La democracia y el poder popular

La democracia es vista como un mecanismo político para llegar a decisiones políticas legislativo-administrativas, confiriendo el poder para decidir razonablemente en todos los asuntos políticos, económicos y sociales. En este sentido el poder popular se ejerce y expresa legítimamente a través de todos los medios organizados de participación ciudadana y protagonismo político; su ejercicio es directo en las asambleas y consejos del poder popular.

El poder popular es una propuesta de construcción viva de un modelo de democracia participativa y protagónica, mediante la cual se genera la transferencia progresiva de las actividades que hasta ahora eran exclusivas de las distintas instancias de gobierno en el obsoleto y fracasado esquema de la democracia representativa.

El nuevo proyecto de Constitución plantea la democracia en un Estado unitario social, representada en los derechos colectivos de varios sectores: indígenas, originarios y campesinos expresados en la autodeterminación de las naciones originarias.

La actual democracia en manos de los sectores populares, sociales – indígenas en el control e intervención del proceso de cambio, activa la conducta de varios seguidores que detentan un poder similar o igual al del actual Gobierno. Cuando los seguidores saben que el líder tiene el poder absoluto dentro de las organizaciones, tiende a crearse poderíos personales.

Esta decisión llevó al país a desarrollar una democracia participativa mediante mecanismos agregativos como el referéndum y las consultas públicas. Pero en muchos casos la democracia la ponemos en práctica mediante modelos de representación, participativa, deliberativa e inclusiva.

El Artículo 3 del proyecto de Constitución dice: la Nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígenas, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano.

Pero cuando esta política inclusiva con características particulares de poder erosiona y rompe el esquema de valores, queriendo encontrar mecanismos de control en manos de poderes populares-sociales sin una regulación en su accionar, se considera a este conjunto de coaliciones con intereses conflictivos de clase. En este caso el poder se vuelve un instrumento de intimidación y agresión para conseguir ciertos fines grupales.

Como producto de ello hemos visto agresiones verbales, psicológicas y físicas hacia ciudadanos que visten corbata, ataques a la infraestructura de los medios de comunicación y periodistas que realizan su trabajo desde la calle por parte de grupos sociales y de aquellos que se acreditan las representaciones ciudadana y originaria, pero en muchos casos que empieza con una agresión verbal y termina con una agresión física.

La agresión se ha ritualizado, impulsando el instinto a la violencia en toda su amplitud. Se delimita el poder como una relación entre dos o más actores, en la que la acción violenta de unos oprime el derecho de los otros. Por lo tanto, se trata de influir sobre la conducta de otros con violencia para cambiar aquellas probabilidades que puedan responder a determinadas maneras de actuar, pensar o difundir información a la opinión pública.

Por ello debemos preguntarnos ¿qué sería de los ciudadanos sin los medios de comunicación y el trabajo de los periodistas? ¿Cómo viviría la población, cuando no encuentre un medio de comunicación o mecanismo para hacer conocer sus reclamos, injusticias e informarse para educarse? ¿Qué sería de nosotros los políticos si los periodistas no cubriesen la noticia diaria de nuestras actividades que se producen en el Congreso? Y por último ¿qué hubiera sido de los pueblos indígenas, originarios y campesinos si los medios no hubieran difundido y promocionado las actividades culturales?

Los derechos ciudadanos, entre los que sobresale la participación social, incumben a una práctica común, cuyo ejercicio debe permitir convertirse aquellos que quieren ser sujetos de la inclusión o personajes que políticamente son responsables de una comunidad de libres e iguales hombres.

La formación de la opinión y de la voluntad común en el espacio ciudadano y político corresponde ser entendida como una concepción dialógica de un proceso de razones y no exclusivamente de voluntades, dirigidos hacia la consecución de un acuerdo para ordenar aquellos aspectos de la vida que se refieren a las relaciones sociales y a la naturaleza de las personas (J. Habermas). Esta acción derivó en la aprobación para llevar adelante el proyecto de la nueva Constitución que será sometido al referendo dirimidor y aprobatorio el 25 de enero.

Entonces, debemos garantizar el Estado de Derecho formal dentro de los márgenes preestablecidos por la ley. Esto implica que el Estado y sus organismos deben encontrar reglas de convivencia que sean justas y equitativas para toda la población. Las leyes pueden prometer todo, pero si no son aplicadas y respetadas son puras promesas falsas.

Marco A. Córdova Santiváñez