Dudas acerca del voto en el exterior

El Gobierno no puede perder de vista que comete un grave error poniendo en duda la transparencia de los procesos eleccionarios... se enfrenta al reto de dar las suficientes señales de que ésta no es una medida oportunista para recuperar los votos que ha perdido.

El Gobierno continúa empeñado en impulsar sus políticas por la vía del decretazo. La última reunión del gabinete de ministros del presidente Evo Morales puso en marcha el plan para que los bolivianos residentes en el exterior puedan votar en las elecciones generales de diciembre, y lo hizo, una vez más, a través de un decreto supremo.

El primer acápite del artículo 27 de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) reconoce el derecho al voto fuera del país. “Las bolivianas y los bolivianos residentes en el exterior tienen derecho a participar en las elecciones a la Presidencia y Vicepresidencia del Estado, y en las demás señaladas por ley...”.

El segundo punto se refiere a la participación en elecciones municipales, también “conforme a la ley”. Pero ni esto ni lo otro fue tomado en cuenta por el Órgano Ejecutivo, que encabeza el Jefe de Estado y que es el primero en violar la Carta Magna que promovió con fervor antes del referéndum del 25 de enero.

No está bien que, en democracia, se gobierne a base de decretos. Esa es una muestra de que falta capacidad y/o voluntad de concertación, al margen de existir un irresponsable empeño en ejecutar las políticas públicas por la fuerza.

La decisión gubernamental es doblemente cuestionable si se toma en cuenta que el propio MAS llevó al Congreso Nacional un proyecto de ley para aprobar, con el debido conocimiento de la oposición parlamentaria, el voto de los ciudadanos bolivianos en el exterior.

El apuro debe ser grande, tanto como para no esperar a que se den los pasos legales correspondientes en el Congreso. Mientras, después de que se conoció la intención de que embajadas y consulados bolivianos tendrían a su cargo el control de los votos en el exterior, el oficialismo ha vuelto a dar pie a las especulaciones y susceptibilidades: la oposición ha denunciado que sospecha de un fraude electoral.

El Gobierno no puede perder de vista que comete un grave error poniendo en duda la transparencia de los procesos eleccionarios. Al margen de posibilitar el voto en todos los países donde residen los bolivianos —principalmente en Argentina, EEUU y España, porque en esas tres naciones radica la mayoría de los compatriotas emigrantes—, se debe garantizar que el sufragio en el exterior guarde las mismas formalidades que se aplican dentro de Bolivia. No puede haber tratamiento diferenciado: todos tienen que cumplir los mismos requisitos, es decir, los que establece el Código Electoral vigente.

La Corte Nacional Electoral (CNE), nuevamente, juega un rol preponderante en este tema; lo analizaría hoy. El caso de Argentina es patético. Hace poco, un funcionario del cuerpo diplomático boliviano acreditado en ese país reconoció que desconocían, a ciencia cierta, la cantidad exacta de compatriotas residentes allí. Con esas condiciones, ¿de qué manera se controlará el voto, a pocos meses de las elecciones de diciembre?

El politólogo y ex vocal de la CNE, Jorge Lazarte, ha señalado, con mucho criterio, que Bolivia ni siquiera puso en orden su Padrón Electoral y, como si todo estuviera bien por casa, ya está planificando elaborar otros en el exterior. El gobierno de Morales se enfrenta al reto de dar las suficientes señales de que ésta no es una medida oportunista para recuperar los votos que ha perdido, como quedó demostrado en el referéndum de enero.