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lunes, 8 de diciembre de 2008

La ira contra el Cardenal

La ira contra el Cardenal

Las palabras del cardenal Julio Terrazas el domingo 30 de noviembre han caído como un relámpago en el cielo que el Gobierno creía límpido. El Cardenal se encargó de recordarle que no puede haber paz en la confrontación y que Bolivia está en camino a convertirse en nación paria por nutrir al narcotráfico y mantener una actitud complaciente con la materia prima que da lugar a la droga. Al paso de las palabras del Cardenal salieron las de los principales comisarios del Gobierno, que intentaron descalificarlo.

En este nuevo imbroglio, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, fue el funcionario que mejor sintonizó las ideas del Cardenal. Dijo que las hacía suyas, pues encontraba en ellas un verdadero sentimiento cristiano. En cambio, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, puso el pecho al frente de una situación difícilmente defendible en el exterior (aquí en Bolivia no tiene problemas con su audiencia. Pero vaya a Viena o a Nueva York a decir lo mismo y verá que le pedirán que explique convincentemente el crecimiento de las plantaciones y la producción de droga). Otros comisarios del Gobierno siguieron la línea de Llorenti e ignoraron la prudencia de darle un pitazo a la lengua.

¿Qué dijo el Cardenal que tanto irritó al Presidente, a su Viceministro y otros comisarios? Advirtió que el

país “se está convirtiendo en el espacio donde están dominando los narcotraficantes, sin Dios y sin ley” y pidió “hacer un esfuerzo para que Bolivia no sea el centro donde se acumula la droga, y con la droga el crimen y la maldad y la falta de perspectiva para salir por un horizonte más claro del lugar donde nos encontramos”.

¿Quién tiene argumentos para negar lo que dijo el Cardenal? Con la Ley 1008 de 1988 se decidió que el país podría cultivar hasta 12.000 hectáreas de coca para cubrir su “consumo doméstico”. Desde entonces, la extensión real se ha más que duplicado y llega a 28.000 hectáreas entre el Chapare y Yungas. De ese total, menos de un quinto sirve al mercado interno, al acullico. Gran parte del resto va a la producción de droga. ¿Quién puede negarlo? El mismo Gobierno reconoce que las incautaciones de droga han aumentado. Ningún funcionario se atreve a decir que no habría tal incremento si la oferta de materia prima no hubiese también aumentado (5 por ciento más de cultivos en 2007 respecto del año anterior. Aún no se conocen las cifras para 2008).

Los efectos ecológicos de esta explosión están en la misma escala. Un estudio dice que en los anteriores años unas 15.000 hectáreas fueron desboscadas en el Chapare para la producción de coca. El incremento de químicos para convertir la producción en droga siguió el mismo curso ascendente: 30.000 toneladas de químicos tóxicos fueron desechadas sólo en 1988. Ese material, resultado de procesar 127.000 toneladas de hoja de coca, fue vertido mayormente sobre ríos y vertientes con consecuencias aún no calculadas. Eso fue hace 20 años y es fácil suponer que los desechos aumentaron al aumentar los cultivos y el tráfico. Es lógico sospechar también de “ecocidios” de magnitud desconocida.

Las turbulencias económicas baten en las puertas de todos los sectores productivos: minería, agropecuaria y hasta las remesas para el país, que tiene en el sudor de los compatriotas en el extranjero el 10 por ciento de su PIB. Están amenazados con la desocupación que cunde. Algunos creen que la coca y la droga serían los únicos “sectores” que supuestamente no serían afectados. Pero eso es sólo una especulación. La crisis también mermará el dinero del narcotráfico. Si aun así el Chapare y otras regiones se vuelven nuevamente refugios contra la desocupación, el fenómeno no pasará inadvertido a ojos extranjeros. El país no es una isla como algunos quisieran. Y el Cardenal sólo trajo la carta con la noticia.

* Periodista

haroldolmos.wordpress.com

http://www.laprensa.com.bo/noticias/08-12-08/08_12_08_opin2.php

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