Acostumbrarse a los militares

No hay discurso de “cambio”, por atractivo que le parezca al mundo exterior, que alcance para justificar las violaciones de los derechos humanos, que en este gobierno aumentan día a día con acciones como las de Pando e ingredientes donde intervienen fiscales, policías...
Cuando el vicepresidente Álvaro García pidió a los bolivianos que se fueran acostumbrando a la presencia de militares en las zonas fronterizas o en regiones que, según sus palabras, se convirtieron en “semirrepubliquetas”, en realidad, la población ya se había acostumbrado, porque el Ejecutivo hace tiempo que viene apelando a la actuación de las Fuerzas Armadas para fines que no son, precisamente, los suyos.

“El Gobierno tomó una decisión: ha habido una reorganización geoestratégica de la presencia militar en el país. Habrá mucha más presencia militar hoy en aquellas regiones del país donde la presencia del Estado es débil”, afirmó García.

Su declaración se produjo en el marco de las reacciones a una nueva ola de detenciones de personas en Cobija, por los hechos registrados en septiembre del año pasado en Porvenir. Cuando se cuestionaba el accionar irregular de encapuchados en un operativo, que se ejecutó en horas de la madrugada del miércoles, con una violencia injustificable y con infracciones a la nueva Constitución Política del Estado y al Código Penal.

¿El Vicepresidente de la República está, entonces, de acuerdo con este tipo de violaciones a los derechos humanos? En ningún momento lamentó las brusquedades cometidas por quienes participaron en ese operativo, que vino a completar otros realizados en meses pasados aunque en el marco del estado de sitio que se dictó en Pando.

Todo lo contrario: “Acostúmbrense a ver presencia militar del Estado, presencia de soberanía del Estado, de nuestras FFAA en regiones anteriormente abandonadas y convertidas en semirrepubliquetas de algún par de personas extranjeras o adineradas”, dijo, en tono desafiante.

La expresión, desafortunada y reveladora a la vez, se suma a una serie de otros hechos cuestionables de la Fiscalía de La Paz, que en evidentes horas de la madrugada del miércoles actuó al margen de la ley y la Constitución, deteniendo con violencia y en un horario que no corresponde al procedimiento en democracia a ciudadanos pandinos, unos acusados de cometer delitos y otros no —entre ellos menores de edad y mujeres.

Tras la operación, el fiscal Eduardo Morales mintió alevosamente a los medios de comunicación al afirmar que la detención se produjo a las siete de la mañana, cuando varias redes de televisión informaron del hecho a las 6.30 de ese día. Otras imágenes de video reafirmaron que la operación se hizo en horas en que Cobija estaba a oscuras. Eso no fue todo: Morales también dijo que a los pandinos se los trató “como a damiselas”.

¿Estará el Gobierno calculando el efecto de las acciones como las de Pando —que si bien formalmente corresponden a la Fiscalía, tienen el sello estilístico inconfundible de un poderoso ministro del Palacio— en su imagen que tanto cuida?

Da la sensación de que no lo hace. Porque las violaciones de los derechos humanos y la cada vez mayor participación militar en hechos políticos, además de violar leyes, son percibidas como tales aquí o en cualquier país democrático del mundo.

No hay discurso de “cambio”, por atractivo que le parezca al mundo exterior, que alcance para justificar las violaciones de los derechos humanos, que en este gobierno aumentan día a día con acciones como las de Pando e ingredientes donde intervienen fiscales, policías y militares de dudosas actuaciones.

http://www.la-razon.com/versiones/20090222_006646/nota_245_767090.htm