Oficialistas y opositores rechazan la ley electoral

La CIDOB y el Conamaq reclaman 29 escaños en la futura Asamblea Legislativa Plurinacional. El MSM no encuentra conveniente un referéndum simultáneo sobre las autonomías y estatutos; la oposición reclama por modificaciones.



• SECTORES DISCONFORMES • Un grupo de representantes del Conamaq protesta en la plaza Murillo por los escaños indígenas. Ayer se movilizaron para pedir 29 curules en el Congreso.


Representantes de la oposición y de las bases oficialistas rechazaron ayer el proyecto de Ley de Régimen Electoral Transitorio aprobado por el MAS en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, documento que, pese al rechazo, ingresó para su debate en el plenario.
Durante la mañana, representantes de la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) y del Consejo de Ayllus y Markas de Qullasuyo (Conamaq) se apostaron enfrente del Poder Legislativo para exigir la aprobación de 29 escaños indígenas, 15 más de los establecidos en el proyecto electoral.

El dirigente de la oficialista Conamaq, Elías Quelca, a través de una carta, solicitó al presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, paralizar el tratamiento de este proyecto hasta que se genere un escenario de consenso que permita atender sus demandas.

Mientras tanto, y en medio de una improvisada protesta en la plaza Murillo, su colega de la también oficialista CIDOB, Lázaro Tico, informó que solicitaron audiencia al presidente Evo Morales para hacerle conocer sus observaciones al proyecto que pasó al pleno de Diputados.

“Lo que le vamos a decir al Presidente es que no tomen, una vez más, decisiones unilaterales; que siempre nos escuchen a nosotros que también tenemos criterios, pensamientos”, afirmó.

El proyecto de ley aprobado por los diputados masistas de la Comisión de Constitución prevé la creación de 14 circunscripciones indígenas en la conformación de la futura Asamblea Legislativa Plurinacional, tres para La Paz y Santa Cruz, dos para Cochabamba y Beni, y uno para Chuquisaca, Tarija, Pando y Oruro.

Además de los escaños indígenas, las observaciones en el oficialismo se extendieron a la convocatoria simultánea a referéndum autonómico y de aprobación de estatutos para el 12 de julio en La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca. “No es posible; primero se tiene que aprobar la autonomía y luego el proceso posterior (los estatutos)”, reclamó el presidente del Concejo Municipal de La Paz y aliado del MAS, Luis Revilla.

La autoridad local, en el marco de un debate paceño sobre el futuro de las autonomías, también expresó su desacuerdo con la representación directa de indígenas en los concejos municipales, como fue definido en el proyecto de ley. “Eso no dice la Constitución, que es la ley mayor del ordenamiento jurídico”, señaló.

Ante los cuestionamientos, el vicepresidente Álvaro García dijo que este es un proyecto de ley que puede sufrir modificaciones pues su debate “no está cerrado”.

En la oposición, el diputado de Podemos Bernardo Montenegro dijo que no reconocen la legalidad de la sesión en la que la Comisión de Constitución aprobó el proyecto y anticipó que, “conscientes de que no tendrán eco los reclamos en Diputados”, presentaron otro proyecto en el Senado.

Dijo además que cuestionan que se haya fijado plazos para el empadronamiento electoral en el exterior, el cupo indígena (14), el referéndum autonómico y la representación directa indígena en los concejos ediles. Podemos plantea sólo tres cupos indígenas.
García indicó que si la oposición bloquea la ley en el Senado, la llevará a sesión de Congreso.


Piden trasladar la CNE a Sucre

En el marco del debate sobre el proyecto de Ley del Régimen Electoral Transitorio, el diputado del MAS por Chuquisaca, Bernabé Paredes, planteará hoy el traslado del cuarto Órgano Electoral a la Capital: Sucre.

Recordó que desde el Ejecutivo, en el marco de un diálogo impulsado por el vicepresidente Álvaro García, “se propuso el traslado del Órgano Electoral, lo que ahora debe cumplirse”.

“Como diputado de Chuquisaca, y siguiendo la línea del traslado de los poderes, solicito que se incluya el traslado del Órgano Electoral a la ciudad de Sucre”, insistió el legislador, quien exigió a la prefecta, Savina Cuéllar, y a las distintas organizaciones de Chuquisaca adherirse y apoyar esta reivindicación.

Paredes manifestó que una vez incluido el tema del traslado del Órgano Electoral a Sucre, los chuquisaqueños deberán proporcionar la infraestructura necesaria para su funcionamiento desde la capital del país.

El tratamiento de este proyecto de ley está en manos de la Cámara de Diputados y no incluye el traslado de poderes.


Elección de prefecto en Pando

Los senadores por Pando Róger Pinto y Paulo Bravo exigieron la convocatoria a una pronta elección de prefecto en Pando, para que la nueva autoridad —fruto del voto popular— encamine, junto al Gobierno, el diálogo sobre las autonomías.

“No podemos permitir más que un interventor militar del departamento de Pando (Rafael Bandeira) esté guiando el destino de un pueblo que ha votado por autonomía”, cuestionó el legislador opositor Bravo.

El Gobierno designó al almirante Bandeira como prefecto luego que su antecesor, Leopoldo Fernández, fuera remitido a la cárcel como consecuencia del juicio por la violencia en Porvenir, donde murieron 13 personas.

“Creo que ha llegado el momento de decirle al Gobierno que si quieren la Prefectura, que nos la ganen en las urnas y no un ministro que ha puesto por la fuerza a un interventor que ha utilizado la fuerza del Ejército para perseguir, para detener al Prefecto (Fernández)”, dijo Pinto.

No se animaron a fijar fecha para la elección, pero coincidieron en que debe ser en breve plazo.


El proyecto

Transitorio • Regirá las elecciones generales de diciembre, de prefectos y munícipes del 4 de abril del 2010, y los referendos autonómicos y de estatutos en La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba.

Indígenas • También prevé la constitución de municipios indígenas originarios campesinos, ya que ello les otorga una representación especial directa en los consejos departamentales.

Debate • El proyecto está en manos de la Cámara Baja.


http://www.la-razon.com/versiones/20090305_006657/nota_247_772720.htm

Inician campaña para llevar a Fernández a la Suprema

DEMANDA • La defensa del prefecto pandino presentó en la capital del país una solicitud para que se inicie un juicio de responsabilidades.



• VISITA A LA CAPITAL • Rubén Costas explica los resultados de la reunión con las autoridades judiciales; ocurrió ayer.


Prefectos y dirigentes cívicos de la denominada media luna iniciaron ayer una campaña para lograr que se instaure un juicio de responsabilidades al prefecto suspendido de Pando, Leopoldo Fernández, actualmente procesado en la justicia ordinaria por su presunta responsabilidad en los enfrentamientos de septiembre del 2008, cuando murieron al menos 13 personas en Pando.
La campaña coincidió con la presentación ante la sala plena de la Corte Suprema, de un memorial en el cual la defensa de Fernández solicita que esa máxima instancia judicial inicie el juicio de responsabilidades en Sucre, en el marco de la Ley de privilegio constitucional.

Sandra Almanza, abogada de la autoridad recluida en el penal de San Pedro de La Paz, explicó que presentó un memorial en el cual pide ´un pronunciamiento conforme a la línea jurisprudencial ya existente´, exigiendo además que se declare ´la incompetencia´ de los jueces y fiscales del Distrito de La Paz que asumieron el proceso.

Los prefectos Rubén Costas (Santa Cruz), Mario Cossío (Tarija) y Savina Cuéllar (Chuquisaca) junto a los dirigentes cívicos Luis Núñez y Jhon Cava, se reunieron ayer con la única magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, y luego fueron recibidos por la sala plena de la Corte Suprema.

La reunión prevista con el fiscal general, Mario Uribe, inicialmente pactada para la tarde de ayer, tuvo que ser suspendida debido a que esa autoridad se trasladó de emergencia a La Paz.

Cossío, en una conferencia de prensa ofrecida tras las reuniones, dijo que expresaron a las autoridades judiciales “la profunda preocupación por los riesgos que se ciernen en Bolivia, por el permanente atentado a las leyes, a las garantías constitucionales y al Estado de Derecho”, especialmente contra la oposición.

“Si la actuación del prefecto Fernández estuvo reñida o no con la ley, deben ser los tribunales llamados por ley y debe merecer un juicio justo y correcto, y es lo que hemos planteado, sin encubrir a nadie”, expresó Cossío.

Costas reiteró su total respaldo a Fernández y dijo que peleará contra las injusticias promovidas por el Gobierno. Sostuvo también que ayer comenzó una serie de visitas que continuarán con los senadores y luego “con los presos políticos” en el penal de San Pedro.

El lunes, el propio Fernández, a través de una carta abierta, pidió un juicio justo y conminó a sus acusadores a que demuestren con pruebas ante la Corte Suprema de Justicia su responsabilidad en la masacre de Pando. Redacción Sucre


EL JUICIO

Mecanismo • La defensa de Fernández recordó que un juicio de responsabilidades debe llevarse ´previa autorización congresal y con las formalidades de orden jurídico legal´.

Situación • Actualmente, el suspendido prefecto pandino se encuentra recluido en la cárcel de San Pedro, junto a otros presuntos responsables de los hechos de septiembre.


http://www.la-razon.com/versiones/20090305_006657/nota_247_772721.htm

El vicepresidente García defiende las casas del Alba

RESPUESTA


El vicepresidente Álvaro García calificó ayer como falso y político el informe de una comisión de congresistas peruanos que denunció injerencia venezolana y boliviana en asuntos internos del Perú desde casas del Alba. Contrariamente, dijo que estas casas sólo benefician a la población.
“Son problemas internos que sufre la política peruana, está claro que las casas del Alba se han hecho no para interferir en la vida política de ningún país, sino beneficiar a los ciudadanos”, afirmó, en respuesta al informe del Congreso peruano, en el que además se solicita al Gobierno de ese país elevar una protesta ante sus pares de Bolivia y Venezuela.

"Es una falsedad y una declaración de interés político," insistió García al referirse al informe de los parlamentarios peruanos.

http://www.la-razon.com/versiones/20090305_006657/nota_247_772725.htm

Gobierno y media luna se endurecen

Los prefectos de la oposición pusieron siete condiciones para reunirse con el Ejecutivo, entre ellas la liberación de quienes consideran presos políticos y la devolución del IDH. El Gobierno respondió que no aceptará chantajes.

Los prefectos de la denominada media luna pusieron ayer siete condiciones para sentarse en una mesa del diálogo con el Gobierno, exigencia que el Ejecutivo identificó como parte de un chantaje político que no está dispuesto a aceptar, aunque esto provoque el fracaso del diálogo.
Los prefectos se reunieron durante todo el día en Santa Cruz, con dos pequeñas pausas, una para recibir a los dirigentes cívicos, que también se reunieron en esa ciudad , y otra para la redacción de un comunicado oficial.

Aproximadamente a las 20.30, el prefecto anfitrión, Rubén Costas, hizo conocer la posición de las autoridades departamentales y, antes de mencionar las condiciones, anunció que decidieron iniciar una campaña nacional de reflexión con todos los sectores que se encuentren preocupados por el rumo de la democracia, “para analizar acciones que garanticen su plena vigencia”.

Luego anunció que los prefectos están dispuestos a reunirse con el Ejecutivo, pero “para concretar un gran pacto nacional y no así dialogar con agendas restrictivas como propone el Gobierno Nacional”. Para ello, dijo que el Gobierno debe generar un ambiente de confianza, exigencia que pasa por siete aspectos.

El primero, según el comunicado, es “el respeto pleno a los derechos humanos en Bolivia” y el segundo “la inmediata liberación de los presos políticos”, entre los que se cuenta el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, a quien además decidieron visitar.

Poco antes, también en Santa Cruz, el vicepresidente, Álvaro García Linera, había advertido que esta exigencia era inaceptable. “Me llama mucho la atención que se quiera encubrir la acusación y la investigación a una persona involucrada, aparentemente, con una masacre. Ni los prefectos ni ningún ministro puede interferir en las labores de la justicia”.

Cossío respondió a García y aseguró que Fernández “es un preso político y no un delincuente. No estamos planteando un manto de encubrimiento”, agregó.

Según el documento emitido por los prefectos, sus otras exigencias son: “el cese de las acciones de amedrentamiento y persecución en Pando y todo el país; poner fin a los procesos de acoso político promovidos desde el Ejecutivo contra personas, autoridades e instituciones; reposición de los recursos departamentales confiscados; restitución de la institucionalidad democrática en las prefecturas, intervenidas con funcionarios designados a dedo; respeto al voto soberano de nuestros pueblos, expresado en los estatutos autonómicos de cada departamento y, en el caso de Chuquisaca, respeto a su proceso autonómico”.

Carlos Romero, ministro de Autonomías y principal impulsor del diálogo que promueve el Gobierno para el martes 3 de marzo, rechazó la posición adoptada por los prefectos y anticipó que no cederán ante ningún chantajes.

“El Gobierno no va a ser víctima de chantajes. Está claro que ellos han puesto sistemáticamente pretextos y no le pueden pedir al Gobierno que se haga de la vista gorda con una masacre que se ha producido en Pando”, señaló, tras anunciar que “esto es innegociable”.

Respecto a la exigencia de respeto a los estatutos autonómicos, recordó que la Constitución define que sean sometidos a control constitucional y que, por tanto, eso tampoco se negociará. “Ya es suficiente de mentirle a la gente. Lo que estos señores quieren es simplemente inviabilizar cualquier proceso de concertación y de implementación de la Constitución, a riesgo inclusive de sacrificar la postergación de las autonomías”.

Para Romero, éstas “son sentencias que condenan la inviabilidad del diálogo con estos cuatro prefectos, por lo que espero que se sacudan de los condicionamientos a los que los someten sus comités cívicos”.
El prefecto Costas advirtió que “no seremos alcahuetes para limpiar la imagen de corrupción del Gobierno”.

Reunión nacional de cívicos

Los dirigentes cívicos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija convocaron para este lunes a sus pares del resto de los departamentos, a una reunión nacional cívica, en la capital oriental, con la finalidad de fijar una posición respecto a la coyuntura política y a las detenciones que se practican en Pando.

El cívico cruceño Luis Núñez informó que, tras el encuentro, se planea “una reunión del Consejo Nacional Democrático, que podría ser en Chuquisaca la próxima semana” para consolidar este bloque.

Núñez informó que se demandó a los prefectos de Beni, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca que se demande “se acaben las persecuciones, que liberen a los presos y haya un gran pacto a través del diálogo para que haya un buen resultado. Hemos tratado también el tema de que el Gobierno reconozca los estatutos”.

El cívico de Beni, Luis Alberto Melgar, dijo que “no debe existir ningún diálogo antes que no se convoque un encuentro nacional”. Su colega de Pando, Herbert Salvatierra, agregó: “no tienen que ir al diálogo con presos políticos”.

Respeto a la cultura oriental

Los líderes cívicos del oriente del país pidieron respeto a su cultura, en el marco de la nueva Constitución Política del Estado, y plantearon avanzar en el proceso de autogobierno amparados en la aprobación de sus estatutos autonómicos.

El cívico cruceño Luis Núñez reivindicó la nación oriental y recordó que “desde antes de la Colonia y después —cuando Bolivia es una República— conformó una nación oriental, dictada por todas las formas y las cosas que hacen las personas de este lado (del país)”.

Su colega de Pando, Herbert Salvatierra, explicó que no se trata de una intención de dividir el país, “porque Bolivia es una sola, pero con diversidad de culturas”. Paralelamente, Núñez anunció que seguirán en el camino de las autonomías a partir de sus estatutos autonómicos.

“Siempre lucharemos contra el poder central, porque nos quieren quitar hasta nuestra identidad”, advirtió y aseguró que no permitirán izar la wiphala en ningún colegio del oriente porque “aquí tenemos un solo escudo y una sola bandera”.

http://www.la-razon.com/versiones/20090228_006652/nota_247_770270.htm

Gobierno en el ojo de la tormenta por tema de los derechos humanos

• Para el ex defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, “es muy importante analizar el informe del Departamento de Estado, con mayor objetividad”.
• “Lo que interesa ahora, -dice-, es evaluar qué se puede hacer para que estos hechos nose repitan en el país”.
No le cayó nada bien al gobierno del presidente Evo Morales el informe sobre derechos humanos que publicó el pasado miércoles, el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

En el documento se informan algunas anomalías cometidas o permitidas por el Gobierno en contra de los ciudadanos, medios de comunicación y periodistas.

Por ejemplo, el Ejecutivo permitió que la intolerancia de sus simpatizantes descarguen su animadversión en aquellos opositores que salieron a las calles a protestar por diferentes causas.

IRRITACIÓN POLÍTICA

El mismo día en que fue publicado este informe, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, lo calificó como “inadmisible”, “políticamente motivado”, “sesgado”, “y que tiene una tendencia parcializada en su análisis”.

Pero la irritación política no quedó ahí: del Palacio Quemado saltó al Parlamento. Ahí, Ricardo Díaz, jefe de Bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Senadores, dijo que “Estados Unidos es un país que oprime, invade y no se somete a ningún convenio porque siempre ve su interés”.

Llorenti añadió que “gracias a este informe, habría llegado la hora de los países con dignidad, (y) también vigilar la situación de los derechos humanos en Estados Unidos”.

CASOS CONCRETOS

Para el ex defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, es muy importante analizar el informe del Departamento de Estado “con mayor objetividad”.

“No interesa de dónde venga el informe, -dice-, lo que interesa es analizar qué se puede hacer para que estos hechos no se repitan en el país”.

De lo contrario, salen a flor de piel los complejos políticos que nublan el razonamiento y conducen a que las personas rechacen éste o cualquier tipo de informe.

“Hay que partir de la idea que el Gobierno boliviano, en general, ha respetado los derechos humanos, eso dice el informe”, explica Albarracín.

Respecto a los datos particulares en los que se detiene el informe, el ex Defensor opina “que no hay una sola norma que le prohíba al Estado boliviano identificar responsables, investigar sobre hechos delictivos que se hayan cometido en el país”.

Considera que más bien, ésa es su obligación. “Pero esas investigaciones, acusaciones, enjuiciamientos, y finalmente, sanciones tienen que cumplirse garantizando el respeto a los derechos constitucionales de las personas”.

“El Gobierno no necesita de encapuchados para hacer detenciones a los supuestos culpables de delitos”, subrayó Albarracín.

“OMISIONES” DEL INFORME

Para Patricia Flores, Delegada Adjunta de Promoción y Análisis del Defensor del Pueblo, en este informe hay interpretaciones subjetivas y datos objetivos.

“El informe, -explica Flore-, asocia el linchamiento con justicia comunitaria. La normativa Internacional en Derechos Humanos tipifica al linchamiento como un delito. La justicia comunitaria no reconoce al linchamiento como parte de sus medidas de sanción”.

Flores añade también que “el informe del Departamento de Estado obvia detalles sobre la servidumbre y el patronazgo; obvia detalles sobre discriminación y abusos sociales de los hechos ocurridos en la Calancha, o los problemas de discriminación durante el proceso Constituyente, o el maltrato y que terminaron con lamentables sucesos ocurridos en Sucre”.

LO QUE DEBERÍA DECIR

El ex Defensor del pueblo opina que es ponderable que Estados Unidos se preocupe por la situación de los derechos humanos en cada país, “pero sería también importante que amplíe sus informes sobre la situación de los derechos humanos en el propio país y en aquellos que sufren consecuencias por las decisiones políticas de Estados Unidos”.

Por ejemplo, la situación en la que varios presos políticos de Guantánamo, “que viven en condiciones de objeto”.

Las muertes de civiles o de familias completas a causa de la invasión militar de las tropas estadounidenses en Irak y Afganistán.

“Sólo entonces, -añade Albarracín-, este informe sería más creíble (fiable), más imparcial, más ecuánime”.

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Gobierno rechaza liberar presos por diálogo y habla de aplazarlo

El Conalde reitera demanda de liberar a “presos”, pero el Ejecutivo la rechaza y la califica de “chantaje”.

El Gobierno volvió a rechazar ayer la liberación de “presos”, una de las condiciones de los prefectos de la “media luna” para dialogar sobre las autonomías, pero abrió la posibilidad de que el encuentro, previsto para este martes 3, pueda ser aplazado hasta el 10 de marzo, ello en razón a una solicitud que hizo la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM).

El ministro de Autonomías, Carlos Romero, dijo ayer que esa probabilidad tendrá que ser definida por los actores involucrados, para lo cual se hacen las respectivas consultas a los sectores sociales y gobiernos departamentales afines al Ejecutivo.

Una decisión sobre si el encuentro se desarrolla el martes 3 o una semana después será comunicada, según la autoridad, a primera hora de este lunes.

El ministro explicó que la organización que agrupa a los 314 municipios del país solicitó una semana más, hasta el 10 de marzo, para concluir su propuesta para la implementación de las autonomías departamentales, municipales, indígenas y regionales.


Contraofensiva

Tras una reunión realizada en Santa Cruz, el viernes 27, las autoridades departamentales Rubén Costas, de esta ciudad; Ernesto Suárez, de Beni; Mario Cossio, de Tarija, y Savina Cuéllar, de Chuquisaca, resolvieron condicionar un posible diálogo sobre autonomías. Uno de los principales requierimientos es la liberación de los detenidos por los hechos de septiembre de 2008 en la localidad de Porvenir (Pando), entre los que se encuentra el ex prefecto de ese departamento Leopoldo Fernández.

También las autoridades exigieron la devolución de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que es destinado al pago de la Renta Dignidad, el cese del amedrentamiento, la restitución de la institucionalidad de la prefectura pandina, el respeto a los estatutos autonómicos y los resultados de los referendos que se realizaron el año pasado en los departamentos opositores al Gobierno.

El vicepresidente Álvaro García Linera, el ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, y el ministro de Autonomías, Carlos Romero, señalaron, por separado, que la principal demanda no está en manos del Ejecutivo, sino de la justicia del país.

García Linera expresó su extrañeza respecto de que algunas autoridades regionales quieran “encubrir la acusación e investigación a involucrados en hechos de muerte”.

El Vicepresidente consideró que si los prefectos tienen “compromiso con sus regiones y voluntad de acelerar las cosas, y con propuestas, estarán presentes en la mesa de negociaciones”.

“Pese a ello (a que no asistan al diálogo), igual nosotros tenemos el compromiso de ir dando pasos sustanciales para la implementación de las autonomías y de la nueva Constitución Política del Estado”.

El ministro Arce calificó como un “chantaje” las peticiones de las autoridades departamentales de oposición. “Eso (liberación de detenidos) en ningún Estado se puede permitir, es totalmente inaceptable”.

Además cuestionó el hecho de que los prefectos hayan enarbolado la lucha por la autonomía departamental, cuando, según él, en realidad no la quieren.

Romero también calificó de “irracional e inaceptable” el pedido de canjear presos por diálogo. Por ello, los emplazó a sentarse en una mesa de negociación, dejar de poner “demasiadas” piedras en el camino y comenzar a debatir con argumentos técnicos.

Frente a esta situación, el secretario General de la prefectura de Tarija, Mauricio Lea Plaza, reiteró ayer que los prefectos no dialogarán con el Ejecutivo, en tanto no se cumplan las demandas que fueron expuestas.

El funcionario ha advertido de que el Gobierno decide qué mecanismo seguir, si la vía del diálogo o de la confrontación. Pero espera que el Ejecutivo encare con una actitud positiva un posible acercamiento.

El encuentro por las autonomías comenzó el 17 de febrero sin la “media luna”.


Tarija prepara su cumbre departamental

Después de la reunión del Consejo Nacional Democrático (Conalde) el viernes 27, la Prefectura de Tarija continúa preparando su encuentro departamental, que se realizará entre el 4 y 6 de este mes.

En esa cita participarán diversos sectores sociales, entre ellos cívicos y gremiales, quienes después de un análisis tomarán determinaciones sobre la forma en que encararán el proceso del diálogo con las autoridades nacionales respecto a las autonomías departamentales.

Sin embargo, el prefecto Mario Cossio ya había anunciado que no incluirán ninguna modificación a los estatutos autonómicos, que fueron aprobados en mayo de 2008. La nueva Constitución Política del Estado establece que esos documentos deben ser compatibilizados con el nuevo texto constitucional.

El secretario General de la Prefectura de Tarija, Mauricio Lea Plaza, manifestó que esa región está predispuesta a asistir a un diálogo, pero “de verdad” y sin engaños. Éste recordó que en septiembre del pasado año, los prefectos fueron convocados a Cochabamba, donde sólo fueron presionados por el Gobierno y no se llegó a ningún acuerdo.

Sin embargo, existen divergencias entre organizaciones tarijeñas afines a la Prefectura y los que apoyan al Gobierno. Por ello, las organizaciones campesinas de esa región y los parlamentarios masistas han advertido con realizar una cumbre paralela, en caso de que no sean invitados por la Prefectura tarijeña.

El diputado de Tarija Eulalio Sánchez (MAS) criticó la postura del prefecto Cossío y de sus colegas, quienes resolvieron condicionar su asistencia al diálogo con el Ejecutivo.

Sánchez, en declaraciones a la agencia ANF, expresó que los parlamentarios del oficialismo y de la oposición están molestos por la negativa del Prefecto a sentarse en una mesa de concertación. “Nosotros siempre estuvimos dispuestos a dialogar con el Gobierno, discutir, acordar y, en su caso, construir pactos, pero primero necesitamos acordar algo concreto en el encuentro”.



El proyecto del Gobierno

El Conalde insiste con la liberación de “presos” antes de iniciar un diálogo.

El Gobierno rechaza sus demandas que son calificadas como un “chantaje”.

El Ejecutivo estudia la posibilidad de postergar la reunión con los prefectos hasta el 10.


http://www.laprensa.com.bo/noticias/01-03-09/01_03_09_poli3.php

La expulsión de Ramírez está en la agenda del MAS

Motivo • La presunta corrupción del ex titular de YPFB preocupa a los masistas.


El Tribunal de Honor del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) se reunió recientemente para analizar la probable expulsión del ex presidente de la estatal YPFB, Santos Ramírez, quien está detenido en la cárcel de San Pedro, en el marco de un juicio de corrupción pública.
Así lo confirmó el senador Lino Villca (MAS), quien además es uno de los fundadores del partido que dirige el actual presidente Evo Morales Ayma.

El senador Villca explicó que existe un "proceso de expulsión" que debe ser resuelto próximamente y, en ese marco, evitó adelantar criterios respecto a las valoraciones que servirán de base para el análisis de la situación política de Ramírez.

Ramírez fue recluido preventivamente en el penal de San Pedro en el proceso judicial que se instaló en su contra por haber cometido daño económico al Estado, entre otras omisiones, durante el ejercicio de sus funciones al mando de la estatal petrolera, considerada el buque insignia del programa de nacionalizaciones que promueve el Gobierno.

Villca explicó que el Tribunal de Honor del MAS es la instancia que tiene facultades para decidir sanciones respecto a las implicaciones que afectaron a Ramírez y a la imagen del Gobierno.

La carrera política de Ramírez cobró notoriedad cuando presidió la Comisión de Desarrollo Económico de Diputados; luego, durante el primer año del gobierno del MAS llegó a presidir el Senado y en tal condición llegó a ser Primer Mandatario en ejercicio por unas horas, en ausencia temporal de Morales Ayma y del vicepresidente, García Linera. ANF

http://www.la-razon.com/versiones/20090228_006652/nota_247_770273.htm