Gobierno rechaza liberar presos por diálogo y habla de aplazarlo

El Conalde reitera demanda de liberar a “presos”, pero el Ejecutivo la rechaza y la califica de “chantaje”.

El Gobierno volvió a rechazar ayer la liberación de “presos”, una de las condiciones de los prefectos de la “media luna” para dialogar sobre las autonomías, pero abrió la posibilidad de que el encuentro, previsto para este martes 3, pueda ser aplazado hasta el 10 de marzo, ello en razón a una solicitud que hizo la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM).

El ministro de Autonomías, Carlos Romero, dijo ayer que esa probabilidad tendrá que ser definida por los actores involucrados, para lo cual se hacen las respectivas consultas a los sectores sociales y gobiernos departamentales afines al Ejecutivo.

Una decisión sobre si el encuentro se desarrolla el martes 3 o una semana después será comunicada, según la autoridad, a primera hora de este lunes.

El ministro explicó que la organización que agrupa a los 314 municipios del país solicitó una semana más, hasta el 10 de marzo, para concluir su propuesta para la implementación de las autonomías departamentales, municipales, indígenas y regionales.


Contraofensiva

Tras una reunión realizada en Santa Cruz, el viernes 27, las autoridades departamentales Rubén Costas, de esta ciudad; Ernesto Suárez, de Beni; Mario Cossio, de Tarija, y Savina Cuéllar, de Chuquisaca, resolvieron condicionar un posible diálogo sobre autonomías. Uno de los principales requierimientos es la liberación de los detenidos por los hechos de septiembre de 2008 en la localidad de Porvenir (Pando), entre los que se encuentra el ex prefecto de ese departamento Leopoldo Fernández.

También las autoridades exigieron la devolución de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que es destinado al pago de la Renta Dignidad, el cese del amedrentamiento, la restitución de la institucionalidad de la prefectura pandina, el respeto a los estatutos autonómicos y los resultados de los referendos que se realizaron el año pasado en los departamentos opositores al Gobierno.

El vicepresidente Álvaro García Linera, el ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, y el ministro de Autonomías, Carlos Romero, señalaron, por separado, que la principal demanda no está en manos del Ejecutivo, sino de la justicia del país.

García Linera expresó su extrañeza respecto de que algunas autoridades regionales quieran “encubrir la acusación e investigación a involucrados en hechos de muerte”.

El Vicepresidente consideró que si los prefectos tienen “compromiso con sus regiones y voluntad de acelerar las cosas, y con propuestas, estarán presentes en la mesa de negociaciones”.

“Pese a ello (a que no asistan al diálogo), igual nosotros tenemos el compromiso de ir dando pasos sustanciales para la implementación de las autonomías y de la nueva Constitución Política del Estado”.

El ministro Arce calificó como un “chantaje” las peticiones de las autoridades departamentales de oposición. “Eso (liberación de detenidos) en ningún Estado se puede permitir, es totalmente inaceptable”.

Además cuestionó el hecho de que los prefectos hayan enarbolado la lucha por la autonomía departamental, cuando, según él, en realidad no la quieren.

Romero también calificó de “irracional e inaceptable” el pedido de canjear presos por diálogo. Por ello, los emplazó a sentarse en una mesa de negociación, dejar de poner “demasiadas” piedras en el camino y comenzar a debatir con argumentos técnicos.

Frente a esta situación, el secretario General de la prefectura de Tarija, Mauricio Lea Plaza, reiteró ayer que los prefectos no dialogarán con el Ejecutivo, en tanto no se cumplan las demandas que fueron expuestas.

El funcionario ha advertido de que el Gobierno decide qué mecanismo seguir, si la vía del diálogo o de la confrontación. Pero espera que el Ejecutivo encare con una actitud positiva un posible acercamiento.

El encuentro por las autonomías comenzó el 17 de febrero sin la “media luna”.


Tarija prepara su cumbre departamental

Después de la reunión del Consejo Nacional Democrático (Conalde) el viernes 27, la Prefectura de Tarija continúa preparando su encuentro departamental, que se realizará entre el 4 y 6 de este mes.

En esa cita participarán diversos sectores sociales, entre ellos cívicos y gremiales, quienes después de un análisis tomarán determinaciones sobre la forma en que encararán el proceso del diálogo con las autoridades nacionales respecto a las autonomías departamentales.

Sin embargo, el prefecto Mario Cossio ya había anunciado que no incluirán ninguna modificación a los estatutos autonómicos, que fueron aprobados en mayo de 2008. La nueva Constitución Política del Estado establece que esos documentos deben ser compatibilizados con el nuevo texto constitucional.

El secretario General de la Prefectura de Tarija, Mauricio Lea Plaza, manifestó que esa región está predispuesta a asistir a un diálogo, pero “de verdad” y sin engaños. Éste recordó que en septiembre del pasado año, los prefectos fueron convocados a Cochabamba, donde sólo fueron presionados por el Gobierno y no se llegó a ningún acuerdo.

Sin embargo, existen divergencias entre organizaciones tarijeñas afines a la Prefectura y los que apoyan al Gobierno. Por ello, las organizaciones campesinas de esa región y los parlamentarios masistas han advertido con realizar una cumbre paralela, en caso de que no sean invitados por la Prefectura tarijeña.

El diputado de Tarija Eulalio Sánchez (MAS) criticó la postura del prefecto Cossío y de sus colegas, quienes resolvieron condicionar su asistencia al diálogo con el Ejecutivo.

Sánchez, en declaraciones a la agencia ANF, expresó que los parlamentarios del oficialismo y de la oposición están molestos por la negativa del Prefecto a sentarse en una mesa de concertación. “Nosotros siempre estuvimos dispuestos a dialogar con el Gobierno, discutir, acordar y, en su caso, construir pactos, pero primero necesitamos acordar algo concreto en el encuentro”.



El proyecto del Gobierno

El Conalde insiste con la liberación de “presos” antes de iniciar un diálogo.

El Gobierno rechaza sus demandas que son calificadas como un “chantaje”.

El Ejecutivo estudia la posibilidad de postergar la reunión con los prefectos hasta el 10.


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