado racista, totalitario y antidemocrático. Exigían que la Asamblea Constituyente retome el camino de la legalidad, en el marco del respeto a la Constitución, las leyes, el reglamento de la Asamblea y los valores democráticos, previo a cualquier convocatoria a sesión por parte de la directiva. Expresaban sin tapujos, valorar y reconocer el sacrificio de hombres y mujeres del pueblo chuquisaqueño al ofrendar su sangre en defensa de la unidad nacional, de la democracia y la libertad en el proceso constituyente. Asimismo, de los ciudadanos de los demás departamentos que se habían pronunciado en esta lucha y exigían al Congreso Nacional iniciar un juicio de responsabilidades a los autores de la represión y gestionar la indemnización a las familias de heridos y fallecidos en las masacres de La Calancha y otras regiones.

Pedían denunciar ante organismos internacionales la violación sistemática que viene imponiendo el gobierno masista a los Derechos Humanos y a preceptos democráticos, convocando a hacer seguimiento de estas violaciones y de más de 33 muertes en la gestión de Evo Morales a través de la presencia de comisiones de observadores extranjeros que certifiquen ante el mundo la ruptura del régimen democrático, con autoritarismo, soberbia, enfrentamiento y prepotencia que predominan en el país.