MAS fomenta cerco y la oposición reitera inconstitucionalidad electoral

Congreso Nacional

• Senadores opositores buscan aprobar una ley electoral “neutral”.
EL DIARIO y ANF.- La reforma electoral analizada en la Cámara de Senadores continúa produciendo pugnas entre oficialismo y oposición. El primero consintió que los movimientos sociales cerquen el Congreso Nacional para agilizar la aprobación del proyecto de Ley Transitoria del Régimen Electoral, mientras que el segundo continuó calificando al mismo como una norma inconstitucional.

Las disputas al interior de la Cámara Alta del Parlamento hacen prever, por parte del oficialismo, que la discusión sobre la nueva norma electoral será definida en Congreso antes del 8 de abril, para la posterior promulgación de la norma que regulará los comicios electorales del país el próximo 6 de diciembre y 4 de abril de 2010.

El presidente de la Comisión de Constitución, Luis Vásquez, aseveró que la conclusión que sacó la Comisión sobre el proyecto de ley, después de tener una semana de evaluación con la participación de diferentes sectores, es que se trata de un “proyecto de Ley absolutamente inconstitucional. Hemos constabilizado más de 17 violaciones absolutas al texto constitucional”.

“Es una paradoja que un día se cerque al Congreso para aprobar la Constitución y otro (cerco) para violar la Constitución que (el MAS) han aprobado”, sostuvo el senador de la oposición.

Para el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Félix Rojas, la oposición ve “fantasmas”, porque una norma sólo puede ser declarada inconstitucional cuando el Tribunal Constitucional emite un falló al respecto.

“Mientras no se proclame su insconstitucionalidad, esa ley debe ser declarada constitucional”, afirmó el senador oficialista.

Asimismo, Rojas aprobó un cerco al Congreso Nacional porque –dijo- los movimientos sociales van “a cercar el Congreso para que éste trabaje”.

El senador del MAS advirtió, sin embargo, que las movilizaciones en contra del Parlamento serán pacíficas. Estas declaraciones recibieron la censura de Vásquez quien recordó que en octubre de 2008 los partidarios del oficialismo tomaron por la fuerza el control del Congreso.

Entre las más de 17 observaciones al proyecto de Ley Transitoria de Reforma Electoral, el senador oficialista citó como ejemplo el tiempo de mandato del Presidente, que según la nueva Constitución establece cinco años mientras que el proyecto de ley establece cinco años y ocho meses.

Asimismo, citó el caso de las autonomías que de acuerdo con la nueva CPE, los estatutos autonómicos de los departamentos autónomos deber ir a control de constitucionalidad, eliminándose éste en el proyecto presentado por el Gobierno.

Rojas, al respecto, advirtió que el tema de la temporalidad de mandato fue concertado en octubre, cuando el Congreso aprobó la convocatoria a referéndum constituyente. Mientras que en el caso de las autonomías alegó que existe la necesidad de que las autonomías sean aplicadas “al unísono” en todos los departamentos, “en beneficio del país”.

Asimismo, el senador oficialista insistió en que cualquier calificación de inconstitucionalidad de las leyes debe estar respaldada por un fallo del Tribunal Constitucional.

LEY “NEUTRA”

Ayer el presidente del Senado, Óscar Ortiz, manifestó que la Cámara Alta presentará una propuesta de ley electoral clara, que será democrática y que garantice los derechos para todos y, sobre todo, que sea neutral.

Para Ortiz, lo que se debe hacer es trabajar primero en la ley aprobada en Diputados que tiene, según determinó la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, incompatibilidades con la misma Constitución Política del Estado (CPE) y, en segundo lugar, la propuesta aprobada en la Cámara Baja no daría las mismas condiciones de participación a todos los bolivianos.

Aseguró que el proyecto que planteará la oposición en el Senado garantizará a todos lo bolivianos las mismas condiciones, además que se analizarán otros temas como lograr un Padrón confiable hasta fin de año, para lo cual se debe revisar, auditar y depurar el sistema de Identificación Personal y el de Registro Civil.

Es por eso que, dijo, se espera llegar a un acuerdo para que el voto en el exterior se realice cuando la Corte Nacional Electoral (CNE), tenga condiciones para desarrollar un Padrón confiable y para desarrollar un proceso electoral real, no sólo en Bolivia, sino en el conjunto de los países donde viven bolivianos inmigrantes.

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Comunarios expulsan ahora a Cárdenas por pensar distinto

Amparados en la nueva CPE, los dirigentes de la provincia Omasuyos declararon a esa región como jurisdicción indígena y decidieron tomar el control político. Acusan al ex vicepresidente de haber hecho campaña en contra de la CPE.



Amparados en la nueva Constitución Política del Estado (CPE), los dirigentes campesinos de la provincia Omasuyos decidieron tomar el control político de la región y expulsar definitivamente de esas tierras al ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, por haber hecho campaña en contra de la aprobación de la nueva Carta Magna y por haber formado parte de la gestión de gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
La decisión se encuentra contenida en la resolución del ampliado campesino que se realizó el 7 de marzo en la localidad de Sankajahuira, donde además los dirigentes de los nueve cantones del sector Lago y Cordillera decidieron tomar la casa que Cárdenas tiene en esa localidad, porque consideran que al haber hecho campaña por el No “melló la dignidad, ideología y política del pueblo aymara”, según señala la resolución aprobada ese día.

Una copia fue entregada ayer en el Congreso por tres de los dirigentes que participaron en ese encuentro, en el que además sustentaron sus decisiones en lo que disponen los artículos 190, 191 y 192 de la CPE (ver cuadro) en los que se definen los alcances de la jurisdicción indígena.

Amparados en esos artículos constitucionales, los dirigentes declararon el “estado de sitio civil” en la provincia Omasuyos.

El dirigente del sector, Justino de la Cruz, sindicado de haber instigado la toma de la casa, dijo que se declaró “a la provincia Omasuyos como territorio libre jurídico” y que “a partir de la fecha nadie ingresa, ni un fiscal ni un policía, porque están queriendo investigar. Omasuyos tiene su propio fiscal, tiene su Policía y ellos tienen derecho a investigar en su territorio. Los fiscales que quieren ingresar primero que se lean los artículos 190, 191 y 192 de la Constitución Política”.

La resolución del 7 de marzo señala que “el pueblo no permitirá el ingreso de los agentes, policías, de intentar investigar o realizar cualquier tipo de persecuciones” e instruye que “nadie debe declarar ante la prensa oral y escrita, ni las autoridades ante los estrados judiciales...”.

De la Cruz también justificó la toma de la vivienda en el artículo 56 de la CPE, que garantiza “la propiedad individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social”. El dirigente aseguró que “Cárdenas no ha cumplido con la función social”.

Luego, el ex constituyente del MAS y ahora asesor legal de las comunidades de Omasuyos, Gregorio Mamani, anunció que se encargará de hacer los trámites necesarios para conseguir una expropiación legal. Sin embargo, al no haber una norma específica que permita la expropiación de propiedades urbanas, el diputado masista Leandro Chacalluca anunció que presentará “un proyecto de ley de expropiación de la casa del ex vicepresidente Cárdenas, para que ésta preste un servicio de necesidad pública”.

En la conferencia, los comunarios admitieron que el motivo de la toma es político. La resolución del ampliado del sector Lago y Cordillera acusa a Cárdenas de haber sido “cómplice en la subasta de las empresas estratégicas y entregando en manos a las empresas transnacionales de los recursos naturales renovables y no renovables de Bolivia” y de haber hecho campaña por el No a la nueva Constitución Política.

“Esto es lo que ha colmado la paciencia de los dirigentes, porque incluso se hizo una primera toma de ese inmueble el 25 de enero, durante el referéndum constitucional”, recordó la dirigente de la oficialista federación de mujeres campesinas Bartolina Sisa, Beatriz Quispe, acusada por Cárdenas de planificar la toma.

De la Cruz complementó que “este señor (Cárdenas) inclusive está en contra de las políticas de nuestro presidente Evo Morales”, lo que en su criterio justifica su “expulsión definitiva”.

Entretanto, Quispe dijo no temer a Cárdenas y lo retó a que “pruebe que somos criminales, ¿A quién hemos matado? Tiene que aclarar esto ... este señor apesta como el dengue, él ha mellado el nombre de Túpac Katari”.

Lo que dice la nueva constitución

Art. 190 • Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia través de sus autoridades y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios...

Art. 191 • La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena...

II. La jurisdicción indígena...se ejerce en los siguientes ámbitos de vigencia personal, material y territorial.

1 Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena... 2 Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena originario campesino ... de acuerdo a una ley de deslinde... 3 Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan dentro de la jurisdicción.



Art. 192 • Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción indígena...


La expulsión se extendería a 20 provincias

Tras la expulsión del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas de su comunidad natal, el asesor legal de los comunarios de Huatajata y ex constituyente del MAS, Gregorio Mamani, anunció que el destierro se ampliará a las 20 provincias de La Paz.

“Se lo va a expulsar de la provincia y después de las 20 provincias del departamento de La Paz, porque la gente está molesta, porque él dice que representa a los indígenas. Ésa es la bronca que se tiene”, señaló.

El último ampliado del sector Lago-Cordillera de la provincia Omasuyos, donde está ubicada la casa de Cárdenas, determinó la expulsión del ex vicepresidente de este lugar.

El acta del ampliado realizado el 7 de marzo señala textualmente: (Cárdenas) “está expulsado de forma definitiva del sector Lago”, por lo que la familia Cárdenas no podrá volver a habitar el inmueble que fue tomado por los comunarios.

Mamani señaló que los dirigentes de sectores sociales, así como los líderes provinciales del departamento, “anunciarán la decisión en los próximos días”.


http://www.la-razon.com/versiones/20090311_006663/nota_249_775921.htm

AS denuncia que hay 10 políticos en la mira del MAS

PROCESO • El diputado Gustavo Torrico anunció que enjuiciará a Barral si no demuestra sus acusaciones contra el grupo que dirige.



• EX PRESIDENTE • Carlos Mesa responde a los periodistas, en una conferencia realizada ayer. El político está en la lista.


Alianza Social (AS) denunció ayer que existe una lista de al menos 10 personas de las cuales sus casas podrían ser atacadas por miembros del grupo llamado “los satucos”, dirigido por el diputado masista Gustavo Torrico.
El parlamentario negó la acusación y anunció un juicio contra quienes hacen esta denuncia.
“Hemos sentado relaciones con alguna gente de los satucos y de la Brigada Evo Morales, es así que esta mañana (martes), me hacen conocer que anoche (lunes) han tenido una reunión en El Alto y La Paz para ejecutar el tema de la agresión a los domicilios de 10 personas”, afirmó el dirigente departamental de AS en La Paz, Amilcar Barral Cabero.

Según el dirigente político, las personas que están en la mira del MAS serían: Víctor H. Cárdenas, Rufo Calle, Fernando Untoja, Guillermo Beckar, Luis Vásquez Villamor, René Joaquino, Carlos Mesa, Alejo Véliz, Guido Guardia y la prefecta Savina Cuéllar.

“El objetivo es amedrentar a la gente que está en contra de este Gobierno, como ocurrió con el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas” , aseveró Barral.

El dirigente explicó que obtuvo esa información de gente que es parte de los satucos, con la que se relacionó luego del atentado que sufrió en enero pasado la sede de su partido en La Paz.

“Cuando René Joaquino declaró que iba a votar por el No a la Constitución, dos días después hicieron el atentado a nuestra sede”, explicó Barral, a tiempo de solidarizarse con Cárdenas.

Sin embargo, el diputado Gustavo Torrico (MAS) negó que su agrupación haya planificado la toma de domicilios y agresiones a dirigentes de la oposición.

“No se hace política hablando estupideces ... yo le voy a demandar a ese señor Barral y va a tener que ir a la Fiscalía a decir cómo tiene la lista, quién le dio la lista, si no él va a ser cómplice, quiere decir que él está encubriendo a quienes están cometiendo estos actos”, aseveró Torrico.

Molesto, el parlamentario señaló que Barral “es una rata que escapó de las bases del MAS. Se presentó como un dirigente de El Alto queriendo un puesto en la Aduana; nosotros no se lo dimos y se fue a buscar a otro partido”.

Torrico invitó al dirigente de AS a participar en las reuniones de su grupo político para aprender. “Si quiere aprender algo de política que venga a los seminarios-taller que damos, para que aprenda cómo se hace política”.

Sin embargo, Barral negó que alguna vez haya pertenecido al MAS y, por el contrario, reveló que fue asesor de un parlamentario de Podemos de Potosí.

“Yo nunca he trabajado con el MAS, nunca he tenido acercamiento ... Si quiere iniciar un juicio que lo haga, nosotros no tenemos miedo”, aseguró Barral.

La nómina

1. Víctor Hugo Cárdenas
2. Rufo Calle
3. Fernando Untoja
4. Guillermo Beckar
5. Luis Vásquez
6. René Joaquino
7. Carlos Mesa
8. Alejo Véliz
9. Guido Guardia
10. Savina Cuéllar.

http://www.la-razon.com/versiones/20090311_006663/nota_249_775922.htm

Miles se adhieren al repudio por el despojo de la vivienda de Cárdenas

El repudio por el violento despojo que sufrió la familia del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas se expandió hoy con la masiva propagación de correos electrónicos que sumó 50.000 envíos, en tanto que en la social Facebook se apuntaron cerca de 1.000 personas en apenas cuatro horas de haberse habilitado el espacio de respaldo a favor de esta ex autoridad.
Luego de un ampliado comunal, realizado en el poblado rural de Sankajahuira, ubicado a 96 kilómetros de La Paz, los campesinos del lugar decidieron tomar la vivienda de la familia Cárdenas, aduciendo el incumplimiento a las prácticas colectivas y como represalia a la opción política que asumió Cárdenas cuando se opuso a la aprobación de la nueva Constitución, a través del referéndum del 25 de enero.

Además de saquear la vivienda, los campesinos golpearon a la esposa, los hijos y otros parientes que se encontraban en el inmueble, lo que motivó una limitada investigación judicial que, según el fiscal de distrito Jorge Gutiérrez, no buscará esclarecer el despojo de propiedad privada que sufrió la familia del ex Vicepresidente, porque se abocará únicamente a las agresiones.

De manera más formal, estos hechos violentos fueron condenados desde otras esferas políticas y diplomáticas. La Embajada de Francia, a través de un comunicado, se declaró "conmocionada por los hechos de violencia" y presentó un apoyo decidido a favor del ex vicepresidente, quien es de origen aymara, al igual que los agresores de su familia.

"La Embajada de Francia deplora profundamente estos hechos. Gran amigo de Francia y de su cultura, el Sr Víctor Hugo Cárdenas contribuye, desde muchos años, en las buenas relaciones entre Bolivia y Francia", señala la declaración de la legación francesa.

A su turno, la Organización de Naciones Unidas (ONU), a través de su representación en Bolivia, exteriorizó su preocupación por los incidentes violentos que afectaron a la familia del ex Vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y consideró como posible la posibilidad de resolver los problemas en el país sin violencia

"Naciones Unidas deplora cualquier agresión sin importar sus razones o proveniencia, y hace un llamado a todos los sectores de la sociedad a actuar en el marco del respeto de los derechos humanos y del estado de derecho", refiere el comunicado de la ONU que aguarda un rápido esclarecimiento de los hechos y la correspondiente sanción a los responsables.

La Iglesia Católica, por su lado, también rechazó las agresiones contra Lidia Katari, esposa del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, su hijo y otros familiares, además, del daño a su propiedad en Huatajata demandó más tolerancia de parte de los movimientos sociales.

Sin embargo, los campesinos de la comunidad Sank'ajawira y de otros ocho cantones, acordaron consolidar la expropiación del inmueble del ex Vicepresidente y anticiparon una suerte de pacto del silencio para evitar cualquier sanción que sea dispuesta por autoridades de la justicia ordinaria. ANF, La Paz.

http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=775710

“Ponchos rojos” declaran "estado de sitio amuki" en Huatajata y poblaciones eledañas

El grupo comunitario denominado "ponchos rojos" de la región del altiplano norte declaró "estado de sitio amuki" (silencio) en la región de Sank'ajawira municipio de Huatajata y otras poblaciones de la provincia Omasuyos, lugar donde el sábado una turba de campesinos tomó por la fuerza y quemó enseres de la vivienda del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas.
Hasta el salón Rojo de la Cámara de Diputados llegaron hoy Germán Arteaga, Justino de la Cruz y otros dirigentes campesinos de la provincia Omasuyos para asegurar que la casa de Cárdenas ya fue expropiada por no cumplir la función social establecida en el artículo 54 de la nueva Constitución Política del Estado para convertida en una "casa de ancianos".

"A partir de la fecha nadie ingresa a Omasuyos ni un fiscal ni la policía. Omasuyos tiene su propio fiscal su propia policía, los fiscales primero tiene que leer los artículos 190,192 y 192 de la Constitución por lo tanto declaramos estado de sitio amuki en toda la provincia Omasuyos", dijo el dirigente campesino.

El senador del MAS, Antonio Peredo, explicó en este momento "no hay una expropiación por parte del Gobierno" y aclaró que esta figura se inicia cuando el Estado declara "necesidad pública" a un determinado predio. "(Esta) es una decisión de las Organizaciones Sociales (...) y hay un resguardo de la Policía". "El allanamiento es legal con orden de un juez y fiscal y esto no ocurrió", puntualizó.

Los dirigentes no pudieron explicar los argumentos jurídicos por los que decidieron expropiar la vivienda y terreno de propiedad de la familia Cárdenas y se limitaron a recordar el pasado político del ex Vicepresidente. "Vamos a iniciar las acciones legales para la expropiación eso ya esta decidido respetamos el derecho a la propiedad privada, como es una casa construida con buen material hay que darle un uso", justificó Gregorio Mamani.

Justino de la Cruz afirmó que las acciones de los pobladores de Huatajata responden a promesas que no cumplió Cárdenas en su condición de ex Vicepresidente, como la construcción de un hospital, canchas de fútbol y otras demandas de la población. "La provincia Omasuyos como territorio libre y jurídico ha actuado de acuerdo a la Constitución Política del Estado", dijo.

Empero los dirigentes campesinos olvidaron que para la aplicación del capítulo cuarto referido a la "jurisdicción indígena originaria campesina" y sus artículos 190, 191 y 192 es necesario una "Ley de Deslinde Jurisdiccional" establecida en el inciso 2. Hasta el momento ningún proyecto de esta naturaleza de tramita en el Congreso.

Durante la crisis política y regional que vivió el país en 2008, el vicepresidente Álvaro García Linera advirtió a las regiones "autonómicas" y opositoras que el Gobierno no permitirá la conformación de "republiquetas". Al respecto, el dirigente de la provincia Omasuyos, Gregorio Mamani, advirtió que "Omasuyos tiene su propio estatuto, sus propias normas". ANF, LA Paz.


http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=775706

Hugo Morales junto a Chito Valle y Córdova

El diputado Arturo Murillo entregó una segunda fotografía en la que aparece Hugo Morales junto a Luis Fernando Córdova, implicado en el caso YPFB, y Luis Alberto Valle, procesado por casos de corrupción.


• Con dos acusados • Morales (der.) posa con el ex prefecto de La Paz y Luis Fernando Córdova en Rurrenabaque. Habría sido el 2006.


El diputado de Unidad Nacional (UN), Arturo Murillo, reveló ayer una segunda fotografía en la que aparece Hugo Morales Ayma, hermano del presidente Evo Morales, junto a Luis Fernando “Ticoco” Córdova, procesado por el escándalo de volteo, asesinato y corrupción en YPFB, y Luis Alberto “Chito” Valle, ex prefecto de La Paz, también procesado por casos de corrupción.
La imagen muestra a los tres en instalaciones de un hotel que se sospecha es de propiedad de “Chito” Valle, en la población de Rurrenabaque, y es la segunda en la que estos personajes aparecen juntos. En febrero se conoció una primera fotografía, en la que los tres posaban en un bote.

Entonces, Morales había asegurado que se trató de una imagen captada por casualidad, que no conocía al ex prefecto y que con Córdova entabló una conversación también casual por su origen potosino y su interés en ocupar un cargo en el Gobierno.

“El 2006 ó 2007 viajé al Beni en viaje turístico y ahí justamente vi a un viejito que andaba con camisita, con short, en un vehículo, y pregunté a la gente que me acompañaba, justamente a este Córdova, y me dijeron que era el ex prefecto ¿Cómo puedo creer que un ex prefecto viva ahí con su short y camisita?”, señaló el 5 de febrero. Seis días después aseguró: “Alguien me comentaba de que estaría (en la foto) en una barcaza, no me acuerdo si era en una barcaza, pero sí me acuerdo que he andado en un botecito con uno de ellos, (con) el ‘Ticoco’”.

En la segunda fotografía, los tres aparecen posando al final de unas gradas, en un hotel de Rurrenabaque, lo que según Murillo “muestra que la corrupción está acechando al Presidente no sólo en su entorno político. Ahora es su familia la que está involucrada en actos reñidos con la moral”.

Córdova se encuentra recluido en el penal de San Pedro por presunta responsabilidad intelectual en el asesinato del empresario Jorge O’Connor D’arlach, muerto cuando estaba a punto de entregar un presunto soborno de 450.000 dólares a familiares del ex presidente de YPFB y alto dirigente del MAS, Santos Ramírez, ahora también preso en el mismo penal.

“¿Cuál es la relación de su hermano Santos, su hermano Hugo, Fernando Córdova y ‘Chito’ Valle, el zar de la corrupción en Bolivia? No son coincidencias, Presidente”, afirmó Murillo.

Aseguró que “ésta es la foto de la vergüenza y no de la coincidencia, pues está tomada en Rurrenabaque, en el hotel de ‘Chito’ Valle”. Luego pidió a Morales dejar de buscar a otros culpables.

La fotografía es del hermano

“Uno no puede estar viendo con quiénes se sacan fotos los hermanos. Imagínese que yo tuviera que explicar con quiénes se sacan fotos ellos”, declaró ayer el vocero del Gobierno, Iván Canelas, al referirse a la fotografía que hizo pública el diputado Arturo Murillo (UN) en la que el hermano del Jefe de Estado, Hugo Morales, aparece junto a Luis Fernando “Ticoco” Córdova y el ex prefecto de La Paz, Luis Alberto “Chito” Valle, el primero procesado por asesinato y el segundo por casos de corrupción.

Según Canelas, el propio Hugo Morales ya hizo una aclaración sobre este tema y, por lo tanto, se trata de un tema que ahora fue reflotado por un diputado opositor, con un objetivo político.

“Hay una intención política por tratar de afectar y dañar la imagen del Presidente de la República”, dijo el funcionario. Luego insistió en que “es una información muy pasada, que ha sido aparentemente tomada recién en cuenta por un parlamentario de la oposición”.

El diputado Murillo aseguró que el tema debe ser investigado y preguntó al Presidente: “Será que Hugo Morales Ayma es también agente de la CIA?´

http://www.la-razon.com/versiones/20090310_006662/nota_247_775209.htm

Los comunarios deciden expropiar la casa de Cárdenas

En Huatajata se conformaron comisiones para gestionar que la casa de Víctor Hugo Cárdenas se vuelva un asilo. El Vicepresidente mencionó la posibilidad de un “proceso legal interno de expropiación”. El predio permanece tomado.


• Huatajata • Grupos de campesinos vigilan la casa que es de propiedad del ex vicepresidente.

Los pobladores de Huatajata, que el sábado saquearon y tomaron la propiedad del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, iniciaron ayer las gestiones para expropiar el inmueble, mientras el Gobierno dio pautas para ello.
Los comunarios, que mantienen una vigilia en la casa de Cárdenas y no permiten que los efectivos policiales y la prensa nacional se aproximen al lugar, conformaron ayer cinco comisiones para tramitar en La Paz la expropiación de la vivienda, para usarla como albergue para personas de la tercera edad.
Algunos trabajan en Huatajata y otros en la urbe paceña, con la orientación de abogados.

´(Víctor Hugo Cárdenas) tiene el derecho de propiedad, pero lo que sí podría hacer la comunidad es hacer los trámites, que son propios en las comunidades, de aquellas personas que no cumplen las labores comunales, no cumplen las responsabilidades colectivas con la población; la siembra, la cosecha en las festividades, puedan ser objeto de un proceso legal interno de expropiación (...) eso sí podría darse´, dijo el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, en entrevista con la red Erbol.

Asimismo, el ministro de Descentralización y Autonomías, Carlos Romero, indicó que “si alguien señala que algún predio no cumple con una función económico social, debe denunciarlo y serán las autoridades de Estado, a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), quienes previas pericias de campo comprueben tal situación”.

Por su parte, el ex vicepresidente afirmó a La Razón que si su casa fuera declarada de utilidad pública y destinada a otro fin más importante, “no puedo oponerme a la figura de la expropiación”. No obstante, agregó que ello requiere que se apruebe una ley, se valore el inmueble y se compre el mismo al propietario.

El alcalde de Achacachi, Eugenio Rojas, quien participó en el ampliado que decidió la toma de la propiedad, admitió que en el mundo aymara “no se acostumbra tener un asilo de ancianos” y aseguró que la propiedad no será un albergue y que “seguramente la convertirán en oficinas”, donde se toquen temas relacionados a la tercera edad.

El presidente del Colegio Nacional de Abogados (Conalab), Edwin Rojas, explicó que la expropiación es una potestad privativa del municipio o del Estado y que “lo único que pueden hacer los vecinos es solicitar a la autoridad (local) que inicie el procedimiento. En este caso, no veo motivo que la justifique”.

Hay 5 presuntos responsables

El ex vicepresidente de la República Víctor Hugo Cárdenas identificó al menos a cinco personas como presuntas responsables de propiciar la toma de su inmueble en Huatajata y posterior golpiza a su familia.

Entre los implicados se encuentran el dirigente Cruz Alarcón, quien habría dirigido la asamblea que determinó la toma, además de Alfredo Huayñapaco, otro líder campesino.

Cárdenas también identificó a la dirigente campesina Beatriz Quispe como una de las personas que planificó la toma, junto al diputado del MAS Gustavo Torrico. Justificó estas dos últimas acusaciones en una declaración que hizo Quispe, en la que reveló que la toma fue fruto de una decisión política.

Entre los acusados también aparece el alcalde de Achacachi, Eugenio Rojas, quien participó en la asamblea que decidió la toma. Sin embargo, ayer aseguró a La Razón que, si bien participó en la cita, no estuvo el momento en que se tomó la decisión y que llegó cuando ya se tomó la vivienda. Cárdenas anunció que esperará que su familia se recupere de las lesiones físicas para iniciar las acciones penales.

http://www.la-razon.com/versiones/20090310_006662/nota_249_775239.htm

El Gobierno justifica las acciones contra Cárdenas

Toma • Evo Morales dijo que la ex autoridad debe resolver sus problemas con su comunidad.


Aunque negó su participación y sugirió el inicio de acciones legales contra los responsables, el Gobierno justificó ayer el ataque que comunarios de Huatajata protagonizaron el fin de semana contra la familia y la propiedad del ex vicepresidente de la República Víctor Hugo Cárdenas.
“Es que de verdad las mentiras molestan...es que cuando (Cárdenas) está en reunión en la clase media, explica que esta nueva Constitución es indigenista y cuando se reúne con algunos hermanos indígenas dice: El Evo les está excluyendo, les está marginando, les está discriminando a los indígenas. ¿Qué clase de discurso es ése?”, cuestionó el mandatario Evo Morales, tras señalar que el ex vicepresidente debe resolver sus problemas con su comunidad.

“El Gobierno en este momento está haciendo respetar, la Policía está resguardando la propiedad de Víctor Hugo Cárdenas, pero no cada día vamos a estar en cada casa, eso es imposible ... si él quiere hacer respetar su propiedad, tiene que resolver (sus problemas) con su comunidad, con su provincia, con su alcaldía y si no convence, es problema de la familia”, afirmó.

Para el vicepresidente Álvaro García, “lo que Víctor Hugo Cárdenas debe preguntarse es qué daño habrá hecho a sus vecinos, a los pobladores, a las personas de su comunidad y de la provincia, para que esos pobladores lo repudien y se sientan distanciados de él y lo critiquen. Ese es un tema que el señor Víctor Hugo Cárdenas tiene que responder ante la historia”. Luego insistió en que “la historia lo ha sancionado, la historia lo ha castigado y las repercusiones de esos actos dañinos en contra de Bolivia repercuten hasta hoy”.

Cárdenas ratificó que el Gobierno propició la toma violenta de su propiedad y aseguró que no tiene deudas con su comunidad.

“Nosotros seríamos unos ingenuos si quisiéramos victimizarlo... no tenemos ni la ingenuidad ni la tontera para victimizar a una persona que no es víctima, a una persona que es victimario del pueblo, al haber destruido el Estado hace 10 años atrás”, insistió García Linera, quien identificó como “un chalet” a la propiedad de 300 m2.

Las declaraciones se produjeron mientras en Huatajata los pobladores mantenían la toma del inmueble de Cárdenas, con un cerco que no permitía el ingreso de la Policía ni de periodistas locales. Los comunarios acusan a Cárdenas de haber traicionado a su comunidad.

El viceministro de Justicia Comunitaria, Valentín Ticona, explicó que la acción de los campesinos se debió a que Cárdenas no cumplió con los compromisos de su comunidad, por lo que le sugirió “resolver con su comunidad el problema”.

El portavoz del Gobierno, Iván Canelas, indicó que el ataque a la familia y la casa de Cárdenas es un hecho que está siendo politizado, aunque también aseguró que “está al margen de la ley” y que por tanto “debe ser investigado, debe establecerse quiénes son los responsables y éstos ser sometidos a la justicia”.

En la misma línea, el ministro de Autonomías, Carlos Romero, recordó que el avasallamiento de propiedades “no está amparado en la Constitución”.

Entretanto, la esposa de Cárdenas, Lidia Catari, quien junto a otros cuatro familiares, entre ellos sus hijos Samy e Irumuki, continuaba ayer hospitalizada por los golpes recibidos durante la toma, envió un mensaje a los comunarios: “Aunque ustedes me atajen desde Huarina, mi lugar de nacimiento es Huatajata; voy a seguir llegando por el aire, por el lago o por la tierra, no tienen por qué atajarme”. Luego agregó: “No estoy resentida, no voy a enojarme para ustedes”.

Las frases

Repudio • “Lo que Víctor Hugo Cárdenas debe preguntarse es qué daño habrá hecho a sus vecinos, a los pobladores, a las personas de su comunidad y de la provincia, para que esos pobladores lo repudien”. Vicepresidente Álvaro García Linera

Protección • “La Policía está resguardando la propiedad de Víctor Hugo Cárdenas, pero no cada día vamos a estar en cada casa, eso es imposible”. Presidente Evo Morales

Difamación • “Lamento que Cárdenas se haya dedicado a difamar al Presidente y a ministros. Nos ha atribuido responsabilidad directa de esos hechos. Esa politización va a impedir esclarecer favorablemente esa causa”. Carlos Romero

http://www.la-razon.com/versiones/20090310_006662/nota_249_775230.htm

“Hay intereses oscuros que desconocen la cultura aymara”

VÍCTOR HUGO CÁRDENAS, ex vicepresidente, habló con La Razón sobre el ataque a su casa y familia, el sábado, en Huatajata.
En un contacto telefónico con este medio, la ex autoridad de Estado se refirió a lo ocurrido en su lugar de nacimiento, cuando gente afín al actual Gobierno tomó de forma violenta su vivienda.

¿A qué se debió la actitud de los comunarios de Huatajata?
Viendo las imágenes, estoy cada vez más convencido que (fue por) haber encabezado la campaña por el No (a la CPE).

¿Tiene algún tipo de deuda con su comunidad?
Absolutamente ninguna. No soy acreedor ni deudor. No tengo deudas con ninguna persona.

¿Cuál era su nivel de participación en la comunidad?
Soy como la mayoría de la gente en la región, residente en La Paz. Siendo de la comunidad, no vivo tanto allá sino más en la ciudad y, como la mía, hay varias porque hay poca tierra, pero mucha población. De lunes a viernes, estamos en la ciudad y los fines de semana o en las fiestas, vamos al campo. Yo he sido pasante de la fiesta de mi comunidad el año 2000 ó 2001 (...). He aportado con la compra de terrenos para la plaza donde se realizó el ampliado.

¿Es cierto que fue llamado a reunirse con su comunidad en tres oportunidades?
No es cierto, no recibí ninguna citación. Hablé con las autoridades de la comunidad, les dejé una carta (pidiéndoles que) por favor organicen una reunión de emergencia para aclarar las acusaciones que me hace el señor Cruz Alarcón. El domingo 1 (de marzo), me reuní con el sindicato agrario y les dije el señor Alarcón estaba lanzando amenazas, incluida la toma de mi vivienda.

¿Cuáles son las acusaciones de Cruz Alarcón en su contra?
Primero, haber encabezado la campaña por el No (a la Constitución); también haber votado a favor de la autonomía, haberme cambiado el apellido —cuando el que lo hizo fue mi padre—, y haber robado plata del Estado.

Según el Vicepresidente, usted divide a los indígenas y su casa es más bien un chalet
La mansión que dicen es una planta baja y una planta alta. La construcción está alrededor de los 300 metros cuadrados. No entiendo lo que quiere decir (el Vicepresidente), cuando yo he trabajado por la unidad del movimiento indígena toda mi vida.

En Huatajata piensan convertir su propiedad en un asilo
En el mundo aymara, los ancianos y ancianas nunca son encerrados en un asilo, deben vivir con sus familias hasta el último día de vida. Por eso veo una mano negra, intereses oscuros que desconocen la cultura aymara y que están promoviendo esta actitud criminal. Si ellos quisieran destinar mi propiedad a otro fin, en la Constitución está la figura de la expropiación que es perfectamente legal. El Congreso tiene que aprobar una ley, se hace una valoración de la propiedad y el Estado le paga a los dueños.

¿Corresponde en este caso la figura de expropiación?
Si mi casa fuese declarada de utilidad pública y destinada a otro fin más importante, yo como ciudadano no puedo oponerme a la figura de la expropiación, pero eso tiene sus caminos (legales).

¿Qué harán con la casa?
Por ahora estoy preocupado por la salud de mi familia. Una vez que concluya esto, inmediatamente tendré que enfrentarme a otra fase que es el tema jurídico.

En cuanto a medidas de seguridad, ¿tomará alguna?
Hay amenazas, que han concretado en el campo, nada raro que lo hagan en La Paz. Pienso tomar las previsiones para proteger la vida de mi familia y la mía.

¿A quién responsabiliza en el Gobierno por lo ocurrido?
La señora Beatriz Quispe, que es una activista del MAS y líder de la Federación Bartolina Sisa de la región del Lago declaró (a los medios) que ya tomaron la vivienda en el campo e instó a los satucos a ocupar la vivienda de Bella Vista, en La Paz. Dijo textualmente: “Conforme se ha acordado en una reunión anterior”. Quispe, los satucos, el diputado Torrico que les presidió y otras autoridades del MAS han premeditado esto con todo cuidado (...). La protección que no me dieron es otro indicio de la actitud estatal, prueba contundente que hay una acción política y una especie de negligencia y desprotección de las vidas humanas, habiendo hecho una denuncia por alrededor de un mes.

¿Afectará lo ocurrido su posible candidatura presidencial?
Hasta ahora no he anunciado que voy a ser candidato, ni estoy en campaña. Ahora estoy dedicado a la recuperación de la salud de mi familia (...). Llegará un momento en el que (trataré) el pedido que me han hecho varios sectores del país de encarar el proceso electoral (de diciembre de este año). No he tomado ninguna decisión, no está todavía en mi agenda, eso lo veremos en los siguientes meses.

http://www.la-razon.com/versiones/20090310_006662/nota_249_775231.htm

La turba procedió con saña en Huatajata

Imágenes filmadas por Cadena A, el sábado en Huatajata, revelan que los pobladores del lugar se organizaron desde muy temprano. La esposa, los hijos y la cuñada de Víctor Hugo Cárdenas recibieron golpes con palos, chicotazos y pedradas.


La turba que tomó y saqueó la propiedad del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, en la comunidad de Sankajahuira el sábado, actuó con violencia y sin ninguna contemplación.
Imágenes filmadas por Cadena A en el lugar de los hechos muestran que el amedrentamiento comenzó alrededor de las 8.00, cuando cerca de una decena de personas se reunió en un canchón, ubicado a unos 200 metros de la propiedad.

A medida que el tiempo pasaba, el número de personas concentradas crecía. En el video se ve que dos dirigentes discursan, apoyados con un micrófono, en contra de Cárdenas. “Ha estado con las transnacionales (...) ha engañado al pueblo”, dijo uno de ellos ante unas 500 personas reunidas alrededor de las 9.00.

Al mediodía, se pasó del discurso al hecho y la turba amenazante avanzó hasta el área de ingreso de la propiedad. Minutos antes, cinco de ellos se habían adelantado para ver si en el inmueble se encontraba alguien.

La filmación muestra que, al percatarse de la presencia de la turba, la esposa del ex vicepresidente, Lidia Catari, se asomó a una de las ventanas del segundo piso, desde donde pidió a la gente alejarse de su propiedad.

Sin embargo, el pedido fue vano. Las personas se encolerizaron y un grupo se dirigió hacia la puerta y la destrozó, ejerciendo fuerza a patadas y con las manos, mientras otros lanzaron piedras contra los ventanales. De un momento a otro, la turba ingresó violentamente a la casa.

De inmediato se muestra a Catari, a sus dos hijos y su hermana en la calle, cuando los colchones y otros objetos que fueron lanzados desde el segundo piso del inmueble eran quemados.

Cárdenas relató que la humareda obligó a su familia a abandonar el lugar, “y al salir al patio los agarraron a pedradas”.

En efecto, la filmación muestra que una vez afuera, la gente obligó a escapar, a punta de chicotazos y pedradas, a Catari y a sus familiares. Mientras la esposa de Cárdenas corría con dificultad, un hombre le asestó un golpe en la cabeza, usando un palo.

Así, de uno y otro lado, se advierte que los atacantes golpean a sus víctimas con palos y chicotes. Su hijo, Iru (24), la toma del brazo y le ayuda a huir; en ese ínterin el joven recibe un chicotazo en la sien, muy cerca del ojo izquierdo. Al ver la agresión, Catari intenta reaccionar, pero es rebasada por los campesinos, pues detrás de las cuatro personas hay cientos de comunarios.

En ningún momento se ve presencia policial, pese a que Cárdenas dijo que pidió protección desde un día antes. Según su relato, su familia logró salir del lugar con ayuda de un grupo de personas ajenas a la región.

Mientras esto sucedía, los campesinos iniciaron un ampliado e instalaron una vigilia. En la toma, dos varones subieron al techo e inscribieron leyendas en el frontis del inmueble; donde se lee: “propiedad del pueblo, carajo” y “casa de la tercera edad”.

El ex vicepresidente denunció que su sobrino fue llevado hasta la plaza central de la comunidad y ahí fue flagelado. “Estaba clandestino, apenas logramos evacuarlo a altas horas de la noche y ahora está internado”, sostuvo.

Horas antes, su esposa, sus hijos y su cuñada llegaron a ese nosocomio para recibir atención médica. Catari permanecía ayer en el centro de salud y recibió la visita del fiscal de Distrito, Jorge Gutiérrez, quien informó que luego le tomará declaraciones.

“Es mi obligación agradecer a Dios porque mi familia está con vida. Han sido momentos duros porque la turba los quería quemar vivos”, dijo Cárdenas.

Farfán habla de expropiación

La casa de Víctor Hugo Cárdenas continuaba ayer bajo control campesino pese a la presencia policial, y el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, manifestó que los comunarios “seguramente” tramitarán su expropiación.

“En este momento, la Policía mantiene custodia sobre el inmueble; también de mutuo acuerdo con los comunarios ha permitido que exista una vigilia en las afueras del inmueble (...) en la perspectiva de que seguramente tramiten o avancen en su gestión para que se expropie (la casa), que sería el camino”.

ATB reportó que los comunarios hacen vigilia frente a la propiedad y que los policías están a 150 metros de ellos. El dirigente Cruz Alarcón ratificó que la vivienda no será devuelta.

http://www.la-razon.com/versiones/20090309_006661/nota_249_774523.htm

Cárdenas revela que pidió ayuda y no fue socorrido

DENUNCIA • Identificó a 4 responsables del hecho. Su casa de La Paz estaría en riesgo.



• TOMA • Los efectivos policiales permanecen lejos de la casa de Cárdenas, mientras la gente la resguarda; fue el sábado.


El ex vicepresidente de la República Víctor Hugo Cárdenas reveló ayer que pidió ayuda al Gobierno y a la Policía en reiteradas ocasiones, luego de conocerse la amenaza que sufría su familia en su casa de Huatajata.
A las 10.00 del sábado, Cárdenas recibió la llamada de alerta de su esposa Lidia. “Inmediatamente llamé al Ministerio de Gobierno y a la Policía, y nadie me contestó. Hablé con el ayudante del comandante de la Policía (Miguel Gemio) y a la Policía de El Alto, y cuando les daba mi nombre, me hacían esperar y (...) me colgaban el teléfono”, dijo ayer a radio Panamericana.

Relató que luego de que los comunarios tomaron su casa y agredieron a su familia, el comandante de la Policía de La Paz, coronel Édgar Revilla, se comunicó con él. “Me dijo que había mandado a sus efectivos y que no sabían dónde llegar, pero eso fue muy tarde”, manifestó.

El viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, indicó que hace una semana se coordinó con la Patrulla Caminera y la Policía Fronteriza para que vigilen el inmueble. Sin embargo, según Cárdenas, no hubo efectivos en su casa hasta las 15.00 de ayer.

Además, el ex dignatario señaló que el viernes en la noche, en Cadena A, pidió al ministro de Gobierno, Alfredo Rada, que proteja su vivienda porque había recibido reiteradas amenazas.

Cárdenas identificó a dos líderes campesinos, Cruz Alarcón y Alfredo Huañapaco, como los responsables de la toma. Ayer, indicó que la líder de la Federación del grupo femenino Bartolina Sisa, Beatriz Quispe, instó a “los satucos” a quemar su casa en la ciudad de La Paz, de acuerdo con un reporte de la red Erbol.

Farfán citó al alcalde de Achacachi, Eugenio Rojas, entre quienes estuvieron en el lugar. Sin embargo, éste aseguró que no participó en la toma, pero que estuvo en el ampliado cantonal.


http://www.la-razon.com/versiones/20090309_006661/nota_249_774524.htm

Comunicado Público

Comunicado al pueblo boliviano:

La Juventud Nacionalista Boliviana, en su sentimiento Nacionalista Demócrata, expresa su total e incondicional apoyo al ex-vicepresidente de la ex-República de Bolivia, Victor Hugo Cárdenas Conde y manifiesta su rechazo al Gobierno Central, que alienta constantemente este tipo de atentados contra la vida de Bolivianos.

Rechazamos los ataques racistas y revanchistas encabezados por los dirigentes masistas Cruz Alarcón y Alfredo Huayñapaco, además del alcalde de Achacachi Eugenio Rojas, contra la vida, integridad y libertad de expresión de los bolivianos nacionalistas en la comunidad de Huatajata.

Lamentamos y repudiamos públicamente lo acontecido, una muestra más, de que estamos encaminados a un régimen de terror, comparado solamente al perpetrado por el comunista Stalin en la URSS.

Manifestamos nuestra solidaridad con la familia Cárdenas-Catari y promovemos prontas medidas de rechazo público.

Nosotros que votamos e hicimos campaña por el NO a la Constitución masista, seguiremos en nuestra lucha por un estado de derecho, inclusión, solidadridad y libertad de expresión.
Léase, comuníquese y archívese.

A los 8 días del mes de marzo del año 2009, en la Ciudad de Nuestra Señora de La Paz, Bolivia


JUVENTUD NACIONALISTA BOLIVIANA
"Un antepasado común, un futuro Común"
"Una sola bandera, una sola nación"


Diego Bracamonte G.
Fundador

Un reo dice que le pidieron incriminar a Fernández

RURRENABAQUE • La vigilia de protección para dos jóvenes detenidos continúa vigente.



• DETENIDOS • Los hermanos Guerrero, presos en Beni.


Marcelo Mejido, ex cajero del Servicio Departamental de Caminos de Pando, ahora detenido en el penal de San Pedro por los hechos de septiembre del 2008 en Porvenir, denunció ayer a la red PAT que un funcionario del Ministerio de la Presidencia, de apellido Puña, le ofreció un proceso abreviado para él y otros dos detenidos, a cambio de acusar al ex prefecto Leopoldo Fernández de haber recibido Bs 6 millones para una campaña electoral.
“El doctor Puña, del Ministerio de la Presidencia, que es la parte querellante, nos dijo que era fácil, que nos iba a aceptar el proceso abreviado siempre que nosotros digamos que la plata que habíamos sacado de Caminos se la habíamos dado a Leopoldo para el referéndum revocatorio”, denunció. Manifestó que ese dinero se utilizó para la compra de repuestos en Santa Cruz.

El vocero del Palacio, Iván Canelas, dijo que “tendría que identificarse en el ámbito de la justicia quién hizo esa sugerencia”.

Mientras, en Rurrenabaque, los hermanos Juan Carlos y Saúl Guerrero Abrego continúan detenidos, acusados de participar en los hechos que desembocaron en las muertes de Pando, a la espera de la decisión de un juez de Trinidad para obtener su libertad, según informó a La Razón su abogada, Silvana Vaca.

Entretanto, continúa en esa localidad la vigilia para evitar el traslado de los presos a La Paz.

Oficialistas y opositores rechazan la ley electoral

La CIDOB y el Conamaq reclaman 29 escaños en la futura Asamblea Legislativa Plurinacional. El MSM no encuentra conveniente un referéndum simultáneo sobre las autonomías y estatutos; la oposición reclama por modificaciones.



• SECTORES DISCONFORMES • Un grupo de representantes del Conamaq protesta en la plaza Murillo por los escaños indígenas. Ayer se movilizaron para pedir 29 curules en el Congreso.


Representantes de la oposición y de las bases oficialistas rechazaron ayer el proyecto de Ley de Régimen Electoral Transitorio aprobado por el MAS en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, documento que, pese al rechazo, ingresó para su debate en el plenario.
Durante la mañana, representantes de la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) y del Consejo de Ayllus y Markas de Qullasuyo (Conamaq) se apostaron enfrente del Poder Legislativo para exigir la aprobación de 29 escaños indígenas, 15 más de los establecidos en el proyecto electoral.

El dirigente de la oficialista Conamaq, Elías Quelca, a través de una carta, solicitó al presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, paralizar el tratamiento de este proyecto hasta que se genere un escenario de consenso que permita atender sus demandas.

Mientras tanto, y en medio de una improvisada protesta en la plaza Murillo, su colega de la también oficialista CIDOB, Lázaro Tico, informó que solicitaron audiencia al presidente Evo Morales para hacerle conocer sus observaciones al proyecto que pasó al pleno de Diputados.

“Lo que le vamos a decir al Presidente es que no tomen, una vez más, decisiones unilaterales; que siempre nos escuchen a nosotros que también tenemos criterios, pensamientos”, afirmó.

El proyecto de ley aprobado por los diputados masistas de la Comisión de Constitución prevé la creación de 14 circunscripciones indígenas en la conformación de la futura Asamblea Legislativa Plurinacional, tres para La Paz y Santa Cruz, dos para Cochabamba y Beni, y uno para Chuquisaca, Tarija, Pando y Oruro.

Además de los escaños indígenas, las observaciones en el oficialismo se extendieron a la convocatoria simultánea a referéndum autonómico y de aprobación de estatutos para el 12 de julio en La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca. “No es posible; primero se tiene que aprobar la autonomía y luego el proceso posterior (los estatutos)”, reclamó el presidente del Concejo Municipal de La Paz y aliado del MAS, Luis Revilla.

La autoridad local, en el marco de un debate paceño sobre el futuro de las autonomías, también expresó su desacuerdo con la representación directa de indígenas en los concejos municipales, como fue definido en el proyecto de ley. “Eso no dice la Constitución, que es la ley mayor del ordenamiento jurídico”, señaló.

Ante los cuestionamientos, el vicepresidente Álvaro García dijo que este es un proyecto de ley que puede sufrir modificaciones pues su debate “no está cerrado”.

En la oposición, el diputado de Podemos Bernardo Montenegro dijo que no reconocen la legalidad de la sesión en la que la Comisión de Constitución aprobó el proyecto y anticipó que, “conscientes de que no tendrán eco los reclamos en Diputados”, presentaron otro proyecto en el Senado.

Dijo además que cuestionan que se haya fijado plazos para el empadronamiento electoral en el exterior, el cupo indígena (14), el referéndum autonómico y la representación directa indígena en los concejos ediles. Podemos plantea sólo tres cupos indígenas.
García indicó que si la oposición bloquea la ley en el Senado, la llevará a sesión de Congreso.


Piden trasladar la CNE a Sucre

En el marco del debate sobre el proyecto de Ley del Régimen Electoral Transitorio, el diputado del MAS por Chuquisaca, Bernabé Paredes, planteará hoy el traslado del cuarto Órgano Electoral a la Capital: Sucre.

Recordó que desde el Ejecutivo, en el marco de un diálogo impulsado por el vicepresidente Álvaro García, “se propuso el traslado del Órgano Electoral, lo que ahora debe cumplirse”.

“Como diputado de Chuquisaca, y siguiendo la línea del traslado de los poderes, solicito que se incluya el traslado del Órgano Electoral a la ciudad de Sucre”, insistió el legislador, quien exigió a la prefecta, Savina Cuéllar, y a las distintas organizaciones de Chuquisaca adherirse y apoyar esta reivindicación.

Paredes manifestó que una vez incluido el tema del traslado del Órgano Electoral a Sucre, los chuquisaqueños deberán proporcionar la infraestructura necesaria para su funcionamiento desde la capital del país.

El tratamiento de este proyecto de ley está en manos de la Cámara de Diputados y no incluye el traslado de poderes.


Elección de prefecto en Pando

Los senadores por Pando Róger Pinto y Paulo Bravo exigieron la convocatoria a una pronta elección de prefecto en Pando, para que la nueva autoridad —fruto del voto popular— encamine, junto al Gobierno, el diálogo sobre las autonomías.

“No podemos permitir más que un interventor militar del departamento de Pando (Rafael Bandeira) esté guiando el destino de un pueblo que ha votado por autonomía”, cuestionó el legislador opositor Bravo.

El Gobierno designó al almirante Bandeira como prefecto luego que su antecesor, Leopoldo Fernández, fuera remitido a la cárcel como consecuencia del juicio por la violencia en Porvenir, donde murieron 13 personas.

“Creo que ha llegado el momento de decirle al Gobierno que si quieren la Prefectura, que nos la ganen en las urnas y no un ministro que ha puesto por la fuerza a un interventor que ha utilizado la fuerza del Ejército para perseguir, para detener al Prefecto (Fernández)”, dijo Pinto.

No se animaron a fijar fecha para la elección, pero coincidieron en que debe ser en breve plazo.


El proyecto

Transitorio • Regirá las elecciones generales de diciembre, de prefectos y munícipes del 4 de abril del 2010, y los referendos autonómicos y de estatutos en La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba.

Indígenas • También prevé la constitución de municipios indígenas originarios campesinos, ya que ello les otorga una representación especial directa en los consejos departamentales.

Debate • El proyecto está en manos de la Cámara Baja.


http://www.la-razon.com/versiones/20090305_006657/nota_247_772720.htm

Inician campaña para llevar a Fernández a la Suprema

DEMANDA • La defensa del prefecto pandino presentó en la capital del país una solicitud para que se inicie un juicio de responsabilidades.



• VISITA A LA CAPITAL • Rubén Costas explica los resultados de la reunión con las autoridades judiciales; ocurrió ayer.


Prefectos y dirigentes cívicos de la denominada media luna iniciaron ayer una campaña para lograr que se instaure un juicio de responsabilidades al prefecto suspendido de Pando, Leopoldo Fernández, actualmente procesado en la justicia ordinaria por su presunta responsabilidad en los enfrentamientos de septiembre del 2008, cuando murieron al menos 13 personas en Pando.
La campaña coincidió con la presentación ante la sala plena de la Corte Suprema, de un memorial en el cual la defensa de Fernández solicita que esa máxima instancia judicial inicie el juicio de responsabilidades en Sucre, en el marco de la Ley de privilegio constitucional.

Sandra Almanza, abogada de la autoridad recluida en el penal de San Pedro de La Paz, explicó que presentó un memorial en el cual pide ´un pronunciamiento conforme a la línea jurisprudencial ya existente´, exigiendo además que se declare ´la incompetencia´ de los jueces y fiscales del Distrito de La Paz que asumieron el proceso.

Los prefectos Rubén Costas (Santa Cruz), Mario Cossío (Tarija) y Savina Cuéllar (Chuquisaca) junto a los dirigentes cívicos Luis Núñez y Jhon Cava, se reunieron ayer con la única magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, y luego fueron recibidos por la sala plena de la Corte Suprema.

La reunión prevista con el fiscal general, Mario Uribe, inicialmente pactada para la tarde de ayer, tuvo que ser suspendida debido a que esa autoridad se trasladó de emergencia a La Paz.

Cossío, en una conferencia de prensa ofrecida tras las reuniones, dijo que expresaron a las autoridades judiciales “la profunda preocupación por los riesgos que se ciernen en Bolivia, por el permanente atentado a las leyes, a las garantías constitucionales y al Estado de Derecho”, especialmente contra la oposición.

“Si la actuación del prefecto Fernández estuvo reñida o no con la ley, deben ser los tribunales llamados por ley y debe merecer un juicio justo y correcto, y es lo que hemos planteado, sin encubrir a nadie”, expresó Cossío.

Costas reiteró su total respaldo a Fernández y dijo que peleará contra las injusticias promovidas por el Gobierno. Sostuvo también que ayer comenzó una serie de visitas que continuarán con los senadores y luego “con los presos políticos” en el penal de San Pedro.

El lunes, el propio Fernández, a través de una carta abierta, pidió un juicio justo y conminó a sus acusadores a que demuestren con pruebas ante la Corte Suprema de Justicia su responsabilidad en la masacre de Pando. Redacción Sucre


EL JUICIO

Mecanismo • La defensa de Fernández recordó que un juicio de responsabilidades debe llevarse ´previa autorización congresal y con las formalidades de orden jurídico legal´.

Situación • Actualmente, el suspendido prefecto pandino se encuentra recluido en la cárcel de San Pedro, junto a otros presuntos responsables de los hechos de septiembre.


http://www.la-razon.com/versiones/20090305_006657/nota_247_772721.htm

El vicepresidente García defiende las casas del Alba

RESPUESTA


El vicepresidente Álvaro García calificó ayer como falso y político el informe de una comisión de congresistas peruanos que denunció injerencia venezolana y boliviana en asuntos internos del Perú desde casas del Alba. Contrariamente, dijo que estas casas sólo benefician a la población.
“Son problemas internos que sufre la política peruana, está claro que las casas del Alba se han hecho no para interferir en la vida política de ningún país, sino beneficiar a los ciudadanos”, afirmó, en respuesta al informe del Congreso peruano, en el que además se solicita al Gobierno de ese país elevar una protesta ante sus pares de Bolivia y Venezuela.

"Es una falsedad y una declaración de interés político," insistió García al referirse al informe de los parlamentarios peruanos.

http://www.la-razon.com/versiones/20090305_006657/nota_247_772725.htm

Gobierno y media luna se endurecen

Los prefectos de la oposición pusieron siete condiciones para reunirse con el Ejecutivo, entre ellas la liberación de quienes consideran presos políticos y la devolución del IDH. El Gobierno respondió que no aceptará chantajes.

Los prefectos de la denominada media luna pusieron ayer siete condiciones para sentarse en una mesa del diálogo con el Gobierno, exigencia que el Ejecutivo identificó como parte de un chantaje político que no está dispuesto a aceptar, aunque esto provoque el fracaso del diálogo.
Los prefectos se reunieron durante todo el día en Santa Cruz, con dos pequeñas pausas, una para recibir a los dirigentes cívicos, que también se reunieron en esa ciudad , y otra para la redacción de un comunicado oficial.

Aproximadamente a las 20.30, el prefecto anfitrión, Rubén Costas, hizo conocer la posición de las autoridades departamentales y, antes de mencionar las condiciones, anunció que decidieron iniciar una campaña nacional de reflexión con todos los sectores que se encuentren preocupados por el rumo de la democracia, “para analizar acciones que garanticen su plena vigencia”.

Luego anunció que los prefectos están dispuestos a reunirse con el Ejecutivo, pero “para concretar un gran pacto nacional y no así dialogar con agendas restrictivas como propone el Gobierno Nacional”. Para ello, dijo que el Gobierno debe generar un ambiente de confianza, exigencia que pasa por siete aspectos.

El primero, según el comunicado, es “el respeto pleno a los derechos humanos en Bolivia” y el segundo “la inmediata liberación de los presos políticos”, entre los que se cuenta el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, a quien además decidieron visitar.

Poco antes, también en Santa Cruz, el vicepresidente, Álvaro García Linera, había advertido que esta exigencia era inaceptable. “Me llama mucho la atención que se quiera encubrir la acusación y la investigación a una persona involucrada, aparentemente, con una masacre. Ni los prefectos ni ningún ministro puede interferir en las labores de la justicia”.

Cossío respondió a García y aseguró que Fernández “es un preso político y no un delincuente. No estamos planteando un manto de encubrimiento”, agregó.

Según el documento emitido por los prefectos, sus otras exigencias son: “el cese de las acciones de amedrentamiento y persecución en Pando y todo el país; poner fin a los procesos de acoso político promovidos desde el Ejecutivo contra personas, autoridades e instituciones; reposición de los recursos departamentales confiscados; restitución de la institucionalidad democrática en las prefecturas, intervenidas con funcionarios designados a dedo; respeto al voto soberano de nuestros pueblos, expresado en los estatutos autonómicos de cada departamento y, en el caso de Chuquisaca, respeto a su proceso autonómico”.

Carlos Romero, ministro de Autonomías y principal impulsor del diálogo que promueve el Gobierno para el martes 3 de marzo, rechazó la posición adoptada por los prefectos y anticipó que no cederán ante ningún chantajes.

“El Gobierno no va a ser víctima de chantajes. Está claro que ellos han puesto sistemáticamente pretextos y no le pueden pedir al Gobierno que se haga de la vista gorda con una masacre que se ha producido en Pando”, señaló, tras anunciar que “esto es innegociable”.

Respecto a la exigencia de respeto a los estatutos autonómicos, recordó que la Constitución define que sean sometidos a control constitucional y que, por tanto, eso tampoco se negociará. “Ya es suficiente de mentirle a la gente. Lo que estos señores quieren es simplemente inviabilizar cualquier proceso de concertación y de implementación de la Constitución, a riesgo inclusive de sacrificar la postergación de las autonomías”.

Para Romero, éstas “son sentencias que condenan la inviabilidad del diálogo con estos cuatro prefectos, por lo que espero que se sacudan de los condicionamientos a los que los someten sus comités cívicos”.
El prefecto Costas advirtió que “no seremos alcahuetes para limpiar la imagen de corrupción del Gobierno”.

Reunión nacional de cívicos

Los dirigentes cívicos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija convocaron para este lunes a sus pares del resto de los departamentos, a una reunión nacional cívica, en la capital oriental, con la finalidad de fijar una posición respecto a la coyuntura política y a las detenciones que se practican en Pando.

El cívico cruceño Luis Núñez informó que, tras el encuentro, se planea “una reunión del Consejo Nacional Democrático, que podría ser en Chuquisaca la próxima semana” para consolidar este bloque.

Núñez informó que se demandó a los prefectos de Beni, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca que se demande “se acaben las persecuciones, que liberen a los presos y haya un gran pacto a través del diálogo para que haya un buen resultado. Hemos tratado también el tema de que el Gobierno reconozca los estatutos”.

El cívico de Beni, Luis Alberto Melgar, dijo que “no debe existir ningún diálogo antes que no se convoque un encuentro nacional”. Su colega de Pando, Herbert Salvatierra, agregó: “no tienen que ir al diálogo con presos políticos”.

Respeto a la cultura oriental

Los líderes cívicos del oriente del país pidieron respeto a su cultura, en el marco de la nueva Constitución Política del Estado, y plantearon avanzar en el proceso de autogobierno amparados en la aprobación de sus estatutos autonómicos.

El cívico cruceño Luis Núñez reivindicó la nación oriental y recordó que “desde antes de la Colonia y después —cuando Bolivia es una República— conformó una nación oriental, dictada por todas las formas y las cosas que hacen las personas de este lado (del país)”.

Su colega de Pando, Herbert Salvatierra, explicó que no se trata de una intención de dividir el país, “porque Bolivia es una sola, pero con diversidad de culturas”. Paralelamente, Núñez anunció que seguirán en el camino de las autonomías a partir de sus estatutos autonómicos.

“Siempre lucharemos contra el poder central, porque nos quieren quitar hasta nuestra identidad”, advirtió y aseguró que no permitirán izar la wiphala en ningún colegio del oriente porque “aquí tenemos un solo escudo y una sola bandera”.

http://www.la-razon.com/versiones/20090228_006652/nota_247_770270.htm

Gobierno en el ojo de la tormenta por tema de los derechos humanos

• Para el ex defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, “es muy importante analizar el informe del Departamento de Estado, con mayor objetividad”.
• “Lo que interesa ahora, -dice-, es evaluar qué se puede hacer para que estos hechos nose repitan en el país”.
No le cayó nada bien al gobierno del presidente Evo Morales el informe sobre derechos humanos que publicó el pasado miércoles, el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

En el documento se informan algunas anomalías cometidas o permitidas por el Gobierno en contra de los ciudadanos, medios de comunicación y periodistas.

Por ejemplo, el Ejecutivo permitió que la intolerancia de sus simpatizantes descarguen su animadversión en aquellos opositores que salieron a las calles a protestar por diferentes causas.

IRRITACIÓN POLÍTICA

El mismo día en que fue publicado este informe, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, lo calificó como “inadmisible”, “políticamente motivado”, “sesgado”, “y que tiene una tendencia parcializada en su análisis”.

Pero la irritación política no quedó ahí: del Palacio Quemado saltó al Parlamento. Ahí, Ricardo Díaz, jefe de Bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Senadores, dijo que “Estados Unidos es un país que oprime, invade y no se somete a ningún convenio porque siempre ve su interés”.

Llorenti añadió que “gracias a este informe, habría llegado la hora de los países con dignidad, (y) también vigilar la situación de los derechos humanos en Estados Unidos”.

CASOS CONCRETOS

Para el ex defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, es muy importante analizar el informe del Departamento de Estado “con mayor objetividad”.

“No interesa de dónde venga el informe, -dice-, lo que interesa es analizar qué se puede hacer para que estos hechos no se repitan en el país”.

De lo contrario, salen a flor de piel los complejos políticos que nublan el razonamiento y conducen a que las personas rechacen éste o cualquier tipo de informe.

“Hay que partir de la idea que el Gobierno boliviano, en general, ha respetado los derechos humanos, eso dice el informe”, explica Albarracín.

Respecto a los datos particulares en los que se detiene el informe, el ex Defensor opina “que no hay una sola norma que le prohíba al Estado boliviano identificar responsables, investigar sobre hechos delictivos que se hayan cometido en el país”.

Considera que más bien, ésa es su obligación. “Pero esas investigaciones, acusaciones, enjuiciamientos, y finalmente, sanciones tienen que cumplirse garantizando el respeto a los derechos constitucionales de las personas”.

“El Gobierno no necesita de encapuchados para hacer detenciones a los supuestos culpables de delitos”, subrayó Albarracín.

“OMISIONES” DEL INFORME

Para Patricia Flores, Delegada Adjunta de Promoción y Análisis del Defensor del Pueblo, en este informe hay interpretaciones subjetivas y datos objetivos.

“El informe, -explica Flore-, asocia el linchamiento con justicia comunitaria. La normativa Internacional en Derechos Humanos tipifica al linchamiento como un delito. La justicia comunitaria no reconoce al linchamiento como parte de sus medidas de sanción”.

Flores añade también que “el informe del Departamento de Estado obvia detalles sobre la servidumbre y el patronazgo; obvia detalles sobre discriminación y abusos sociales de los hechos ocurridos en la Calancha, o los problemas de discriminación durante el proceso Constituyente, o el maltrato y que terminaron con lamentables sucesos ocurridos en Sucre”.

LO QUE DEBERÍA DECIR

El ex Defensor del pueblo opina que es ponderable que Estados Unidos se preocupe por la situación de los derechos humanos en cada país, “pero sería también importante que amplíe sus informes sobre la situación de los derechos humanos en el propio país y en aquellos que sufren consecuencias por las decisiones políticas de Estados Unidos”.

Por ejemplo, la situación en la que varios presos políticos de Guantánamo, “que viven en condiciones de objeto”.

Las muertes de civiles o de familias completas a causa de la invasión militar de las tropas estadounidenses en Irak y Afganistán.

“Sólo entonces, -añade Albarracín-, este informe sería más creíble (fiable), más imparcial, más ecuánime”.

http://www.eldiario.net/

Gobierno rechaza liberar presos por diálogo y habla de aplazarlo

El Conalde reitera demanda de liberar a “presos”, pero el Ejecutivo la rechaza y la califica de “chantaje”.

El Gobierno volvió a rechazar ayer la liberación de “presos”, una de las condiciones de los prefectos de la “media luna” para dialogar sobre las autonomías, pero abrió la posibilidad de que el encuentro, previsto para este martes 3, pueda ser aplazado hasta el 10 de marzo, ello en razón a una solicitud que hizo la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM).

El ministro de Autonomías, Carlos Romero, dijo ayer que esa probabilidad tendrá que ser definida por los actores involucrados, para lo cual se hacen las respectivas consultas a los sectores sociales y gobiernos departamentales afines al Ejecutivo.

Una decisión sobre si el encuentro se desarrolla el martes 3 o una semana después será comunicada, según la autoridad, a primera hora de este lunes.

El ministro explicó que la organización que agrupa a los 314 municipios del país solicitó una semana más, hasta el 10 de marzo, para concluir su propuesta para la implementación de las autonomías departamentales, municipales, indígenas y regionales.


Contraofensiva

Tras una reunión realizada en Santa Cruz, el viernes 27, las autoridades departamentales Rubén Costas, de esta ciudad; Ernesto Suárez, de Beni; Mario Cossio, de Tarija, y Savina Cuéllar, de Chuquisaca, resolvieron condicionar un posible diálogo sobre autonomías. Uno de los principales requierimientos es la liberación de los detenidos por los hechos de septiembre de 2008 en la localidad de Porvenir (Pando), entre los que se encuentra el ex prefecto de ese departamento Leopoldo Fernández.

También las autoridades exigieron la devolución de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que es destinado al pago de la Renta Dignidad, el cese del amedrentamiento, la restitución de la institucionalidad de la prefectura pandina, el respeto a los estatutos autonómicos y los resultados de los referendos que se realizaron el año pasado en los departamentos opositores al Gobierno.

El vicepresidente Álvaro García Linera, el ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, y el ministro de Autonomías, Carlos Romero, señalaron, por separado, que la principal demanda no está en manos del Ejecutivo, sino de la justicia del país.

García Linera expresó su extrañeza respecto de que algunas autoridades regionales quieran “encubrir la acusación e investigación a involucrados en hechos de muerte”.

El Vicepresidente consideró que si los prefectos tienen “compromiso con sus regiones y voluntad de acelerar las cosas, y con propuestas, estarán presentes en la mesa de negociaciones”.

“Pese a ello (a que no asistan al diálogo), igual nosotros tenemos el compromiso de ir dando pasos sustanciales para la implementación de las autonomías y de la nueva Constitución Política del Estado”.

El ministro Arce calificó como un “chantaje” las peticiones de las autoridades departamentales de oposición. “Eso (liberación de detenidos) en ningún Estado se puede permitir, es totalmente inaceptable”.

Además cuestionó el hecho de que los prefectos hayan enarbolado la lucha por la autonomía departamental, cuando, según él, en realidad no la quieren.

Romero también calificó de “irracional e inaceptable” el pedido de canjear presos por diálogo. Por ello, los emplazó a sentarse en una mesa de negociación, dejar de poner “demasiadas” piedras en el camino y comenzar a debatir con argumentos técnicos.

Frente a esta situación, el secretario General de la prefectura de Tarija, Mauricio Lea Plaza, reiteró ayer que los prefectos no dialogarán con el Ejecutivo, en tanto no se cumplan las demandas que fueron expuestas.

El funcionario ha advertido de que el Gobierno decide qué mecanismo seguir, si la vía del diálogo o de la confrontación. Pero espera que el Ejecutivo encare con una actitud positiva un posible acercamiento.

El encuentro por las autonomías comenzó el 17 de febrero sin la “media luna”.


Tarija prepara su cumbre departamental

Después de la reunión del Consejo Nacional Democrático (Conalde) el viernes 27, la Prefectura de Tarija continúa preparando su encuentro departamental, que se realizará entre el 4 y 6 de este mes.

En esa cita participarán diversos sectores sociales, entre ellos cívicos y gremiales, quienes después de un análisis tomarán determinaciones sobre la forma en que encararán el proceso del diálogo con las autoridades nacionales respecto a las autonomías departamentales.

Sin embargo, el prefecto Mario Cossio ya había anunciado que no incluirán ninguna modificación a los estatutos autonómicos, que fueron aprobados en mayo de 2008. La nueva Constitución Política del Estado establece que esos documentos deben ser compatibilizados con el nuevo texto constitucional.

El secretario General de la Prefectura de Tarija, Mauricio Lea Plaza, manifestó que esa región está predispuesta a asistir a un diálogo, pero “de verdad” y sin engaños. Éste recordó que en septiembre del pasado año, los prefectos fueron convocados a Cochabamba, donde sólo fueron presionados por el Gobierno y no se llegó a ningún acuerdo.

Sin embargo, existen divergencias entre organizaciones tarijeñas afines a la Prefectura y los que apoyan al Gobierno. Por ello, las organizaciones campesinas de esa región y los parlamentarios masistas han advertido con realizar una cumbre paralela, en caso de que no sean invitados por la Prefectura tarijeña.

El diputado de Tarija Eulalio Sánchez (MAS) criticó la postura del prefecto Cossío y de sus colegas, quienes resolvieron condicionar su asistencia al diálogo con el Ejecutivo.

Sánchez, en declaraciones a la agencia ANF, expresó que los parlamentarios del oficialismo y de la oposición están molestos por la negativa del Prefecto a sentarse en una mesa de concertación. “Nosotros siempre estuvimos dispuestos a dialogar con el Gobierno, discutir, acordar y, en su caso, construir pactos, pero primero necesitamos acordar algo concreto en el encuentro”.



El proyecto del Gobierno

El Conalde insiste con la liberación de “presos” antes de iniciar un diálogo.

El Gobierno rechaza sus demandas que son calificadas como un “chantaje”.

El Ejecutivo estudia la posibilidad de postergar la reunión con los prefectos hasta el 10.


http://www.laprensa.com.bo/noticias/01-03-09/01_03_09_poli3.php

La expulsión de Ramírez está en la agenda del MAS

Motivo • La presunta corrupción del ex titular de YPFB preocupa a los masistas.


El Tribunal de Honor del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) se reunió recientemente para analizar la probable expulsión del ex presidente de la estatal YPFB, Santos Ramírez, quien está detenido en la cárcel de San Pedro, en el marco de un juicio de corrupción pública.
Así lo confirmó el senador Lino Villca (MAS), quien además es uno de los fundadores del partido que dirige el actual presidente Evo Morales Ayma.

El senador Villca explicó que existe un "proceso de expulsión" que debe ser resuelto próximamente y, en ese marco, evitó adelantar criterios respecto a las valoraciones que servirán de base para el análisis de la situación política de Ramírez.

Ramírez fue recluido preventivamente en el penal de San Pedro en el proceso judicial que se instaló en su contra por haber cometido daño económico al Estado, entre otras omisiones, durante el ejercicio de sus funciones al mando de la estatal petrolera, considerada el buque insignia del programa de nacionalizaciones que promueve el Gobierno.

Villca explicó que el Tribunal de Honor del MAS es la instancia que tiene facultades para decidir sanciones respecto a las implicaciones que afectaron a Ramírez y a la imagen del Gobierno.

La carrera política de Ramírez cobró notoriedad cuando presidió la Comisión de Desarrollo Económico de Diputados; luego, durante el primer año del gobierno del MAS llegó a presidir el Senado y en tal condición llegó a ser Primer Mandatario en ejercicio por unas horas, en ausencia temporal de Morales Ayma y del vicepresidente, García Linera. ANF

http://www.la-razon.com/versiones/20090228_006652/nota_247_770273.htm