La hora de la verdad en YPFB

Una de las banderas del Presidente para llegar al Palacio fue la lucha contra la corrupción... Llegó la hora de demostrarlo con los involucrados en prisión. De lo contrario, quedará la impresión de que el Gobierno se ocupa de encarcelar a sus opositores... pero no a sus dirigentes o militantes.
Los acontecimientos sucedidos a partir del atraco y asesinato del empresario Jorge O ’Connor D ’Arlach no dan respiro a los medios de comunicación y, por ende, a la opinión pública nacional. Y esto, contrariamente a lo que podrían pensar los implicados de manera directa o indirecta, al menos en lo que respecta a La Razón, no obedece a un afán especulativo ni perturbador, nada más lejano a la política de este periódico.

Nadie puede negar que los hechos registrados a partir del 27 de enero de este año no dejan de conmover a muchos bolivianos que siguen de cerca el curso de las noticias relacionadas con el volteo de una coima presuntamente dirigida a Santos Ramírez, ex presidente de YPFB, alto dirigente del MAS y hombre cercano al reducido círculo de poder del presidente Evo Morales.

Una vez conocidos varios detalles de la macabra operación que culminó con una persona muerta y el robo de 450 mil dólares, la atención se centra en la resolución del caso que se inició con un contrato bastante particular entre la estatal petrolera y la enigmática empresa Catler-Uniservice. Y la expectativa, por cierto, no es para menos: el futuro del gobierno de Morales, o una buena parte de él, depende del final de esta historia.

La investigación está en marcha desde distintos frentes y habrá que esperar su finalización para calibrar qué ocurre en el Gobierno o, por lo menos, quiénes utilizan mal el poder en la administración estatal.

Desde ya, la comisión interventora de YPFB, encabezada por la viceministra Nardi Suxo y el ministro Héctor Arce, ha informado a la comisión del Senado que también investiga esta presunta corrupción, que se han identificado elementos dolosos, como por ejemplo el incumplimiento de deberes, contratos lesivos y daño económico al Estado, además del uso indebido de influencias.

Las averiguaciones en torno al proceso de adjudicación y licitación de la planta de separación de líquidos del gas, seguramente, determinarán más datos en vista de que la operación tiene evidentes signos de irregularidades. De principio, se concretó mediante una contratación directa, amparada en un decreto del propio Morales, pero, a la vez, violó esta norma porque el contrato no fue aprobado por el directorio de la petrolera estatal.

La planta separadora de líquidos es una de las obras estrella del proceso de nacionalización de este gobierno. Por lo tanto, la administración de Morales debe manejarse con cuidado porque encubrir lo sucedido sería un error que podría costarle caro.

Por lo pronto, se han dado señales destacables. El presidente Morales destituyó a Ramírez y anunció que la investigación seguirá su curso, hasta las últimas consecuencias, “caiga quien caiga”. El vicepresidente Álvaro García adelantó el criterio de que hubo “extorsión económica” al Estado y “corrupción”. Y, en la misma línea de Morales, dijo que el Gobierno será “implacable en la sanción a los corruptos, sea quien sea”; aunque, no dejó de confiar en la inocencia del ex presidente de YPFB.

Una de las banderas del Presidente para llegar al Palacio fue la lucha contra la corrupción, diferenciándose del anterior sistema de partidos políticos. Llegó la hora de demostrarlo con los involucrados en prisión. De lo contrario, quedará la impresión de que el Gobierno se ocupa de encarcelar a sus opositores, como el prefecto Leopoldo Fernández, pero no a sus dirigentes o militantes.


http://www.la-razon.com/versiones/20090206_006630/nota_245_759069.htm