FFAA rechazan amenaza de Chávez y no tolerarán más enfrentamientos

Las Fuerzas Armadas (FFAA) rechazaron, este viernes, la advertencia del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de una intervención armada en Bolivia si la oposición derroca al gobierno Evo Morales. Anunciaron, también, que no permitirán más enfrentamientos en el país.

El comandante en Jefe de las FFAA, general Luis Trigo, quien se limitó a leer un comunicado de prensa, afirmó que la entidad castrense defenderá y conservará la independencia y la unidad del país y que no permitirán que ningún militar o fuerza extranjera pise territorio boliviano en trasgresión a la soberanía nacional.

"Al señor presidente de Venezuela, Hugo Chávez y a la comunidad internacional les decimos que las FFAA rechazan enfáticamente intromisiones externas de cualquier índole vengan de donde vengan", remarcó.

Trigo señaló que el no haber actuado con violencia y no haber empleado las armas en los últimos acontecimientos en las regiones de conflicto (Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija) no significa que las FFAA estén en contra del orden constitucional vigente.

En ese marco precisó que las acciones de las FFAA están enmarcadas en el artículo 208 de la CPE y en cumplimiento de ello garantizará el patrimonio de la nación, el funcionamiento del aparato estatal y de los servicios públicos así como la conservación de los recursos estratégicos.

"En consecuencia advertimos que no vamos a tolerar más el accionar de grupos radicales y violentos que solo están llevando al enfrentamiento entre bolivianos provocando dolor y luto entre hermanos y atentando contra la seguridad nacional", acotó

Dentro de ese contexto dijo que la movilización de tropa material y equipos militares obedece estrictamente a la ejecución de operaciones militares para garantizar el orden interno y que no será utilizado en contra del pueblo.

"Solo en casos extremos será empleado para garantizar el orden interno y responder con tesón y patriotismo a cualquier amenaza de esos grupos vandálicos y delincuentes que han venido a subvertir el orden interno", advirtió.

ANF, La Paz

La convulsión social tiene en vilo al país

La tensión en el país, que comenzó con inofensivas manifestaciones por la restitución del IDH, pasó rápidamente a la toma violenta de trancas e instituciones hasta adquirir, este martes, la angustiosa fisonomía de una convulsión social. Graves desmanes se registraron en Santa Cruz de la Sierra, con repercusiones de menor magnitud en el interior de ese departamento, además de Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca.

La crisis política no resuelta por los líderes del oficialismo y la oposición derivó en violentos enfrentamientos, como se vino advirtiendo de forma reiterada desde esta misma página, en coincidencia con los analistas más idóneos del país.

Un panorama desalentador, que incluye varios puntos de bloqueos carreteros, la toma de válvulas de gas en Villamontes —con un riesgo latente de que sea cortado el envío del energético al Brasil— y el desabastecimiento de combustibles en el oriente y el sur, sólo permite vislumbrar un futuro más negativo aún.

Anoche, mientras las amenazas de los movimientos cívicos opositores se multiplicaban, en el partido de gobierno surgían contradicciones. El senador Antonio Peredo (MAS) primero se encargaba de recordar que el estado de sitio es una atribución del Ejecutivo, y luego reconocía que “nunca se lo ha descartado”, pero el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, decía tajantemente que “no vamos a declarar un estado de sitio”.
La certidumbre llegaría en torno de las 21.00, cuando los ministros de Gobierno, Alfredo Rada, y de Defensa, Walker San Miguel, anunciaron que se desechaba la idea del estado de sitio y responsabilizaron de la convulsión al prefecto Rubén Costas y al cívico Branko Marinkovic.

Rada denunció el “inicio de un golpe de estado cívico-prefectural”; y San Miguel, luego, ratificó esa convicción gubernamental. Pero el primero fue más allá al sostener que “hoy se ha materializado en la práctica” aquello que se venía gestando, “con apoyo interno y externo”.

“Vamos a actuar con serenidad pero también con firmeza”, dijo Rada, sin dar mayores luces.

El país espera que el Gobierno restablezca sus relaciones con la oposición regionalizada, porque, de lo contrario, esta crisis puede terminar en lo peor.

http://www.la-razon.com/versiones/20080910_006391/nota_245_667992.htm

El camino de la violencia

Más de diez días de bloqueo de caminos en el oriente y sur del país, y la toma de instituciones públicas en los departamentos autonómicos, eran apenas el preámbulo de nuevos episodios de violencia como los que estallaron el día de ayer en la ciudad de Santa Cruz, cuando habitantes cruceños y efectivos militares protagonizaron duros enfrentamientos que más tarde derivaron en los lamentables excesos, por todos conocidos, en contra de instalaciones estatales.

Estaba visto, pues, que el Gobierno Nacional no tenía la menor intención de atender el legítimo reclamo que cuatro regiones (Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija) vienen sosteniendo desde hace más de un año por el recorte de los recursos que les corresponden por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), y por el sistemático desconocimiento del oficialismo al modelo de autonomías departamentales por el que han optado los habitantes de esa parte del país.Por eso es que, desde que comenzó el conflicto que en estos momentos tiene lugar en el oriente y el sur de Bolivia, el Poder Ejecutivo no sólo que ignoró las protestas sociales traducidas en bloqueos de caminos y en la toma de instituciones públicas, sino -y lo que es peor todavía- ni siquiera ofreció un solo gesto que permita entablar un necesario espacio de diálogo con las regiones y sectores movilizados.

Más al contrario, las señales enviadas desde el Gobierno, que decidió cerrar el paso a cualquier negociación sobre su proyecto de texto constitucional y acelerar los referendos constitucionales, por un lado, además de reforzar la presencia policial y militar en las regiones de la denominada Media Luna, por el otro, indicaban que se estaba produciendo un decisivo despliegue de fuerzas cuyo propósito no es otro que el de aplastar a la oposición regional y dejar el camino expedito para que el MAS alcance su objetivo más preciado: aprobar el proyecto de Constitución Política del Estado diseñado a la altura y a la medida del proyecto político del actual esquema de poder.

Lo sucedido ayer en Santa Cruz es, probablemente, la primera expresión de la madre de las batallas que ha comenzado a librarse en el país, entre un Gobierno que no pretende ceder ni un solo milímetro en sus propósitos, y unas regiones que no están dispuestas a someterse a la verticalidad de un proyecto político que no representa al conjunto de la sociedad boliviana.

No es por otra razón que, tras evidenciar la gravedad de los violentos sucesos de Santa Cruz, los principales voceros del Poder Ejecutivo aparezcan emitiendo mensajes desafiantes e hirientes a la población cruceña, en vez de convocar a la pacificación y al diálogo como únicas vías para la solución de controversias.

¿O de qué otra manera se puede entender que el Ministro de Gobierno, además de denunciar la descabezada idea de un "golpe de Estado cívico-prefectural", aparezca tildando a las miles de personas movilizadas en la capital oriental como un "puñado de fascistas, racistas, vándalos y delincuentes", entre otro largo etcétera de adjetivos?

Con esa conducta, el oficialismo está demostrando, así como lo hizo en Cochabamba y en Sucre, que ha optado por el camino de la confrontación, con la diferencia de que, en esta ocasión, el conflicto en curso es determinante para cada uno de los sectores enfrentados.

Razón suficiente para invocar al Presidente de la República, y a todos los actores políticos del país, a detener en las siguientes horas -ya ni siquiera días- la espiral de violencia que amenaza con llevar a la República a un desangramiento sin precedentes en su historia.

Lo sucedido ayer en Santa Cruz es, probablemente, la primera expresión de la madre de las batallas que ha comenzado a librarse en el país, entre un Gobierno que no pretende ceder ni un solo milímetro en sus propósitos, y unas regiones que no están dispuestas a someterse a la verticalidad de un proyecto político que no representa al conjunto de la sociedad boliviana

http://correodelsur.com/2008/0910/reader.shtml?violencia.htm

Violento saqueo de oficinas del Estado en Santa Cruz

Los unionistas y universitarios arrinconaron a los policías y militares, y tomaron reparticiones del Estado, entre ellas el canal 7. Saquearon las instalaciones de Entel y bloquean el aeropuerto de Viru Viru. La tensión persiste. El Plan Tres Mil se organiza.
Luego de más de ocho horas de insistentes arremetidas, los unionistas y universitarios de Santa Cruz lograron vencer la resistencia de los militares y policías, y tomaron y saquearon con violencia el INRA, Impuestos, Entel, canal 7 y el CEJIS, además de Migración. A su paso golpearon a varios conscriptos, a los que les quitaron sus armas.
Los gases lacrimógenos no contuvieron a la turba que, a medida que pasaban las horas, crecía en número, agresividad y violencia. Varias calles se convirtieron en verdaderos campos de batalla.

Las escaramuzas empezaron a las 10.30, cuando unionistas y universitarios cercaron la calle Sucre, donde se encuentran las oficinas de Impuestos. La Policía y los militares contuvieron varios intentos de toma, pero al final cedieron.

En medio de la calle se armaron improvisadas barricadas desde donde manifestantes y policías intercambiaron gases lacrimógenos, piedras y petardos.

La turba venció a las 15.30 y luego derribó las puertas de Impuestos. Los uniformados fueron rebasados y obligados a salir de estos predios en medio de golpes y secuestro de algunas armas de fuego y equipo antimotines. Otros escaparon por el techo y se refugiaron en el hotel La Paz, ubicado tras estas oficinas públicas.

Cubiertos con barbijos y armados con palos, los unionistas ingresaron a Impuestos. El director de Autonomía de la Prefectura, Carlos Dabdoub, estuvo en los hechos y anunció: “Santa Cruz no se va a rendir jamás”.

Empero no pudo evitar que se golpeara a conscriptos que a gatas, ensangrentados y sin armas, cascos ni escudos, huían.

Entonces sonaron las campanas de las iglesias y la movilización comenzó a crecer. Los policías no se salvaron y uno de ellos dejó su motocicleta para escapar.

“Todo militar que dispara contra su pueblo es un criminal”, decía una persona que mostraba un arma que quitó a los soldados. Al mediodía, en La Paz, el viceministro de Gobierno, Rubén Gamarra, advirtió que “cualquier daño personal o material por la escalada de violencia que la Unión Juvenil realiza, tiene sus responsables y son Branko Marinkovic y Rubén Costas”.

En el ambiente cruceño aún se respiraba la tensión y los gases lacrimógenos parecían haber perdido todo efecto pasado el mediodía. No muy lejos, los discapacitados —en su intento de tomar el INRA— fueron reprimidos.

Por horas, los policías y militares resistieron la arremetida unionista en la calle Ñuflo de Chávez, pero no lograron impedir que uno de los movilizados, a bordo de un vehículo cuatro por cuatro, rompa la puerta del garaje de esta institución. Las fuerzas del orden cedieron otra vez a la agresión y a las 16.00 el INRA fue ocupado. Luego los manifestantes arrojaron a la calle documentos y equipos de computación que después fueron quemados.

Esto motivó que busquen nuevos blancos y, en ese afán, identificaron a Entel. Con pedradas y petardos rompieron los ventanales del edificio y doblegaron la custodia policial. Ingresaron y saquearon estas oficinas, llevándose celulares y computadoras, mientras que desde lo alto arrojaban gorras y otros materiales. Un comunicado de la empresa informó que hay pérdidas por 20 millones de bolivianos y daños a equipos de transmisión de las redes ATB, PAT y Unitel.

Las ambulancias eran requisadas antes de ingresar a zonas de conflicto para socorrer a más de una veintena de heridos, entre los que se encontraba el ex dirigente empresarial José Céspedes, con una herida de gas en el rostro.

Una hora más tarde, a las 17.00, los unionistas tomaron el Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones Sociales (CEJIS), que aportó con ministros al gobierno de Evo Morales. Uno de ellos, el ministro de Agricultura, Carlos Romero, lamentó el suceso.

Antes, las oficinas de la gubernamental Patria Nueva sufrieron un atentado que la obligó a suspender emisiones. También tomaron y destrozaron los equipos del canal 7.

En la noche, varias personas se trasladaron hasta Migración y la ocuparon pacíficamente, ante la ausencia de resistencia policial. Mientras, los militares reforzaban su presencia en el aeropuerto de El Trompillo y otros grupos bloqueaban el ingreso al aeropuerto de Viru Viru.

Luego de los hechos de violencia, mucha gente se congregó en la plaza 24 de Septiembre. El dirigente cívico Roberto Gutiérrez, desde un megáfono, llamó a mantener una vigilia en las instituciones tomadas.

Desde el Palacio, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, destacó “la templanza de nuestros militares” ante las agresiones; y su colega de Gobierno, Alfredo Rada, denunció un intento de “golpe cívico-prefectural”.

En el Plan Tres Mil, con fuerte presencia masista, los vecinos comenzaron a organizar la resistencia.

El prefecto cruceño, Rubén Costas, dijo que lo sucedido en esta capital, como en el resto de las regiones de oposición, “no es un golpe de Estado, ni un golpe cívico-prefectural”, sino una respuesta “a la violencia y represión de un Gobierno fascistoide”.

“Cualquier daño...tiene sus responsables... Branko Marinkovic y Rubén Costas”

Rubén Gamarra, viceministro de Gobierno.

“Lo sucedido hoy y lo que pueda suceder es única y exclusiva responsabilidad de Evo Morales”

Prefecto, Rubén Costas

El MAS sigue lineamiento programático del MNR

Evo Morales resulta ser heredero de los procesos instaurados por los emenerristas. ¿El Movimiento Al Socialismo (MAS) tras las huellas del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)?

Un análisis programático reveló que el MAS incorporó en su plan de gobierno políticas de Estado que el MNR aplicó durante su gestación como partido político en la década de los años 50 del pasado siglo, cuando mantuvo un fuerte lazo ideológico con campesinos y mineros.

Según el analista político Fedor Pérez Alcalá, el Movimiento Al Socialismo, enemigo declarado de los emenerristas, surgió por efecto de los principios doctrinarios que el MNR constituyó en 1942, 10 años antes de la revolución, reafirmando una fe en la raza mestiza, la redención del indio y el fomento la educación indígena.

“Hoy, las bases obreras, campesinas y la clase media del MNR están en el MAS. Abandonaron el ‘gonismo’ (en alusión a Gonzalo Sánchez de Lozada), pero no la doctrina. No son socialistas ni comunistas. De esa manera, Evo Morales resulta ser un heredero de la revolución nacional”, afirmó.

Pérez Alcalá aseveró, además, que el éxito del Presidente de la República dependerá de que privilegie el interés nacional y de los bolivianos “verdaderamente pobres”, frenando los intereses “mezquinos” de grupos populistas, como los cocaleros, los cooperativistas mineros y contrabandistas, entre otros.

“El MNR, adaptándose a los cambios mundiales mantuvo vigente sus principios entre 1942 y 1985. En el último año Víctor Paz Estenssoro predijo: ‘Las banderas de abril las conservaremos en cofre de seguridad por 20 años’. En 2005, el MAS ganó las elecciones, abrió el cofre del programa emenerrista, lo recalentó, le quitó su esencia revolucionaria y lo reabutizó como un ‘proceso de cambio’ o como ‘socialismo del Siglo XXI”, agregó.

En ese sentido, el analista advirtió que hay coincidencias entre el programa político emenerrista, tanto de 1952 como de 1985, con el del MAS, como la aplicación del voto universal, en 1952, que permitió a dos millones de campesinos emitir el sufragio, hecho que ahora el partido en función de gobierno quiere profundizar para ampliar la democracia originaria.

El experto dijo también que otro punto entre las similitudes está en que el MNR nacionalizó las minas con expropiación de yacimientos y el Movimiento Al Socialismo hizo algo similar en el rubro del gas y el petróleo, pero sin expropiación.

Por otro lado, recordó que los emenerristas impulsaron la reforma agraria, sobre todo en el occidente, mientras que el MAS busca aplicar su nueva ley de tierras, especialmente en el oriente.

Otra coincidencia se refiere, dijo, a la Ley de Participación Popular y el Bono Solidario (Bonosol). En el primer caso, el MNR incorporó las autonomías municipales, mientras que el partido gobernante promueve los autogobiernos comunitarios.

En el segundo caso, Pérez Alcalá mencionó que el movimientismo revolucionario fue gestor del Bonosol, política fortalecida por la creación de la Renta Dignidad. “No se trata más que de un Bonosol mejorado”, agregó.

Por otra parte, mencionó que el MNR postuló la alianza de clases de obreros, campesinos y empresarios nacionales, excluyendo a las oligarquías con intereses extranjeros en 1942.

Ahora, dijo que El MAS creó la alianza de movimientos sociales populistas con escasa participación de la clase media y la burguesía nacional con las oligarquías.

Con respecto al tema, el analista político Jorge Lazarte manifestó que las coincidencias en el accionar entre el MAS y el MNR son más de forma que de fondo.

El experto dijo, como ejemplo, que los masistas pretendieron en una primera etapa erradicar a toda costa el neoliberalismo o economía de libre mercado implantado por los emenerristas en 1985.

“El MNR era nacionalista, mientras que el MAS tiende a ser nacionalista-indigenista. Las distancias son más grandes, la clase media no es masista como no son indígenas los campesinos”, explicó.

Asimismo, Lazarte sugirió que el partido en función de gobierno es comparable con el Movimiento Nacionalista Revolucionario de 1952, aquel que gozaba del apoyo de los sectores sociales.

“Son comparaciones nominales, pero los sentidos son distintos”, aseveró el analista, que subrayó que 1952, 1985 y 2005 son tiempos históricos distintos.

La nueva Constitución del MAS

Floren Sanabria G.

Unos 85 asambleístas, en diciembre de 2007, a los que no se les permitió el ingreso al recinto militar de Sucre, ni al paraninfo universitario de Oruro, donde a oscuras se concretó el ilegal proyecto de Constitución del Movimiento Al Socialismo, expresaban airadamente: “Frente al acontecimiento que representa la Asamblea Constituyente, como asambleístas elegidos en las urnas, estamos en defensa de la democracia, libertad y legalidad, para lograr un proceso incluyente que represente a toda la ciudadanía, consolidar la unidad del país, evitar la fragmentación del mismo, respetando nuestra diversidad étnica y cultural, de una manera honesta, abierta y de cara al pueblo, evitando se continúe con la consigna de ‘dividir para reinar’ que viene propiciándose desde Palacio de Gobierno”.

Después de un año y cuatro meses, la Asamblea Constituyente únicamente ha servido como instrumento político del MAS, por su afán de consolidar una visión autoritaria, rompiendo los preceptos democráticos que debieron orientar el proceso constituyente, como un encuentro de la diversidad boliviana para construir un Pacto Social que permita al pueblo proyectar un Estado autonómico, progresista e influyente. Un acuerdo por la unidad, que debe tener por objetivo la defensa intransigente de la legalidad, ante el accionar antidemocrático de la directiva del MAS y sus asambleístas, violando y vulnerando la Constitución Política, las Leyes de Convocatoria y de Ampliación de la Asamblea Constituyente y su Reglamento con la complicidad e injerencia permanente del Poder Ejecutivo, ocasionando el fracaso del trabajo de las y los constituyentes, al modificar de forma irregular el Reglamento de Debates, evitando así la presentación, lectura y deliberación de los informes de las 21 comisiones.

En el marco de todos estos procedimientos irregulares, se trató sólo el índice de la propuesta masista, engañando al pueblo con la cínica publicación de un proyecto de texto constitucional supuestamente aprobado en grande, que nunca fue leído ni deliberado y cuya autoría corresponde a algunos asambleístas y sus asesores extranjeros. La legitimidad estuvo ausente al obstaculizarse la presencia de 110 constituyentes, del pueblo y de los medios de comunicación, conculcando la libertad y la transparencia necesaria para redactar un texto constitucional democrático, al haberse realizado en una sesión ilegal a puertas cerradas en un recinto militar cercado por fuerzas militares, policiales y milicias civiles del MAS, mientras se ejercía una represión violenta y sangrienta al pueblo chuquisaqueño. Luego, se trasladaron con prisa a Oruro, allí también a media luz, a puertas cerradas con fuerte custodia policial en una universidad, se puso punto final.

La moralidad, que implica consecuencia con el mandato popular, y las esperanzas de todos los bolivianos, depositadas en el proceso constituyente, para eliminar la discriminación, lograr la pacificación del país y consolidar un Estado con Autonomías Departamentales, fueron traicionadas por el MAS y por oscuros políticos constituyentes “trásfugas” que, desconociendo el voto ciudadano, fungieron con premeditación y alevosía de cómplices del oficialismo.

Ahora se trata de la imposición ilegal e ilegítima de un documento que pretende ser presentado al pueblo boliviano como proyecto constitucional, documento que a título de plurinacional, pulveriza la nacionalidad boliviana, promoviendo la desintegración territorial y social del país. Tal definición genera la posibilidad de llevarnos a un enfrentamiento entre bolivianos y consolida la posibilidad de reelección indefinida de Evo Morales Aima, por la pretensión de quedarse en el poder por 20 años, situación buscada desesperadamente por el Gobierno, que politiza la justicia mediante el sometimiento del Poder Judicial a la injerencia del partido actualmente gobernante, que somete la educación de nuestros hijos al proyecto político masista, que consolida, a título de un anacrónico “fascismo” disfrazado de “comunitarismo”, la subordinación del derecho a la propiedad, a los intereses de grupos raciales que limitan cualquier posibilidad de Autonomías Departamentales con la creación de otras formas de autonomías, pretendiendo constitucionalizar la eliminación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), regalías y otros recursos para mantener el “Estado centralista”.

Los asambleístas ignorados desconocían el proyecto del MAS, impuesto de forma ilegal, ilegítima y manchado de sangre en el Cuartel de la Glorieta, mediante el cual pretenden consolidar un Estado racista, totalitario y antidemocrático. Exigían que la Asamblea Constituyente retome el camino de la legalidad, en el marco del respeto a la Constitución, las leyes, el reglamento de la Asamblea y los valores democráticos, previo a cualquier convocatoria a sesión por parte de la directiva. Expresaban sin tapujos, valorar y reconocer el sacrificio de hombres y mujeres del pueblo chuquisaqueño al ofrendar su sangre en defensa de la unidad nacional, de la democracia y la libertad en el proceso constituyente. Asimismo, de los ciudadanos de los demás departamentos que se habían pronunciado en esta lucha y exigían al Congreso Nacional iniciar un juicio de responsabilidades a los autores de la represión y gestionar la indemnización a las familias de heridos y fallecidos en las masacres de La Calancha y otras regiones.

Pedían denunciar ante organismos internacionales la violación sistemática que viene imponiendo el gobierno masista a los Derechos Humanos y a preceptos democráticos, convocando a hacer seguimiento de estas violaciones y de más de 33 muertes en la gestión de Evo Morales a través de la presencia de comisiones de observadores extranjeros que certifiquen ante el mundo la ruptura del régimen democrático, con autoritarismo, soberbia, enfrentamiento y prepotencia que predominan en el país.

Quien siembra odios........

Por: Susana Seleme Antelo *


Cuando el presidente Morales y sus hombres recurren a la coerción, no sólo a cuenta de los aparatos represivos del Estado —Fuerzas Armadas y Policía— sino también a cuenta de los movimientos sociales organizados para imponer la hegemonía que buscan, asistimos a un escenario de naturaleza militar-civil violenta. Si agregamos como instrumento de lucha el uso malévolo de la propaganda, comunicación e información políticas y discursos incendiarios, tenemos un poderoso aparato de dominación ideológico, político, civil y militar.

Claro que resulta difícil definir cuál es la ideología del Gobierno por la confusión de sus protagonistas, mezcolanza indigenista con cosmovisión aymara centrista, trotskismo, populismo demagógico y prebendal, izquierda voluntarista y otros “ismos explosivos”. Pero la clave está dada por el intento de dominio étnico-cultural sobre la sociedad civil y dominación político-militar en todo el país, según dicen hasta el año 2020. Para ello cuentan con el histórico bloque campesino cocalero, fiel a su máximo dirigente, el propio Morales, desde hace más de una década. Mientras el Vicepresidente y los demás asumen sus tareas a partir de lecturas y prácticas mediante las cuales intentan “robarle el alma a los k’aras”. Es decir, robarles la forma de vida, la visión del mundo, la cultura y valores a mestizos, blancos y todo lo que no huela a “originario-indígena”, con el fin de destruirlos y hasta vetarles la condición de ciudadanos.

Sin embargo, quien siembra odios, cosecha violencia. Y eso es lo que están cosechando, merced a las fracturas del tejido social boliviano por los reconcomios, deseos de revanchas y castigos a los k’aras que alientan el Presidente, el “Vice” y sus hombres. A eso apuntan el combo-decretazo pensado para diciembre y el otro punitivo decreto que nuevamente apunta a los recursos de las prefecturas. ¡Que caretas! Pero si es así, pues al MAS les cobraremos todos los daños materiales, inmateriales y espirituales que le han hecho a la democracia y a la ciudadanía boliviana.

El sostenido bloqueo de las regiones del Chaco autonómico por la defensa del IDH, las tomas de instituciones del alicaído y desagregado Estado por parte de autonomistas, la militarización y gasificaciones en Beni, los enfrentamientos entre civiles, policías y militares trasladando armas en Pando, trifulcas y golpes entre masistas y no masistas en Santa Cruz, y otros enfrentamientos son respuestas a las provocaciones del Gobierno y sus representantes. Y como no logran, legal y democráticamente, 2/3 de votos en el Congreso para aprobar por ley el combo de diciembre de 2008, andan buscando conciencias de opositores para comprar sus votos: cuatro en el Senado y 19 en Diputados, según el senador masista Félix Rojas. En cualquier lugar, ésos son actos de corrupción. ¿Quién los denuncia y ante quién si todo está contaminado de ilegalidades y corruptelas?

Con 160.000 votantes no registrados en el Registro Civil sólo en Santa Cruz —¿cómo será en otras regiones?— pueden ganar elecciones, pero no tienen capacidad para el manejo gubernamental de esta crisis, que la han generado sólo ellos, y no los departamentos autonómicos ni sus autoridades políticas y cívicas. Los del Gobierno son duchos, eso sí, para la chicana, la trampa, la corrupción, el manejo de las masas, la mentira y la denuncia de golpes civiles. ¿Hasta cuándo seguirán sembrando odios y cosechando violencias? ¡No hay pueblo que lo resista!

* Politóloga