Gobierno en el ojo de la tormenta por tema de los derechos humanos

• Para el ex defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, “es muy importante analizar el informe del Departamento de Estado, con mayor objetividad”.
• “Lo que interesa ahora, -dice-, es evaluar qué se puede hacer para que estos hechos nose repitan en el país”.
No le cayó nada bien al gobierno del presidente Evo Morales el informe sobre derechos humanos que publicó el pasado miércoles, el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

En el documento se informan algunas anomalías cometidas o permitidas por el Gobierno en contra de los ciudadanos, medios de comunicación y periodistas.

Por ejemplo, el Ejecutivo permitió que la intolerancia de sus simpatizantes descarguen su animadversión en aquellos opositores que salieron a las calles a protestar por diferentes causas.

IRRITACIÓN POLÍTICA

El mismo día en que fue publicado este informe, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, lo calificó como “inadmisible”, “políticamente motivado”, “sesgado”, “y que tiene una tendencia parcializada en su análisis”.

Pero la irritación política no quedó ahí: del Palacio Quemado saltó al Parlamento. Ahí, Ricardo Díaz, jefe de Bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Senadores, dijo que “Estados Unidos es un país que oprime, invade y no se somete a ningún convenio porque siempre ve su interés”.

Llorenti añadió que “gracias a este informe, habría llegado la hora de los países con dignidad, (y) también vigilar la situación de los derechos humanos en Estados Unidos”.

CASOS CONCRETOS

Para el ex defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, es muy importante analizar el informe del Departamento de Estado “con mayor objetividad”.

“No interesa de dónde venga el informe, -dice-, lo que interesa es analizar qué se puede hacer para que estos hechos no se repitan en el país”.

De lo contrario, salen a flor de piel los complejos políticos que nublan el razonamiento y conducen a que las personas rechacen éste o cualquier tipo de informe.

“Hay que partir de la idea que el Gobierno boliviano, en general, ha respetado los derechos humanos, eso dice el informe”, explica Albarracín.

Respecto a los datos particulares en los que se detiene el informe, el ex Defensor opina “que no hay una sola norma que le prohíba al Estado boliviano identificar responsables, investigar sobre hechos delictivos que se hayan cometido en el país”.

Considera que más bien, ésa es su obligación. “Pero esas investigaciones, acusaciones, enjuiciamientos, y finalmente, sanciones tienen que cumplirse garantizando el respeto a los derechos constitucionales de las personas”.

“El Gobierno no necesita de encapuchados para hacer detenciones a los supuestos culpables de delitos”, subrayó Albarracín.

“OMISIONES” DEL INFORME

Para Patricia Flores, Delegada Adjunta de Promoción y Análisis del Defensor del Pueblo, en este informe hay interpretaciones subjetivas y datos objetivos.

“El informe, -explica Flore-, asocia el linchamiento con justicia comunitaria. La normativa Internacional en Derechos Humanos tipifica al linchamiento como un delito. La justicia comunitaria no reconoce al linchamiento como parte de sus medidas de sanción”.

Flores añade también que “el informe del Departamento de Estado obvia detalles sobre la servidumbre y el patronazgo; obvia detalles sobre discriminación y abusos sociales de los hechos ocurridos en la Calancha, o los problemas de discriminación durante el proceso Constituyente, o el maltrato y que terminaron con lamentables sucesos ocurridos en Sucre”.

LO QUE DEBERÍA DECIR

El ex Defensor del pueblo opina que es ponderable que Estados Unidos se preocupe por la situación de los derechos humanos en cada país, “pero sería también importante que amplíe sus informes sobre la situación de los derechos humanos en el propio país y en aquellos que sufren consecuencias por las decisiones políticas de Estados Unidos”.

Por ejemplo, la situación en la que varios presos políticos de Guantánamo, “que viven en condiciones de objeto”.

Las muertes de civiles o de familias completas a causa de la invasión militar de las tropas estadounidenses en Irak y Afganistán.

“Sólo entonces, -añade Albarracín-, este informe sería más creíble (fiable), más imparcial, más ecuánime”.

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