• EN LA PAZ • La concejal de Porvenir, Nilma Benegas Becerra, es escoltada por policías en los juzgados. Fue el viernes 20.
Con el objetivo de lograr la libertad de los tres detenidos pandinos, acusados de participar en la matanza de campesinos en Porvenir, la defensa legal de éstos recurrirá a una nueva demanda de acción de libertad (antes hábeas corpus) que el viernes 20 no fue resuelta, debido a que el juez se declaró incompetente para revisar la figura que está en la nueva Constitución Política del Estado, pero carece de reglamento.
Jhonny Castelú, abogado defensor de los pandinos, manifestó a La Razón que “en Pando hemos presentado el mismo recurso (acción de libertad o hábeas corpus) y esperemos que el resultado sea otro porque no podemos estar en un Estado sin ley”.
El viernes, el juez de Sentencia, Norberto Chávez, se declaró incompetente para conocer esa misma demanda con el argumento de que la figura de acción de libertad que establece la nueva Constitución no está reglamentada y que el hábeas corpus ya no existe en la Carta Magna.
Esa decisión permitió que la jueza 7° de Instrucción en lo Penal Cautelar, Betty Yañíquez, vea el caso y determine la detención en la cárcel de San Pedro de Edwin Ventura Börth, alcalde de Porvenir; Hernán Justiniano Ugarte, concejal municipal; y Roberto Rea Ruiz, oficial mayor de ese mismo municipio.
Mientras que otorgó medidas sustitutivas a la detención preventiva a Wilson da Silva Rebollo, Nilma Benegas Becerra (concejales de Porvenir), Hugo Mopi Soliz (ex jefe de Comunicaciones de la Prefectura de Pando) y Marial Peña (dirigente de los trabajadores de la prensa).
Castelú señaló que el objetivo es lograr la liberación inmediata de las tres primeras personas y, en el caso de las últimas cuatro, se pedirá que se modifiquen las medidas sustitutivas, toda vez que Yañíquez determinó que esos ciudadanos se presenten dos veces por semana en la Fiscalía de La Paz y tengan dos garantes.
Castelú dijo que eso impediría que los detenidos regresen a sus hogares en Pando, donde viven, tienen trabajo y a su familia.
Entretanto, los siete pandinos continúan en celdas de la Corte Superior de Justicia de La Paz y se quedarán ahí hasta el próximo miércoles cuando se retomen las actividades judiciales después del feriado de Carnaval.
El fiscal que atiende el caso, Félix Peralta, señaló que la decisión de la jueza fue acertada y que hay más órdenes de aprehensión contra sospechosos.
El Gobierno está satisfecho por las detenciones
El Ejecutivo expresó ayer su satisfacción por la decisión de la jueza 7° de Instrucción en lo Penal, Betty Yañíquez, quien envió a la cárcel de San Pedro de La Paz a tres pandinos acusados de participar en la matanza de campesinos de Porvenir.
“Creo que el Poder Judicial está dando muestras de que se va a avanzar en la investigación pese a todas las presiones... hay tres nuevas personas que están siendo remitidas a la cárcel de San Pedro y, bueno, creo que esto hace que fracasen todos aquellos intentos que, munidos de mentiras y de insultos, trataron de obstaculizar la averiguación de la verdad”, afirmó ayer el ministro de Gobierno, Alfredo Rada.
Su colega de Defensa, Walker San Miguel, afirmó que “la juez cautelar ya ha definido las medidas cautelares y todos están en un proceso, así que si alguien tenía dudas de que esas detenciones eran ilegales, ahí está la prueba, hay un juicio y ojalá lleguemos a la verdad porque no puede haber impunidad de los crímenes de Porvenir”.
Yañíquez envió ayer a tres pandinos a la cárcel y a otros cuatro les dio libertad condicional.
La decisión provocó una serie de críticas, luego de que se denunció que las detenciones fueron ilegales y un juez de garantía se negó a resolver un recurso de acción de libertad (hábeas corpus) tras declararse incompetente.
http://www.la-razon.com/versiones/20090222_006646/nota_247_767103.htm
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