lunes, 23 de febrero de 2009
Fundadores del MAS se sienten excluidos por Evo
Los actores centrales de la fundación del partido de Gobierno cuestionan al Presidente porque los cargos del Ejecutivo están ocupados por “gente oportunista”, que no participó de las luchas sociales, y porque se los ve “como incapaces”.
Los fundadores del Movimiento al Socialismo (MAS) sienten que son relegados por el Poder Ejecutivo, liderado por el presidente Evo Morales, pues se habría rodeado de “gente oportunista” y, más bien, quienes deberían tomar decisiones son vistos “como incapaces” y ocupan cargos sin relevancia o se desempeñan como funcionarios públicos.
“Ni el 10 por ciento de los que iniciaron el proyecto del MAS son parte del aparato estatal y los que están en el Gobierno solamente tienen un puesto de bajo nivel, ninguno en el que se tome decisiones políticas nacionales”, afirmó Román Loayza, uno de los fundadores del movimiento cocalero e indígena, además de constituyente (2006-2007).
Sin embargo, Loayza responsabiliza de esta situación a los mismos dirigentes de los movimientos sociales que “no supieron proponer un gabinete” desde el inicio de la gestión Morales.
En tanto que el senador masista Lino Villca siente que con la “gente oportunista”, en el Gobierno, el espíritu original del movimiento indígena se diluye debido a una nueva perspectiva política trazada por el gabinete del presidente Morales.
“Se ha levantado una cortina de humo alrededor del hermano Evo Morales que no lo deja avanzar según el objetivo original”, subrayó.
Sin embargo, según el senador Villca, “tal vez él —presidente Evo Morales— ha decidido ir por ese lado y es su estrategia política para lograr un espacio con la gente de clase media. Yo un poco siento que a nosotros —el movimiento indígena originario— se nos ve como incapaces, y eso es mentira y una canallada, yo no quiero creer que se tenga ese concepto en el Poder Ejecutivo”.
Más radical todavía, el ideólogo del MAS, Filemón Escóbar, aseveró que una “inteligencia delincuencial” se apropió del partido de los movimientos sociales sin siquiera haber sido partícipes de la lucha social.
El ex vocero presidencial, Álex Contreras, fue más amplio en su mirada, pues explicó que el MAS está conformado principalmente por los movimientos sociales y éstos cambian a sus dirigentes durante todo el tiempo.
Dijo que hay una especie “de evolución, no sería posible que los fundadores originales del partido aún sigan siendo parte de la directiva nacional”. Sin embargo, cuestionó el hecho de que en la conformación del último gabinete no se haya tomado en cuenta a los indígenas del Chaco, del Oriente y la Amazonía del país, pese a que con la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), Bolivia es un Estado plurinacional.
El ex vocero de Morales recordó que en 1990 los indígenas del Oriente y la Amazonía realizaron la “Marcha por el Territorio y la Dignidad” (de Trinidad a La Paz) en demanda de una Asamblea Constituyente que les garantice tierra, territorio y autodeterminación. Después se realizaron otras cinco marchas de otros puntos del país hacia La Paz que tuvieron el mismo pedido.
El primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Hilario Calizaya, quien fue uno de los difusores de la ideología del MAS en el altiplano, afirma que “cuando un partido político crece se suman muchos personajes interesados, pero cuando es pequeño solamente los que comparten los principios del partido son los que participan y su trabajo es desinteresado, sin pensar en ninguna otra recompensa que los objetivos cumplidos”.
Calizaya anunció que las organizaciones afines al MAS realizarán un panel para recoger sugerencias, después serán enviadas al presidente Morales.
Recordó que con los dirigentes Héctor Mamani, Segundino Vargas y Julio Ramos recogió sugerencias en las poblaciones de Achacachi, Sorata, Copacabana, Pucarani, Laja, Puerto Pérez y Batallas y en la provincia Aroma.
Las propuestas, continuó, fueron enviadas al Primer Mandatario, pero ninguno fue tomado en cuenta en las políticas sociales y mucho menos los nombres sugeridos ahora son parte del gabinete gubernamental. “Ahora, las sugerencias que serán recogidas, serán hechas públicas, comunicadas a través de los medios de comunicación”, añadió.
Los entrevistados dijeron, por separado, que los sectores sociales protestaron porque en el último cambio de ministros no se haya aumentado la participación indígena y de campesinos que tienen capacidad y visión de país.
Confianza y liderazgo
Incondicionales • Quienes trabajan actualmente con el Poder Ejecutivo, aunque sea en cargos no decisorios, son “soldados de la revolución”, están con el presidente Evo Morales de manera incondicional, inclusive desde tiempos de la fundación del Movimiento al Socialismo, según fuentes cercanas al Poder Ejecutivo en Palacio de Gobierno.
Estrategia • Hilario Calizaya, Lino Villca y Román Loayza expresaron su confianza porque el presidente Morales haya tomado la decisión correcta en la elección de su entorno más próximo y en el que no haya primado la influencia de personas ajenas a los ideales iniciales del IPSP-MAS y los sectores sociales que la conformaron siempre.
DDHH ve fallas en detenciones de pandinos
Gobierno • Rada acusa a la oposición de querer encubrir a autores de la matanza en Pando.
En la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) consideran que se cometieron errores procedimentales que violan la dignidad de las personas en la detención de siete pandinos acusados de participar en los hechos de Pando (septiembre del 2008) cuando murieron más de 10 campesinos.
“Ha habido fallas, el procedimiento debería ser un poco más riguroso porque no hay que dar lugar a que se diga que aquí se están violando los derechos humanos”, afirmó el presidente de la APDHB, Rolando Villena, a la gubernamental radio Patria Nueva.
Sin embargo, aclaró que si bien hubo fallas en el procedimiento de detención de esas personas no se debe olvidar el hecho por el que se las juzga.
“Nosotros fuimos los primeros en decir no hubo enfrentamiento en Pando, hubo masacre” porque se mataron, torturaron y violaron los derechos de los campesino en el Porvenir, sostuvo.
Al respecto, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, prefirió no referirse a la actuación de la Fiscalía sobre la forma en que se detuvo a esas personas.
El fiscal que atiende el caso, Félix Peralta, negó que se cometieran errores en la actuación del Ministerio Público.
Rada acusó a la oposición y a algunos medios de querer encubrir los hechos de Pando con esas denuncias. “En el caso de los parlamentarios yo les emplazo a que si no quieren que avance la investigación, bueno que presenten un proyecto de ley de impunidad pero que no estén con otro tipo de argumentos o de insultos”.
En la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) consideran que se cometieron errores procedimentales que violan la dignidad de las personas en la detención de siete pandinos acusados de participar en los hechos de Pando (septiembre del 2008) cuando murieron más de 10 campesinos.
“Ha habido fallas, el procedimiento debería ser un poco más riguroso porque no hay que dar lugar a que se diga que aquí se están violando los derechos humanos”, afirmó el presidente de la APDHB, Rolando Villena, a la gubernamental radio Patria Nueva.
Sin embargo, aclaró que si bien hubo fallas en el procedimiento de detención de esas personas no se debe olvidar el hecho por el que se las juzga.
“Nosotros fuimos los primeros en decir no hubo enfrentamiento en Pando, hubo masacre” porque se mataron, torturaron y violaron los derechos de los campesino en el Porvenir, sostuvo.
Al respecto, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, prefirió no referirse a la actuación de la Fiscalía sobre la forma en que se detuvo a esas personas.
El fiscal que atiende el caso, Félix Peralta, negó que se cometieran errores en la actuación del Ministerio Público.
Rada acusó a la oposición y a algunos medios de querer encubrir los hechos de Pando con esas denuncias. “En el caso de los parlamentarios yo les emplazo a que si no quieren que avance la investigación, bueno que presenten un proyecto de ley de impunidad pero que no estén con otro tipo de argumentos o de insultos”.
Evo podría repetir errores de los indígenas rebeldes
HISTORIA • Para el senador Villca, el discurso conciliador de Amaru fue el fin de su lucha. Escóbar dice que Morales busca la confrontación.
• COCHABAMBA • Filemón Escóbar y Morales en la plaza 14 de Septiembre el 2002, cuando cerraron la campaña política.
El presidente Evo Morales podría repetir los errores políticos que llevaron al fracaso la rebelión y la reivindicación de los derechos indígenas en diferentes épocas de la historia boliviana.
El ideólogo del MAS, Filemón Escóbar, y actual senador masista, Lino Villca, coinciden en el mismo temor, pero desde ángulos completamente distintos.
“Túpac Amaru cayó debido a la traición que le hicieron sus aliados del criollaje, porque su discurso, a diferencia de Túpac Katari, era conciliador. Es como lo que nos está pasando a nosotros, cuando se dice que la clase media es importante (..)”, recuerda Villca al mencionar que también Zárate Villca, a principios del siglo pasado, fue traicionado después de una alianza con el presidente José Manuel Pando.
Lamenta que la reivindicación indígena propuesta por el MAS haya sido relegada por la ausencia de indígenas en el Ejecutivo.
Pero en el otro lado del análisis y con una distinta mirada histórica, Escóbar considera que el error de Morales es más bien no cumplir con los ideales masistas relacionados con la “complementariedad de los opuestos” basada en una proclama de Zárate Villca, en la que más bien se propone el respeto recíproco entre la cultura occidental y la originaria para forjar “la regeneración de la identidad boliviana”.
Recuerda que después de que Morales consiguió el apoyo de la clase media boliviana, para llegar a la Presidencia de la República, se constituyó en el líder histórico que tuvo la oportunidad de unir a los bolivianos con su liderazgo indígena y mestizo, pero el error fue aplicar las ideas de una izquierda (cubana) a la que Escóbar califica de “ch’ulla” (impar), que sólo busca la confrontación entre opuestos.
Los líderes indígenas e ideólogos que fundaron el MAS
Posiblemente en la lista no se encuentren varios dirigentes que trabajaron por la reivindicación indígena.
Nombre
Evo Morales Ayma
¿Qué hizo por el movimiento?
Preside 6 federaciones de cocaleros del trópico, funda ASP, IPSP y MAS.
hoy, ¿cuál es su actividad?
Presidente de Bolivia (2006), de 6 federaciones de cocaleros y del MAS.
Román Loayza
¿Qué hizo por el movimiento?
Dirigente de la CSUTCB, fundador del IPSP y del MAS; constituyente.
hoy, ¿cuál es su actividad?
Trabajador independiente, capacita a organizaciones sobre la nueva CPE.
Guido Tarqui
¿Qué hizo por el movimiento?
Parte de la primera generación de alcaldes del IPSP; fue expulsado.
hoy, ¿cuál es su actividad?
Está retirado de la vida política y dedicado a actividades privadas.
Juan de la Cruz Villca
¿Qué hizo por el movimiento?
Participó de la fundación del IPSP y del proceso de transición al MAS.
hoy, ¿cuál es su actividad?
Trabaja en Viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales.
Hilario Calisaya
¿Qué hizo por el movimiento?
Fundador del MAS y difundió ideología masista en provincias paceñas.
hoy, ¿cuál es su actividad?
Diputado y actual primer vicepresidente de la Cámara de Diputados.
Filemón Escóbar
¿Qué hizo por el movimiento?
Aplica tesis de Pulacayo para crear IPSP, viabiliza movimiento cocalero.
hoy, ¿cuál es su actividad?
Deja el MAS el 2007 y hoy asesora al alcalde de Potosí, René Joaquino.
Silvia Lazarte
¿Qué hizo por el movimiento?
Funda IPSP como dirigente de Federación de Mujeres Bartolina Sisa.
hoy, ¿cuál es su actividad?
Presidió la Asamblea Constituyente, ahora capacita a mujeres campesinas.
Julio Ramos
¿Qué hizo por el movimiento?
En los 90 difundió los principios del MAS en las provincias paceñas.
hoy, ¿cuál es su actividad?
Es dirigente del MAS en el municipio de Copacabana, La Paz.
Asterio Romero
¿Qué hizo por el movimiento?
Como dirigente campesino fundó el ASP, IPSP y MAS, fue diputado.
hoy, ¿cuál es su actividad?
Hoy es vicepresidente del comité de las seis federaciones del trópico.
• COCHABAMBA • Filemón Escóbar y Morales en la plaza 14 de Septiembre el 2002, cuando cerraron la campaña política. El presidente Evo Morales podría repetir los errores políticos que llevaron al fracaso la rebelión y la reivindicación de los derechos indígenas en diferentes épocas de la historia boliviana.
El ideólogo del MAS, Filemón Escóbar, y actual senador masista, Lino Villca, coinciden en el mismo temor, pero desde ángulos completamente distintos.
“Túpac Amaru cayó debido a la traición que le hicieron sus aliados del criollaje, porque su discurso, a diferencia de Túpac Katari, era conciliador. Es como lo que nos está pasando a nosotros, cuando se dice que la clase media es importante (..)”, recuerda Villca al mencionar que también Zárate Villca, a principios del siglo pasado, fue traicionado después de una alianza con el presidente José Manuel Pando.
Lamenta que la reivindicación indígena propuesta por el MAS haya sido relegada por la ausencia de indígenas en el Ejecutivo.
Pero en el otro lado del análisis y con una distinta mirada histórica, Escóbar considera que el error de Morales es más bien no cumplir con los ideales masistas relacionados con la “complementariedad de los opuestos” basada en una proclama de Zárate Villca, en la que más bien se propone el respeto recíproco entre la cultura occidental y la originaria para forjar “la regeneración de la identidad boliviana”.
Recuerda que después de que Morales consiguió el apoyo de la clase media boliviana, para llegar a la Presidencia de la República, se constituyó en el líder histórico que tuvo la oportunidad de unir a los bolivianos con su liderazgo indígena y mestizo, pero el error fue aplicar las ideas de una izquierda (cubana) a la que Escóbar califica de “ch’ulla” (impar), que sólo busca la confrontación entre opuestos.
Los líderes indígenas e ideólogos que fundaron el MAS
Posiblemente en la lista no se encuentren varios dirigentes que trabajaron por la reivindicación indígena.
Nombre
Evo Morales Ayma
¿Qué hizo por el movimiento?
Preside 6 federaciones de cocaleros del trópico, funda ASP, IPSP y MAS.
hoy, ¿cuál es su actividad?
Presidente de Bolivia (2006), de 6 federaciones de cocaleros y del MAS.
Román Loayza
¿Qué hizo por el movimiento?
Dirigente de la CSUTCB, fundador del IPSP y del MAS; constituyente.
hoy, ¿cuál es su actividad?
Trabajador independiente, capacita a organizaciones sobre la nueva CPE.
Guido Tarqui
¿Qué hizo por el movimiento?
Parte de la primera generación de alcaldes del IPSP; fue expulsado.
hoy, ¿cuál es su actividad?
Está retirado de la vida política y dedicado a actividades privadas.
Juan de la Cruz Villca
¿Qué hizo por el movimiento?
Participó de la fundación del IPSP y del proceso de transición al MAS.
hoy, ¿cuál es su actividad?
Trabaja en Viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales.
Hilario Calisaya
¿Qué hizo por el movimiento?
Fundador del MAS y difundió ideología masista en provincias paceñas.
hoy, ¿cuál es su actividad?
Diputado y actual primer vicepresidente de la Cámara de Diputados.
Filemón Escóbar
¿Qué hizo por el movimiento?
Aplica tesis de Pulacayo para crear IPSP, viabiliza movimiento cocalero.
hoy, ¿cuál es su actividad?
Deja el MAS el 2007 y hoy asesora al alcalde de Potosí, René Joaquino.
Silvia Lazarte
¿Qué hizo por el movimiento?
Funda IPSP como dirigente de Federación de Mujeres Bartolina Sisa.
hoy, ¿cuál es su actividad?
Presidió la Asamblea Constituyente, ahora capacita a mujeres campesinas.
Julio Ramos
¿Qué hizo por el movimiento?
En los 90 difundió los principios del MAS en las provincias paceñas.
hoy, ¿cuál es su actividad?
Es dirigente del MAS en el municipio de Copacabana, La Paz.
Asterio Romero
¿Qué hizo por el movimiento?
Como dirigente campesino fundó el ASP, IPSP y MAS, fue diputado.
hoy, ¿cuál es su actividad?
Hoy es vicepresidente del comité de las seis federaciones del trópico.
domingo, 22 de febrero de 2009
Antes de alejarse, los Navía hacían negocios y política
La relación entre Santos Ramírez y Jiovanna Navía Doria Medina afianzó el poder y las actividades de los hermanos de ésta, revelaron fuentes políticas. La diputada asegura que con sus familiares nunca hubo un vínculo cercano.
• 6 DE ENERO DEL 2009 • 21 días antes del volteo de 450 mil dólares y el asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach, Jiovanna Navía y Santos Ramírez contrajeron matrimonio en Potosí.
Los hermanos Navía Doria Medina, actualmente distanciados por el escándalo de corrupción a raíz del volteo de 450 mil dólares y el asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach del 27 de enero, siempre estuvieron juntos para emprender negocios y actividades políticas.
Fuentes relacionadas con la política, quienes prefirieron el anonimato, contaron a La Razón que los hermanos Navía trabajaron juntos desde que se unieron al Movimiento al Socialismo (MAS).
Actualmente permanecen distanciados y a raíz de la investigación que realiza la Fiscalía por el volteo y el crimen, cada quien decidió defenderse a sí mismo y negar cualquier vínculo.
Javier Navía, uno de los involucrados en el caso, guarda silencio absoluto. Su abogado, Marcelo Ugarte, afirma que su cliente no tenía ninguna relación con el esposo de su hermana, el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez.
Por su parte, Juan Carlos Navía, quien trabajaba en YPFB, aseguró que no conoce nada del caso que se investiga. Aclaró que cada uno responde por uno mismo y que él se defenderá de cualquier acusación.
Jiovanna Navía, esposa Ramírez, aseveró no saber nada de los negocios que tenía su hermano Javier y su primo Gonzalo Aramayo. Aseguró que con ellos no tiene una relación cercana.
Sin embargo, fuentes políticas y otras que prefirieron guardar su identidad revelaron que desde antes del 2006, los hermanos Navía mantuvieron una relación cercana por asuntos de trabajo.
El 2006, Jiovanna Navía llegó a ser casualmente diputada plurinominal del MAS a causa de dos renuncias de parlamentarios del partido de gobierno.
Antes, según los entrevistados, Navía era supervisora del Plan Nacional de Empleo de Emergencia (PLANE). “Seguramente se subestimaron y la eligieron como su candidata a diputada”, dijeron.
Durante la campaña electoral para las elecciones generales del 2005, participaron Jiovanna y al menos tres de sus hermanos: Javier, Juan Carlos y Christian.
La ex integrante del PLANE, Esther Encinas, contó a este medio que esa familia trabajó de cerca en la campaña por el MAS. Tras asumir su diputación, el 2006, según las personas consultadas, “acusó sin pruebas a la dirigente del PLANE por supuestos actos de corrupción. La destituyó y en su lugar puso a otra”.
“Nadie explica qué influencia tenía Jiovanna para tomar determinaciones de ese tipo”, cuestiona la fuente política.
Su padre, jubilado, es potosino y radica en Cochabamba. Su madre murió hace años atrás y según las fuentes, toda su familia se dedicaba a ocupaciones simples.
Al parecer fue en ese interín, antes o después, que conoció a Ramírez y empezaron a salir juntos.
Más tarde, fue elegida como presidenta de la Unión de Mujeres Parlamentarias de Bolivia (Umpabol) por influencia de él. “La señora (Jiovanna) hablaba de una fundación, no sabíamos a qué se refería porque jamás dijo nada”, contó una persona que tiene relación con la agrupación.
La fundación Khantati nació en octubre del 2006, año en que Navía asumió la diputación. Sus fundadores y socios principales son Javier Navía Doria Medina y Gonzalo Aramayo, primo de éstos. Una fuente política contó que incluso en calidad de parlamentaria envió a Europa diversos proyectos a nombre de Khantati con el fin de conseguir recursos económicos.
La abogada de Jiovanna Navía, Teresa Montaño, aseveró que su cliente no conoce nada sobre la fundación. Se enteró luego de que se destapó el escándalo en YPFB con el volteo de los 450 mil dólares y el crimen.
Su primo, Gonzalo Aramayo, llegó a La Paz desde Cochabamba para participar en la campaña del MAS y una vez que Navía fue diputada, se convirtió en su asesor, revelaron fuentes políticas.
Montaño negó esta relación. “Mi cliente asegura que es totalmente falso que su primo fue su asesor cuando ella era diputada”, dijo. Agregó que hace ocho meses, aproximadamente, no ve a Aramayo y “la relación es tan distante que ni siquiera lo invitó a su boda con Santos Ramírez”, manifestó.
Junto con Ramírez realizó viajes como al Chapare, en Cochabamba, para la realización de proyectos. “Siempre fue su protegida, desde que fue diputada se afianzó más su relación. Sus hermanos resultaron con cargos en YPFB y forjaron Khantati”.
“Siempre fue su protegida (de Ramírez). Sus hermanos tuvieron cargos en YPFB y juntos forjaron Khantati”
Fuente del ámbito político.
“Mi cliente asegura que que es falso que su primo, Gonzalo Aramayo, fue su asesor cuando ella era diputada
Abogada de Jiovanna Navía
Una extraña donación de computadoras
Cuando Jiovanna Navía ejercía sus funciones como parlamentaria, entregó una cantidad incierta de computadoras en las oficinas de quienes formaban parte de la Unión de Mujeres Parlamentarias de Bolivia (Umpabol). El origen de esos equipos no se conoce aún. Navía hablaba de una donación.
Una fuente cercana al Congreso contó a La Razón que en un inesperado momento, la parlamentaria “trajo una gran cantidad de computadoras y empezó a repartir a las de Umpabol en todo el país (...) decía que le llegaba por donaciones”.
Esa distribución la realizó el 2007. Según las fuentes entrevistadas, cuando sus colegas le advertían que esos equipos debían ingresar por el Parlamento por cuestiones de fiscalización, “ella aseguraba que le habían donado, nadie supo quién”.
Otra persona cercana al ámbito político, que prefirió el anonimato, relató que después de un tiempo de haberlas regalado a las mujeres de Umpabol, los equipos desaparecían. “Es el único aporte que hizo durante su gestión, no recuerdo otro”.
http://www.la-razon.com/versiones/20090222_006646/nota_250_767105.htm
• 6 DE ENERO DEL 2009 • 21 días antes del volteo de 450 mil dólares y el asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach, Jiovanna Navía y Santos Ramírez contrajeron matrimonio en Potosí. Los hermanos Navía Doria Medina, actualmente distanciados por el escándalo de corrupción a raíz del volteo de 450 mil dólares y el asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach del 27 de enero, siempre estuvieron juntos para emprender negocios y actividades políticas.
Fuentes relacionadas con la política, quienes prefirieron el anonimato, contaron a La Razón que los hermanos Navía trabajaron juntos desde que se unieron al Movimiento al Socialismo (MAS).
Actualmente permanecen distanciados y a raíz de la investigación que realiza la Fiscalía por el volteo y el crimen, cada quien decidió defenderse a sí mismo y negar cualquier vínculo.
Javier Navía, uno de los involucrados en el caso, guarda silencio absoluto. Su abogado, Marcelo Ugarte, afirma que su cliente no tenía ninguna relación con el esposo de su hermana, el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez.
Por su parte, Juan Carlos Navía, quien trabajaba en YPFB, aseguró que no conoce nada del caso que se investiga. Aclaró que cada uno responde por uno mismo y que él se defenderá de cualquier acusación.
Jiovanna Navía, esposa Ramírez, aseveró no saber nada de los negocios que tenía su hermano Javier y su primo Gonzalo Aramayo. Aseguró que con ellos no tiene una relación cercana.
Sin embargo, fuentes políticas y otras que prefirieron guardar su identidad revelaron que desde antes del 2006, los hermanos Navía mantuvieron una relación cercana por asuntos de trabajo.
El 2006, Jiovanna Navía llegó a ser casualmente diputada plurinominal del MAS a causa de dos renuncias de parlamentarios del partido de gobierno.
Antes, según los entrevistados, Navía era supervisora del Plan Nacional de Empleo de Emergencia (PLANE). “Seguramente se subestimaron y la eligieron como su candidata a diputada”, dijeron.
Durante la campaña electoral para las elecciones generales del 2005, participaron Jiovanna y al menos tres de sus hermanos: Javier, Juan Carlos y Christian.
La ex integrante del PLANE, Esther Encinas, contó a este medio que esa familia trabajó de cerca en la campaña por el MAS. Tras asumir su diputación, el 2006, según las personas consultadas, “acusó sin pruebas a la dirigente del PLANE por supuestos actos de corrupción. La destituyó y en su lugar puso a otra”.
“Nadie explica qué influencia tenía Jiovanna para tomar determinaciones de ese tipo”, cuestiona la fuente política.
Su padre, jubilado, es potosino y radica en Cochabamba. Su madre murió hace años atrás y según las fuentes, toda su familia se dedicaba a ocupaciones simples.
Al parecer fue en ese interín, antes o después, que conoció a Ramírez y empezaron a salir juntos.
Más tarde, fue elegida como presidenta de la Unión de Mujeres Parlamentarias de Bolivia (Umpabol) por influencia de él. “La señora (Jiovanna) hablaba de una fundación, no sabíamos a qué se refería porque jamás dijo nada”, contó una persona que tiene relación con la agrupación.
La fundación Khantati nació en octubre del 2006, año en que Navía asumió la diputación. Sus fundadores y socios principales son Javier Navía Doria Medina y Gonzalo Aramayo, primo de éstos. Una fuente política contó que incluso en calidad de parlamentaria envió a Europa diversos proyectos a nombre de Khantati con el fin de conseguir recursos económicos.
La abogada de Jiovanna Navía, Teresa Montaño, aseveró que su cliente no conoce nada sobre la fundación. Se enteró luego de que se destapó el escándalo en YPFB con el volteo de los 450 mil dólares y el crimen.
Su primo, Gonzalo Aramayo, llegó a La Paz desde Cochabamba para participar en la campaña del MAS y una vez que Navía fue diputada, se convirtió en su asesor, revelaron fuentes políticas.
Montaño negó esta relación. “Mi cliente asegura que es totalmente falso que su primo fue su asesor cuando ella era diputada”, dijo. Agregó que hace ocho meses, aproximadamente, no ve a Aramayo y “la relación es tan distante que ni siquiera lo invitó a su boda con Santos Ramírez”, manifestó.
Junto con Ramírez realizó viajes como al Chapare, en Cochabamba, para la realización de proyectos. “Siempre fue su protegida, desde que fue diputada se afianzó más su relación. Sus hermanos resultaron con cargos en YPFB y forjaron Khantati”.
“Siempre fue su protegida (de Ramírez). Sus hermanos tuvieron cargos en YPFB y juntos forjaron Khantati”
Fuente del ámbito político.
“Mi cliente asegura que que es falso que su primo, Gonzalo Aramayo, fue su asesor cuando ella era diputada
Abogada de Jiovanna Navía
Una extraña donación de computadoras
Cuando Jiovanna Navía ejercía sus funciones como parlamentaria, entregó una cantidad incierta de computadoras en las oficinas de quienes formaban parte de la Unión de Mujeres Parlamentarias de Bolivia (Umpabol). El origen de esos equipos no se conoce aún. Navía hablaba de una donación.
Una fuente cercana al Congreso contó a La Razón que en un inesperado momento, la parlamentaria “trajo una gran cantidad de computadoras y empezó a repartir a las de Umpabol en todo el país (...) decía que le llegaba por donaciones”.
Esa distribución la realizó el 2007. Según las fuentes entrevistadas, cuando sus colegas le advertían que esos equipos debían ingresar por el Parlamento por cuestiones de fiscalización, “ella aseguraba que le habían donado, nadie supo quién”.
Otra persona cercana al ámbito político, que prefirió el anonimato, relató que después de un tiempo de haberlas regalado a las mujeres de Umpabol, los equipos desaparecían. “Es el único aporte que hizo durante su gestión, no recuerdo otro”.
http://www.la-razon.com/versiones/20090222_006646/nota_250_767105.htm
Defensa pandina demandará nueva acción de libertad
Los pandinos se quedarán hasta el miércoles en celdas de la Corte de Justicia. El Gobierno celebró la decisión de la jueza de ordenar la detención de tres personas.
• EN LA PAZ • La concejal de Porvenir, Nilma Benegas Becerra, es escoltada por policías en los juzgados. Fue el viernes 20.
Con el objetivo de lograr la libertad de los tres detenidos pandinos, acusados de participar en la matanza de campesinos en Porvenir, la defensa legal de éstos recurrirá a una nueva demanda de acción de libertad (antes hábeas corpus) que el viernes 20 no fue resuelta, debido a que el juez se declaró incompetente para revisar la figura que está en la nueva Constitución Política del Estado, pero carece de reglamento.
Jhonny Castelú, abogado defensor de los pandinos, manifestó a La Razón que “en Pando hemos presentado el mismo recurso (acción de libertad o hábeas corpus) y esperemos que el resultado sea otro porque no podemos estar en un Estado sin ley”.
El viernes, el juez de Sentencia, Norberto Chávez, se declaró incompetente para conocer esa misma demanda con el argumento de que la figura de acción de libertad que establece la nueva Constitución no está reglamentada y que el hábeas corpus ya no existe en la Carta Magna.
Esa decisión permitió que la jueza 7° de Instrucción en lo Penal Cautelar, Betty Yañíquez, vea el caso y determine la detención en la cárcel de San Pedro de Edwin Ventura Börth, alcalde de Porvenir; Hernán Justiniano Ugarte, concejal municipal; y Roberto Rea Ruiz, oficial mayor de ese mismo municipio.
Mientras que otorgó medidas sustitutivas a la detención preventiva a Wilson da Silva Rebollo, Nilma Benegas Becerra (concejales de Porvenir), Hugo Mopi Soliz (ex jefe de Comunicaciones de la Prefectura de Pando) y Marial Peña (dirigente de los trabajadores de la prensa).
Castelú señaló que el objetivo es lograr la liberación inmediata de las tres primeras personas y, en el caso de las últimas cuatro, se pedirá que se modifiquen las medidas sustitutivas, toda vez que Yañíquez determinó que esos ciudadanos se presenten dos veces por semana en la Fiscalía de La Paz y tengan dos garantes.
Castelú dijo que eso impediría que los detenidos regresen a sus hogares en Pando, donde viven, tienen trabajo y a su familia.
Entretanto, los siete pandinos continúan en celdas de la Corte Superior de Justicia de La Paz y se quedarán ahí hasta el próximo miércoles cuando se retomen las actividades judiciales después del feriado de Carnaval.
El fiscal que atiende el caso, Félix Peralta, señaló que la decisión de la jueza fue acertada y que hay más órdenes de aprehensión contra sospechosos.
El Gobierno está satisfecho por las detenciones
El Ejecutivo expresó ayer su satisfacción por la decisión de la jueza 7° de Instrucción en lo Penal, Betty Yañíquez, quien envió a la cárcel de San Pedro de La Paz a tres pandinos acusados de participar en la matanza de campesinos de Porvenir.
“Creo que el Poder Judicial está dando muestras de que se va a avanzar en la investigación pese a todas las presiones... hay tres nuevas personas que están siendo remitidas a la cárcel de San Pedro y, bueno, creo que esto hace que fracasen todos aquellos intentos que, munidos de mentiras y de insultos, trataron de obstaculizar la averiguación de la verdad”, afirmó ayer el ministro de Gobierno, Alfredo Rada.
Su colega de Defensa, Walker San Miguel, afirmó que “la juez cautelar ya ha definido las medidas cautelares y todos están en un proceso, así que si alguien tenía dudas de que esas detenciones eran ilegales, ahí está la prueba, hay un juicio y ojalá lleguemos a la verdad porque no puede haber impunidad de los crímenes de Porvenir”.
Yañíquez envió ayer a tres pandinos a la cárcel y a otros cuatro les dio libertad condicional.
La decisión provocó una serie de críticas, luego de que se denunció que las detenciones fueron ilegales y un juez de garantía se negó a resolver un recurso de acción de libertad (hábeas corpus) tras declararse incompetente.
http://www.la-razon.com/versiones/20090222_006646/nota_247_767103.htm
• EN LA PAZ • La concejal de Porvenir, Nilma Benegas Becerra, es escoltada por policías en los juzgados. Fue el viernes 20.
Con el objetivo de lograr la libertad de los tres detenidos pandinos, acusados de participar en la matanza de campesinos en Porvenir, la defensa legal de éstos recurrirá a una nueva demanda de acción de libertad (antes hábeas corpus) que el viernes 20 no fue resuelta, debido a que el juez se declaró incompetente para revisar la figura que está en la nueva Constitución Política del Estado, pero carece de reglamento.
Jhonny Castelú, abogado defensor de los pandinos, manifestó a La Razón que “en Pando hemos presentado el mismo recurso (acción de libertad o hábeas corpus) y esperemos que el resultado sea otro porque no podemos estar en un Estado sin ley”.
El viernes, el juez de Sentencia, Norberto Chávez, se declaró incompetente para conocer esa misma demanda con el argumento de que la figura de acción de libertad que establece la nueva Constitución no está reglamentada y que el hábeas corpus ya no existe en la Carta Magna.
Esa decisión permitió que la jueza 7° de Instrucción en lo Penal Cautelar, Betty Yañíquez, vea el caso y determine la detención en la cárcel de San Pedro de Edwin Ventura Börth, alcalde de Porvenir; Hernán Justiniano Ugarte, concejal municipal; y Roberto Rea Ruiz, oficial mayor de ese mismo municipio.
Mientras que otorgó medidas sustitutivas a la detención preventiva a Wilson da Silva Rebollo, Nilma Benegas Becerra (concejales de Porvenir), Hugo Mopi Soliz (ex jefe de Comunicaciones de la Prefectura de Pando) y Marial Peña (dirigente de los trabajadores de la prensa).
Castelú señaló que el objetivo es lograr la liberación inmediata de las tres primeras personas y, en el caso de las últimas cuatro, se pedirá que se modifiquen las medidas sustitutivas, toda vez que Yañíquez determinó que esos ciudadanos se presenten dos veces por semana en la Fiscalía de La Paz y tengan dos garantes.
Castelú dijo que eso impediría que los detenidos regresen a sus hogares en Pando, donde viven, tienen trabajo y a su familia.
Entretanto, los siete pandinos continúan en celdas de la Corte Superior de Justicia de La Paz y se quedarán ahí hasta el próximo miércoles cuando se retomen las actividades judiciales después del feriado de Carnaval.
El fiscal que atiende el caso, Félix Peralta, señaló que la decisión de la jueza fue acertada y que hay más órdenes de aprehensión contra sospechosos.
El Gobierno está satisfecho por las detenciones
El Ejecutivo expresó ayer su satisfacción por la decisión de la jueza 7° de Instrucción en lo Penal, Betty Yañíquez, quien envió a la cárcel de San Pedro de La Paz a tres pandinos acusados de participar en la matanza de campesinos de Porvenir.
“Creo que el Poder Judicial está dando muestras de que se va a avanzar en la investigación pese a todas las presiones... hay tres nuevas personas que están siendo remitidas a la cárcel de San Pedro y, bueno, creo que esto hace que fracasen todos aquellos intentos que, munidos de mentiras y de insultos, trataron de obstaculizar la averiguación de la verdad”, afirmó ayer el ministro de Gobierno, Alfredo Rada.
Su colega de Defensa, Walker San Miguel, afirmó que “la juez cautelar ya ha definido las medidas cautelares y todos están en un proceso, así que si alguien tenía dudas de que esas detenciones eran ilegales, ahí está la prueba, hay un juicio y ojalá lleguemos a la verdad porque no puede haber impunidad de los crímenes de Porvenir”.
Yañíquez envió ayer a tres pandinos a la cárcel y a otros cuatro les dio libertad condicional.
La decisión provocó una serie de críticas, luego de que se denunció que las detenciones fueron ilegales y un juez de garantía se negó a resolver un recurso de acción de libertad (hábeas corpus) tras declararse incompetente.
http://www.la-razon.com/versiones/20090222_006646/nota_247_767103.htm
Acostumbrarse a los militares
No hay discurso de “cambio”, por atractivo que le parezca al mundo exterior, que alcance para justificar las violaciones de los derechos humanos, que en este gobierno aumentan día a día con acciones como las de Pando e ingredientes donde intervienen fiscales, policías...
Cuando el vicepresidente Álvaro García pidió a los bolivianos que se fueran acostumbrando a la presencia de militares en las zonas fronterizas o en regiones que, según sus palabras, se convirtieron en “semirrepubliquetas”, en realidad, la población ya se había acostumbrado, porque el Ejecutivo hace tiempo que viene apelando a la actuación de las Fuerzas Armadas para fines que no son, precisamente, los suyos.
“El Gobierno tomó una decisión: ha habido una reorganización geoestratégica de la presencia militar en el país. Habrá mucha más presencia militar hoy en aquellas regiones del país donde la presencia del Estado es débil”, afirmó García.
Su declaración se produjo en el marco de las reacciones a una nueva ola de detenciones de personas en Cobija, por los hechos registrados en septiembre del año pasado en Porvenir. Cuando se cuestionaba el accionar irregular de encapuchados en un operativo, que se ejecutó en horas de la madrugada del miércoles, con una violencia injustificable y con infracciones a la nueva Constitución Política del Estado y al Código Penal.
¿El Vicepresidente de la República está, entonces, de acuerdo con este tipo de violaciones a los derechos humanos? En ningún momento lamentó las brusquedades cometidas por quienes participaron en ese operativo, que vino a completar otros realizados en meses pasados aunque en el marco del estado de sitio que se dictó en Pando.
Todo lo contrario: “Acostúmbrense a ver presencia militar del Estado, presencia de soberanía del Estado, de nuestras FFAA en regiones anteriormente abandonadas y convertidas en semirrepubliquetas de algún par de personas extranjeras o adineradas”, dijo, en tono desafiante.
La expresión, desafortunada y reveladora a la vez, se suma a una serie de otros hechos cuestionables de la Fiscalía de La Paz, que en evidentes horas de la madrugada del miércoles actuó al margen de la ley y la Constitución, deteniendo con violencia y en un horario que no corresponde al procedimiento en democracia a ciudadanos pandinos, unos acusados de cometer delitos y otros no —entre ellos menores de edad y mujeres.
Tras la operación, el fiscal Eduardo Morales mintió alevosamente a los medios de comunicación al afirmar que la detención se produjo a las siete de la mañana, cuando varias redes de televisión informaron del hecho a las 6.30 de ese día. Otras imágenes de video reafirmaron que la operación se hizo en horas en que Cobija estaba a oscuras. Eso no fue todo: Morales también dijo que a los pandinos se los trató “como a damiselas”.
¿Estará el Gobierno calculando el efecto de las acciones como las de Pando —que si bien formalmente corresponden a la Fiscalía, tienen el sello estilístico inconfundible de un poderoso ministro del Palacio— en su imagen que tanto cuida?
Da la sensación de que no lo hace. Porque las violaciones de los derechos humanos y la cada vez mayor participación militar en hechos políticos, además de violar leyes, son percibidas como tales aquí o en cualquier país democrático del mundo.
No hay discurso de “cambio”, por atractivo que le parezca al mundo exterior, que alcance para justificar las violaciones de los derechos humanos, que en este gobierno aumentan día a día con acciones como las de Pando e ingredientes donde intervienen fiscales, policías y militares de dudosas actuaciones.
http://www.la-razon.com/versiones/20090222_006646/nota_245_767090.htm
Cuando el vicepresidente Álvaro García pidió a los bolivianos que se fueran acostumbrando a la presencia de militares en las zonas fronterizas o en regiones que, según sus palabras, se convirtieron en “semirrepubliquetas”, en realidad, la población ya se había acostumbrado, porque el Ejecutivo hace tiempo que viene apelando a la actuación de las Fuerzas Armadas para fines que no son, precisamente, los suyos.
“El Gobierno tomó una decisión: ha habido una reorganización geoestratégica de la presencia militar en el país. Habrá mucha más presencia militar hoy en aquellas regiones del país donde la presencia del Estado es débil”, afirmó García.
Su declaración se produjo en el marco de las reacciones a una nueva ola de detenciones de personas en Cobija, por los hechos registrados en septiembre del año pasado en Porvenir. Cuando se cuestionaba el accionar irregular de encapuchados en un operativo, que se ejecutó en horas de la madrugada del miércoles, con una violencia injustificable y con infracciones a la nueva Constitución Política del Estado y al Código Penal.
¿El Vicepresidente de la República está, entonces, de acuerdo con este tipo de violaciones a los derechos humanos? En ningún momento lamentó las brusquedades cometidas por quienes participaron en ese operativo, que vino a completar otros realizados en meses pasados aunque en el marco del estado de sitio que se dictó en Pando.
Todo lo contrario: “Acostúmbrense a ver presencia militar del Estado, presencia de soberanía del Estado, de nuestras FFAA en regiones anteriormente abandonadas y convertidas en semirrepubliquetas de algún par de personas extranjeras o adineradas”, dijo, en tono desafiante.
La expresión, desafortunada y reveladora a la vez, se suma a una serie de otros hechos cuestionables de la Fiscalía de La Paz, que en evidentes horas de la madrugada del miércoles actuó al margen de la ley y la Constitución, deteniendo con violencia y en un horario que no corresponde al procedimiento en democracia a ciudadanos pandinos, unos acusados de cometer delitos y otros no —entre ellos menores de edad y mujeres.
Tras la operación, el fiscal Eduardo Morales mintió alevosamente a los medios de comunicación al afirmar que la detención se produjo a las siete de la mañana, cuando varias redes de televisión informaron del hecho a las 6.30 de ese día. Otras imágenes de video reafirmaron que la operación se hizo en horas en que Cobija estaba a oscuras. Eso no fue todo: Morales también dijo que a los pandinos se los trató “como a damiselas”.
¿Estará el Gobierno calculando el efecto de las acciones como las de Pando —que si bien formalmente corresponden a la Fiscalía, tienen el sello estilístico inconfundible de un poderoso ministro del Palacio— en su imagen que tanto cuida?
Da la sensación de que no lo hace. Porque las violaciones de los derechos humanos y la cada vez mayor participación militar en hechos políticos, además de violar leyes, son percibidas como tales aquí o en cualquier país democrático del mundo.
No hay discurso de “cambio”, por atractivo que le parezca al mundo exterior, que alcance para justificar las violaciones de los derechos humanos, que en este gobierno aumentan día a día con acciones como las de Pando e ingredientes donde intervienen fiscales, policías y militares de dudosas actuaciones.
http://www.la-razon.com/versiones/20090222_006646/nota_245_767090.htm
martes, 17 de febrero de 2009
El MAS planea la reelección sin límites de Evo
El primer objetivo masista es ganar la elección de diciembre del 2009. De lograrlo, tienen dos caminos para modificar el texto constitucional y plantear la reelección.
• LOS AMIGOS • Evo Morales y Hugo Chávez durante la última cumbre del Alba, el 26 de noviembre del 2008 en Venezuela.
Tras el referéndum que aprobó la reelección indefinida en Venezuela y dio luz verde a la tercera postulación presidencial de Hugo Chávez, legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) revelaron que si el presidente Evo Morales es reelecto en diciembre del 2010, se buscaría una enmienda a la nueva Constitución para buscar su elección ilimitada y así garantizar el proceso de cambio.
“No está descartada (la reelección) porque este es un proyecto político que hemos sostenido y mantenemos que tiene un alcance de 15 ó 20 años en su implementación. Que requiere continuidad y garantía, y la garantía a este proyecto político la da Evo Morales y Álvaro García”, dijo el diputado masista Jorge Silva.
El jefe de bancada del MAS en el Senado, Ricardo Díaz, señaló que “la voluntad política, la voluntad popular la determinan los caminos que da el pueblo”.
El senador Félix Rojas confirmó que “existe esa posibilidad, porque el artículo 411 se refiere a la modificación de la Constitución Política del Estado y eso (la reelección indefinida) sería una reforma parcial que se la puede tratar en el Parlamento, aprobarla por dos tercios y luego someterla a un referéndum, en ese marco existe esa probabilidad”.
Los masistas dijeron que apuntan a ganar las elecciones de diciembre del 2009 con un amplio margen para obtener los dos tercios en la Asamblea Legislativa que luego les permita plantear la reelección, toda vez que la actual CPE sólo permite una y el actual mandato de Morales se cuenta como su primera gestión.
“Lo inmediato para nosotros es la elección ya asegurada de nuestro Presidente”, acotó Rojas.
De ser nuevamente electo el Primer Mandatario en diciembre próximo, los masistas tienen dos caminos para plantear la reforma a la Constitución.
El artículo 411 de la nueva Carta Magna establece que “la reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos veinte por ciento del electorado; o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de la reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de sus miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.
En los dos casos se necesitará un “referendo constitucional aprobatorio”. El líder de la Central Obrera Regional (COR) El Alto, Édgar Patana, afirmó que la prioridad son las elecciones de diciembre, donde se debe garantizar la reelección de Morales.
La revelación masista surgió después que Chávez logró habilitar su reelección ilimitada.
La oposición critica al MAS
Parlamentarios de Podemos criticaron los planes del oficialismo para modificar el contenido del texto constitucional a fin de promover una reelección indefinida de Evo Morales, tal como lo hizo su homólogo venezolano, Hugo Chávez. Acusaron al Gobierno de totalitario.
“El hablar de modificaciones a la CPE lo único que hace es mostrar a la población desesperación de querer tener un poder total, hegemónico y se ve que este es un Gobierno de corte totalitario”, criticó el jefe de bancada de Podemos en Diputados, Bernardo Montenegro.
En todo caso, dijo que se debe esperar los resultados de diciembre para ver si el MAS logra los dos tercios que necesita en la Asamblea Legislativa para aprobar una enmienda constitucional.
De igual forma, su homólogo y correligionario en el Senado, Fernando Rodríguez, afirmó que “si la idea es simplemente distraer y adormecer a la gente, démosle circo al pueblo. Nosotros creemos que al pueblo hay que darle de comer, hay que darle trabajo y certidumbre, y dejar de lado la electoraditis y la referenditis”.
http://www.la-razon.com/versiones/20090217_006641/nota_247_764361.htm
• LOS AMIGOS • Evo Morales y Hugo Chávez durante la última cumbre del Alba, el 26 de noviembre del 2008 en Venezuela. Tras el referéndum que aprobó la reelección indefinida en Venezuela y dio luz verde a la tercera postulación presidencial de Hugo Chávez, legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) revelaron que si el presidente Evo Morales es reelecto en diciembre del 2010, se buscaría una enmienda a la nueva Constitución para buscar su elección ilimitada y así garantizar el proceso de cambio.
“No está descartada (la reelección) porque este es un proyecto político que hemos sostenido y mantenemos que tiene un alcance de 15 ó 20 años en su implementación. Que requiere continuidad y garantía, y la garantía a este proyecto político la da Evo Morales y Álvaro García”, dijo el diputado masista Jorge Silva.
El jefe de bancada del MAS en el Senado, Ricardo Díaz, señaló que “la voluntad política, la voluntad popular la determinan los caminos que da el pueblo”.
El senador Félix Rojas confirmó que “existe esa posibilidad, porque el artículo 411 se refiere a la modificación de la Constitución Política del Estado y eso (la reelección indefinida) sería una reforma parcial que se la puede tratar en el Parlamento, aprobarla por dos tercios y luego someterla a un referéndum, en ese marco existe esa probabilidad”.
Los masistas dijeron que apuntan a ganar las elecciones de diciembre del 2009 con un amplio margen para obtener los dos tercios en la Asamblea Legislativa que luego les permita plantear la reelección, toda vez que la actual CPE sólo permite una y el actual mandato de Morales se cuenta como su primera gestión.
“Lo inmediato para nosotros es la elección ya asegurada de nuestro Presidente”, acotó Rojas.
De ser nuevamente electo el Primer Mandatario en diciembre próximo, los masistas tienen dos caminos para plantear la reforma a la Constitución.
El artículo 411 de la nueva Carta Magna establece que “la reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos veinte por ciento del electorado; o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de la reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de sus miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.
En los dos casos se necesitará un “referendo constitucional aprobatorio”. El líder de la Central Obrera Regional (COR) El Alto, Édgar Patana, afirmó que la prioridad son las elecciones de diciembre, donde se debe garantizar la reelección de Morales.
La revelación masista surgió después que Chávez logró habilitar su reelección ilimitada.
La oposición critica al MAS
Parlamentarios de Podemos criticaron los planes del oficialismo para modificar el contenido del texto constitucional a fin de promover una reelección indefinida de Evo Morales, tal como lo hizo su homólogo venezolano, Hugo Chávez. Acusaron al Gobierno de totalitario.
“El hablar de modificaciones a la CPE lo único que hace es mostrar a la población desesperación de querer tener un poder total, hegemónico y se ve que este es un Gobierno de corte totalitario”, criticó el jefe de bancada de Podemos en Diputados, Bernardo Montenegro.
En todo caso, dijo que se debe esperar los resultados de diciembre para ver si el MAS logra los dos tercios que necesita en la Asamblea Legislativa para aprobar una enmienda constitucional.
De igual forma, su homólogo y correligionario en el Senado, Fernando Rodríguez, afirmó que “si la idea es simplemente distraer y adormecer a la gente, démosle circo al pueblo. Nosotros creemos que al pueblo hay que darle de comer, hay que darle trabajo y certidumbre, y dejar de lado la electoraditis y la referenditis”.
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El diálogo de la autonomía nace sin autonomistas
POSICIÓN • Los cívicos cruceños dicen que no tiene sentido una reunión sin los prefectos opositores. Evo Morales no asistirá a la cita.
El diálogo convocado para hoy por el Gobierno para delinear la ruta de las autonomías, no contará con la presencia del presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García ni los prefectos de Santa Cruz, Beni y Tarija, quienes enarbolaron y pusieron en agenda las autonomías departamentales.
La cita fue convocada para las 16.00 en el Palacio y a la misma confirmaron su asistencia sólo los sectores afines al Gobierno: prefectos, movimientos sociales y autoridades municipales. El encuentro estará dirigido por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ya que Morales realiza una gira por Europa, según dijo el diputado Jorge Silva (MAS).
La invitación al diálogo fue lanzada el viernes, con el objetivo de crear el Consejo Nacional Autonómico, que será como la instancia encargada de encaminar la transición a las autonomías. El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, descartó que asista al encuentro y aseguró que “las autonomías son una realidad”.
En Chuquisaca, la prefecta Savina Cuéllar también anunció que no asistirá al diálogo en La Paz, al igual que su homólogo beniano, Ernesto Suárez.
En Tarija, el delegado de Autonomías de la Prefectura, Miguel Ávila, aseguró que, hasta el mediodía de ayer, no recibieron ninguna invitación oficial para el encuentro. “Lo ideal sería que haya espacio de tiempo suficiente como para discutir los temas en la región y llevar posiciones consensuadas de todo el país”, sugirió la autoridad prefectural.
El cívico cruceño Branko Marinkovic pidió que se generen condiciones para el encuentro y descartó que se pueda consolidar un pacto nacional en ausencia de los prefectos de oposición o sectores como los cívicos e indígenas. “En este diálogo también deben participar los cinco pueblos indígenas de Santa Cruz. Me imagino que no querrán que esté el Comité Cívico, pero consideramos que debe haber una agenda clara para no prestarse a un diálogo que únicamente se utiliza como show”, insistió.
Mientras, el ministro de Autonomías, Carlos Romero, confirmó la reunión y anunció que “nuestra intencionalidad será definir una ruta crítica para avanzar en la implementación de las autonomías, tendiendo como eje central la concertación de un régimen de transición”.
El presidente de la Federación de Asociaciones Municipales, Luis Revilla (del oficialista MSM), confirmó su asistencia al encuentro, al igual que el secretario general de la oficialista Prefectura de La Paz, Félix Patzi.
Constitución
Plazos • El texto constitucional vigente entrega a la futura Asamblea Legislativa Plurinacional la atribución de legislar sobre una ley Marco de Descentralización y Autonomías.
Elecciones • La Asamblea Plurinacional se formará en las elecciones nacionales convocadas para el 6 de diciembre. No obstante, el Gobierno pretende acelerar este proceso.
http://www.la-razon.com/versiones/20090217_006641/nota_247_764367.htm
El diálogo convocado para hoy por el Gobierno para delinear la ruta de las autonomías, no contará con la presencia del presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García ni los prefectos de Santa Cruz, Beni y Tarija, quienes enarbolaron y pusieron en agenda las autonomías departamentales.
La cita fue convocada para las 16.00 en el Palacio y a la misma confirmaron su asistencia sólo los sectores afines al Gobierno: prefectos, movimientos sociales y autoridades municipales. El encuentro estará dirigido por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ya que Morales realiza una gira por Europa, según dijo el diputado Jorge Silva (MAS).
La invitación al diálogo fue lanzada el viernes, con el objetivo de crear el Consejo Nacional Autonómico, que será como la instancia encargada de encaminar la transición a las autonomías. El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, descartó que asista al encuentro y aseguró que “las autonomías son una realidad”.
En Chuquisaca, la prefecta Savina Cuéllar también anunció que no asistirá al diálogo en La Paz, al igual que su homólogo beniano, Ernesto Suárez.
En Tarija, el delegado de Autonomías de la Prefectura, Miguel Ávila, aseguró que, hasta el mediodía de ayer, no recibieron ninguna invitación oficial para el encuentro. “Lo ideal sería que haya espacio de tiempo suficiente como para discutir los temas en la región y llevar posiciones consensuadas de todo el país”, sugirió la autoridad prefectural.
El cívico cruceño Branko Marinkovic pidió que se generen condiciones para el encuentro y descartó que se pueda consolidar un pacto nacional en ausencia de los prefectos de oposición o sectores como los cívicos e indígenas. “En este diálogo también deben participar los cinco pueblos indígenas de Santa Cruz. Me imagino que no querrán que esté el Comité Cívico, pero consideramos que debe haber una agenda clara para no prestarse a un diálogo que únicamente se utiliza como show”, insistió.
Mientras, el ministro de Autonomías, Carlos Romero, confirmó la reunión y anunció que “nuestra intencionalidad será definir una ruta crítica para avanzar en la implementación de las autonomías, tendiendo como eje central la concertación de un régimen de transición”.
El presidente de la Federación de Asociaciones Municipales, Luis Revilla (del oficialista MSM), confirmó su asistencia al encuentro, al igual que el secretario general de la oficialista Prefectura de La Paz, Félix Patzi.
Constitución
Plazos • El texto constitucional vigente entrega a la futura Asamblea Legislativa Plurinacional la atribución de legislar sobre una ley Marco de Descentralización y Autonomías.
Elecciones • La Asamblea Plurinacional se formará en las elecciones nacionales convocadas para el 6 de diciembre. No obstante, el Gobierno pretende acelerar este proceso.
http://www.la-razon.com/versiones/20090217_006641/nota_247_764367.htm
Los apremios de la nueva CPE
En las anteriores constituciones no hubo exigencias mayores para ponerlas en ejecución, pero con la nueva CPE la situación es distinta. En primer lugar, por su extensión: cuenta nada menos que con 411 artículos y 10 disposiciones transitorias. En segundo término, por las transformaciones que pretende introducir en el país, varias de las cuales, como se está viendo, tienen diversas interpretaciones o, por lo menos, necesitan complementaciones indispensables para poderlas entender y aplicar en su real dimensión.
Dadas las circunstancias, no resulta exagerado decir, figuradamente, que Bolivia, hoy por hoy, cuenta con media Constitución Política del Estado (CPE). No sólo porque requiere de reglamentaciones para su implementación plena, sino porque, según el ojo con que se mire, todavía rigen preceptos de la anterior Ley de Leyes.
En rigor, siguiendo estrictamente lo jurídico, de acuerdo con su Disposición Abrogatoria la nueva CPE sustituye a su predecesora que, por lo tanto, no debería regir —en ningún punto— el accionar de los bolivianos. Pero, lo político vale más...
Es indispensable no incurrir en precipitaciones y menos en imposiciones que no tengan el verdadero carácter de una Carta Magna. Con un instrumento de tan alto relieve y significación para la vida nacional, es mejor avanzar con tiento y equilibrio. Es decir, que no se desnaturalice su legalidad y, sí más bien, se le confiera la legitimidad de la que aún carece, porque casi el 40 por ciento de los bolivianos no se siente identificado con el tenor del documento que emergió del referéndum del 25 de enero.
En esferas gubernamentales se advierte que existen apremios injustificables. El tiempo sobra, al menos si se quiere actuar democráticamente, para conciliar posiciones en torno a los dictámenes de la nueva CPE. Las reglamentaciones deben pasar, insoslayablemente, por los conductos regulares de un país que, como Bolivia, aún tiene algún margen de institucionalidad.
Esos conductos son las cámaras legislativas y no los decretos. En caso de que se quiera seguir actuando unilateralmente, sería mejor que el Gobierno identifique su perfil, para que, dentro y fuera del país, se sepa cuál es el sistema político que rige en Bolivia.
Los apremios de la nueva CPE
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En las anteriores constituciones no hubo exigencias mayores para ponerlas en ejecución, pero con la nueva CPE la situación es distinta. En primer lugar, por su extensión: cuenta nada menos que con 411 artículos y 10 disposiciones transitorias. En segundo término, por las transformaciones que pretende introducir en el país, varias de las cuales, como se está viendo, tienen diversas interpretaciones o, por lo menos, necesitan complementaciones indispensables para poderlas entender y aplicar en su real dimensión.
Dadas las circunstancias, no resulta exagerado decir, figuradamente, que Bolivia, hoy por hoy, cuenta con media Constitución Política del Estado (CPE). No sólo porque requiere de reglamentaciones para su implementación plena, sino porque, según el ojo con que se mire, todavía rigen preceptos de la anterior Ley de Leyes.
En rigor, siguiendo estrictamente lo jurídico, de acuerdo con su Disposición Abrogatoria la nueva CPE sustituye a su predecesora que, por lo tanto, no debería regir —en ningún punto— el accionar de los bolivianos. Pero, lo político vale más...
Es indispensable no incurrir en precipitaciones y menos en imposiciones que no tengan el verdadero carácter de una Carta Magna. Con un instrumento de tan alto relieve y significación para la vida nacional, es mejor avanzar con tiento y equilibrio. Es decir, que no se desnaturalice su legalidad y, sí más bien, se le confiera la legitimidad de la que aún carece, porque casi el 40 por ciento de los bolivianos no se siente identificado con el tenor del documento que emergió del referéndum del 25 de enero.
En esferas gubernamentales se advierte que existen apremios injustificables. El tiempo sobra, al menos si se quiere actuar democráticamente, para conciliar posiciones en torno a los dictámenes de la nueva CPE. Las reglamentaciones deben pasar, insoslayablemente, por los conductos regulares de un país que, como Bolivia, aún tiene algún margen de institucionalidad.
Esos conductos son las cámaras legislativas y no los decretos. En caso de que se quiera seguir actuando unilateralmente, sería mejor que el Gobierno identifique su perfil, para que, dentro y fuera del país, se sepa cuál es el sistema político que rige en Bolivia.
Los apremios de la nueva CPE
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En las anteriores constituciones no hubo exigencias mayores para ponerlas en ejecución, pero con la nueva CPE la situación es distinta. En primer lugar, por su extensión: cuenta nada menos que con 411 artículos y 10 disposiciones transitorias. En segundo término, por las transformaciones que pretende introducir en el país, varias de las cuales, como se está viendo, tienen diversas interpretaciones o, por lo menos, necesitan complementaciones indispensables para poderlas entender y aplicar en su real dimensión.
Dadas las circunstancias, no resulta exagerado decir, figuradamente, que Bolivia, hoy por hoy, cuenta con media Constitución Política del Estado (CPE). No sólo porque requiere de reglamentaciones para su implementación plena, sino porque, según el ojo con que se mire, todavía rigen preceptos de la anterior Ley de Leyes.
En rigor, siguiendo estrictamente lo jurídico, de acuerdo con su Disposición Abrogatoria la nueva CPE sustituye a su predecesora que, por lo tanto, no debería regir —en ningún punto— el accionar de los bolivianos. Pero, lo político vale más...
Es indispensable no incurrir en precipitaciones y menos en imposiciones que no tengan el verdadero carácter de una Carta Magna. Con un instrumento de tan alto relieve y significación para la vida nacional, es mejor avanzar con tiento y equilibrio. Es decir, que no se desnaturalice su legalidad y, sí más bien, se le confiera la legitimidad de la que aún carece, porque casi el 40 por ciento de los bolivianos no se siente identificado con el tenor del documento que emergió del referéndum del 25 de enero.
En esferas gubernamentales se advierte que existen apremios injustificables. El tiempo sobra, al menos si se quiere actuar democráticamente, para conciliar posiciones en torno a los dictámenes de la nueva CPE. Las reglamentaciones deben pasar, insoslayablemente, por los conductos regulares de un país que, como Bolivia, aún tiene algún margen de institucionalidad.
Esos conductos son las cámaras legislativas y no los decretos. En caso de que se quiera seguir actuando unilateralmente, sería mejor que el Gobierno identifique su perfil, para que, dentro y fuera del país, se sepa cuál es el sistema político que rige en Bolivia.
http://www.la-razon.com/versiones/20090217_006641/nota_245_764347.htm
Dadas las circunstancias, no resulta exagerado decir, figuradamente, que Bolivia, hoy por hoy, cuenta con media Constitución Política del Estado (CPE). No sólo porque requiere de reglamentaciones para su implementación plena, sino porque, según el ojo con que se mire, todavía rigen preceptos de la anterior Ley de Leyes.
En rigor, siguiendo estrictamente lo jurídico, de acuerdo con su Disposición Abrogatoria la nueva CPE sustituye a su predecesora que, por lo tanto, no debería regir —en ningún punto— el accionar de los bolivianos. Pero, lo político vale más...
Es indispensable no incurrir en precipitaciones y menos en imposiciones que no tengan el verdadero carácter de una Carta Magna. Con un instrumento de tan alto relieve y significación para la vida nacional, es mejor avanzar con tiento y equilibrio. Es decir, que no se desnaturalice su legalidad y, sí más bien, se le confiera la legitimidad de la que aún carece, porque casi el 40 por ciento de los bolivianos no se siente identificado con el tenor del documento que emergió del referéndum del 25 de enero.
En esferas gubernamentales se advierte que existen apremios injustificables. El tiempo sobra, al menos si se quiere actuar democráticamente, para conciliar posiciones en torno a los dictámenes de la nueva CPE. Las reglamentaciones deben pasar, insoslayablemente, por los conductos regulares de un país que, como Bolivia, aún tiene algún margen de institucionalidad.
Esos conductos son las cámaras legislativas y no los decretos. En caso de que se quiera seguir actuando unilateralmente, sería mejor que el Gobierno identifique su perfil, para que, dentro y fuera del país, se sepa cuál es el sistema político que rige en Bolivia.
Los apremios de la nueva CPE
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Dadas las circunstancias, no resulta exagerado decir, figuradamente, que Bolivia, hoy por hoy, cuenta con media Constitución Política del Estado (CPE). No sólo porque requiere de reglamentaciones para su implementación plena, sino porque, según el ojo con que se mire, todavía rigen preceptos de la anterior Ley de Leyes.
En rigor, siguiendo estrictamente lo jurídico, de acuerdo con su Disposición Abrogatoria la nueva CPE sustituye a su predecesora que, por lo tanto, no debería regir —en ningún punto— el accionar de los bolivianos. Pero, lo político vale más...
Es indispensable no incurrir en precipitaciones y menos en imposiciones que no tengan el verdadero carácter de una Carta Magna. Con un instrumento de tan alto relieve y significación para la vida nacional, es mejor avanzar con tiento y equilibrio. Es decir, que no se desnaturalice su legalidad y, sí más bien, se le confiera la legitimidad de la que aún carece, porque casi el 40 por ciento de los bolivianos no se siente identificado con el tenor del documento que emergió del referéndum del 25 de enero.
En esferas gubernamentales se advierte que existen apremios injustificables. El tiempo sobra, al menos si se quiere actuar democráticamente, para conciliar posiciones en torno a los dictámenes de la nueva CPE. Las reglamentaciones deben pasar, insoslayablemente, por los conductos regulares de un país que, como Bolivia, aún tiene algún margen de institucionalidad.
Esos conductos son las cámaras legislativas y no los decretos. En caso de que se quiera seguir actuando unilateralmente, sería mejor que el Gobierno identifique su perfil, para que, dentro y fuera del país, se sepa cuál es el sistema político que rige en Bolivia.
Los apremios de la nueva CPE
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En las anteriores constituciones no hubo exigencias mayores para ponerlas en ejecución, pero con la nueva CPE la situación es distinta. En primer lugar, por su extensión: cuenta nada menos que con 411 artículos y 10 disposiciones transitorias. En segundo término, por las transformaciones que pretende introducir en el país, varias de las cuales, como se está viendo, tienen diversas interpretaciones o, por lo menos, necesitan complementaciones indispensables para poderlas entender y aplicar en su real dimensión.
Dadas las circunstancias, no resulta exagerado decir, figuradamente, que Bolivia, hoy por hoy, cuenta con media Constitución Política del Estado (CPE). No sólo porque requiere de reglamentaciones para su implementación plena, sino porque, según el ojo con que se mire, todavía rigen preceptos de la anterior Ley de Leyes.
En rigor, siguiendo estrictamente lo jurídico, de acuerdo con su Disposición Abrogatoria la nueva CPE sustituye a su predecesora que, por lo tanto, no debería regir —en ningún punto— el accionar de los bolivianos. Pero, lo político vale más...
Es indispensable no incurrir en precipitaciones y menos en imposiciones que no tengan el verdadero carácter de una Carta Magna. Con un instrumento de tan alto relieve y significación para la vida nacional, es mejor avanzar con tiento y equilibrio. Es decir, que no se desnaturalice su legalidad y, sí más bien, se le confiera la legitimidad de la que aún carece, porque casi el 40 por ciento de los bolivianos no se siente identificado con el tenor del documento que emergió del referéndum del 25 de enero.
En esferas gubernamentales se advierte que existen apremios injustificables. El tiempo sobra, al menos si se quiere actuar democráticamente, para conciliar posiciones en torno a los dictámenes de la nueva CPE. Las reglamentaciones deben pasar, insoslayablemente, por los conductos regulares de un país que, como Bolivia, aún tiene algún margen de institucionalidad.
Esos conductos son las cámaras legislativas y no los decretos. En caso de que se quiera seguir actuando unilateralmente, sería mejor que el Gobierno identifique su perfil, para que, dentro y fuera del país, se sepa cuál es el sistema político que rige en Bolivia.
http://www.la-razon.com/versiones/20090217_006641/nota_245_764347.htm
Dudas acerca del voto en el exterior
El Gobierno no puede perder de vista que comete un grave error poniendo en duda la transparencia de los procesos eleccionarios... se enfrenta al reto de dar las suficientes señales de que ésta no es una medida oportunista para recuperar los votos que ha perdido.
El Gobierno continúa empeñado en impulsar sus políticas por la vía del decretazo. La última reunión del gabinete de ministros del presidente Evo Morales puso en marcha el plan para que los bolivianos residentes en el exterior puedan votar en las elecciones generales de diciembre, y lo hizo, una vez más, a través de un decreto supremo.
El primer acápite del artículo 27 de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) reconoce el derecho al voto fuera del país. “Las bolivianas y los bolivianos residentes en el exterior tienen derecho a participar en las elecciones a la Presidencia y Vicepresidencia del Estado, y en las demás señaladas por ley...”.
El segundo punto se refiere a la participación en elecciones municipales, también “conforme a la ley”. Pero ni esto ni lo otro fue tomado en cuenta por el Órgano Ejecutivo, que encabeza el Jefe de Estado y que es el primero en violar la Carta Magna que promovió con fervor antes del referéndum del 25 de enero.
No está bien que, en democracia, se gobierne a base de decretos. Esa es una muestra de que falta capacidad y/o voluntad de concertación, al margen de existir un irresponsable empeño en ejecutar las políticas públicas por la fuerza.
La decisión gubernamental es doblemente cuestionable si se toma en cuenta que el propio MAS llevó al Congreso Nacional un proyecto de ley para aprobar, con el debido conocimiento de la oposición parlamentaria, el voto de los ciudadanos bolivianos en el exterior.
El apuro debe ser grande, tanto como para no esperar a que se den los pasos legales correspondientes en el Congreso. Mientras, después de que se conoció la intención de que embajadas y consulados bolivianos tendrían a su cargo el control de los votos en el exterior, el oficialismo ha vuelto a dar pie a las especulaciones y susceptibilidades: la oposición ha denunciado que sospecha de un fraude electoral.
El Gobierno no puede perder de vista que comete un grave error poniendo en duda la transparencia de los procesos eleccionarios. Al margen de posibilitar el voto en todos los países donde residen los bolivianos —principalmente en Argentina, EEUU y España, porque en esas tres naciones radica la mayoría de los compatriotas emigrantes—, se debe garantizar que el sufragio en el exterior guarde las mismas formalidades que se aplican dentro de Bolivia. No puede haber tratamiento diferenciado: todos tienen que cumplir los mismos requisitos, es decir, los que establece el Código Electoral vigente.
La Corte Nacional Electoral (CNE), nuevamente, juega un rol preponderante en este tema; lo analizaría hoy. El caso de Argentina es patético. Hace poco, un funcionario del cuerpo diplomático boliviano acreditado en ese país reconoció que desconocían, a ciencia cierta, la cantidad exacta de compatriotas residentes allí. Con esas condiciones, ¿de qué manera se controlará el voto, a pocos meses de las elecciones de diciembre?
El politólogo y ex vocal de la CNE, Jorge Lazarte, ha señalado, con mucho criterio, que Bolivia ni siquiera puso en orden su Padrón Electoral y, como si todo estuviera bien por casa, ya está planificando elaborar otros en el exterior. El gobierno de Morales se enfrenta al reto de dar las suficientes señales de que ésta no es una medida oportunista para recuperar los votos que ha perdido, como quedó demostrado en el referéndum de enero.
El Gobierno continúa empeñado en impulsar sus políticas por la vía del decretazo. La última reunión del gabinete de ministros del presidente Evo Morales puso en marcha el plan para que los bolivianos residentes en el exterior puedan votar en las elecciones generales de diciembre, y lo hizo, una vez más, a través de un decreto supremo.
El primer acápite del artículo 27 de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) reconoce el derecho al voto fuera del país. “Las bolivianas y los bolivianos residentes en el exterior tienen derecho a participar en las elecciones a la Presidencia y Vicepresidencia del Estado, y en las demás señaladas por ley...”.
El segundo punto se refiere a la participación en elecciones municipales, también “conforme a la ley”. Pero ni esto ni lo otro fue tomado en cuenta por el Órgano Ejecutivo, que encabeza el Jefe de Estado y que es el primero en violar la Carta Magna que promovió con fervor antes del referéndum del 25 de enero.
No está bien que, en democracia, se gobierne a base de decretos. Esa es una muestra de que falta capacidad y/o voluntad de concertación, al margen de existir un irresponsable empeño en ejecutar las políticas públicas por la fuerza.
La decisión gubernamental es doblemente cuestionable si se toma en cuenta que el propio MAS llevó al Congreso Nacional un proyecto de ley para aprobar, con el debido conocimiento de la oposición parlamentaria, el voto de los ciudadanos bolivianos en el exterior.
El apuro debe ser grande, tanto como para no esperar a que se den los pasos legales correspondientes en el Congreso. Mientras, después de que se conoció la intención de que embajadas y consulados bolivianos tendrían a su cargo el control de los votos en el exterior, el oficialismo ha vuelto a dar pie a las especulaciones y susceptibilidades: la oposición ha denunciado que sospecha de un fraude electoral.
El Gobierno no puede perder de vista que comete un grave error poniendo en duda la transparencia de los procesos eleccionarios. Al margen de posibilitar el voto en todos los países donde residen los bolivianos —principalmente en Argentina, EEUU y España, porque en esas tres naciones radica la mayoría de los compatriotas emigrantes—, se debe garantizar que el sufragio en el exterior guarde las mismas formalidades que se aplican dentro de Bolivia. No puede haber tratamiento diferenciado: todos tienen que cumplir los mismos requisitos, es decir, los que establece el Código Electoral vigente.
La Corte Nacional Electoral (CNE), nuevamente, juega un rol preponderante en este tema; lo analizaría hoy. El caso de Argentina es patético. Hace poco, un funcionario del cuerpo diplomático boliviano acreditado en ese país reconoció que desconocían, a ciencia cierta, la cantidad exacta de compatriotas residentes allí. Con esas condiciones, ¿de qué manera se controlará el voto, a pocos meses de las elecciones de diciembre?
El politólogo y ex vocal de la CNE, Jorge Lazarte, ha señalado, con mucho criterio, que Bolivia ni siquiera puso en orden su Padrón Electoral y, como si todo estuviera bien por casa, ya está planificando elaborar otros en el exterior. El gobierno de Morales se enfrenta al reto de dar las suficientes señales de que ésta no es una medida oportunista para recuperar los votos que ha perdido, como quedó demostrado en el referéndum de enero.
lunes, 16 de febrero de 2009
“El MAS busca chivos expiatorios para encubrir a otros corruptos”
Fernando Untoja:
• “Santos Ramírez, es simplemente un anzuelo del oficialismo, para distraer (y desviar) la atención (enfocada) sobre otras personas del Ejecutivo que arrastran este mal”, dijo.
“El Movimiento Al Socialismo (MAS) busca un chivo expiatorio para limpiar su imagen del entorno de corrupción en el que miembros de este partido se vieron involucrados en los últimos días”, afirmó el analista político Fernando Untoja.
Según Untoja, el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, recientemente recluido en el penal de San Pedro por supuestos actos de corrupción dentro de la estatal petrolera, es simplemente un anzuelo del partido de Gobierno, para distraer y desviar la atención enfocada sobre otras personas del Ejecutivo que arrastran la responsabilidad del problema de siempre.
En su criterio, Santos Ramírez se convirtió en un “estandarte”, porque castigándolo a él, lo que el Poder Ejecutivo realmente pretende, es lavar toda la corrupción que existe dentro del Gobierno. “La corrupción no se remite sólo a Ramírez, la corrupción es un ‘tejido’ político, un tejido del MAS que de momento se encuentra invisible”, aseveró.
Para Untoja, la corrupción “invisible” dentro de los componentes del Gobierno, sólo se destapará cuando existan comisiones que investiguen al interior del partido. En ese sentido dijo, la detención del ex titular de YPFB, no limpiará la corrupción del MAS, porque su conformación está estructurada de gente con ideas y antecedentes diversos, -convirtiéndose virtualmente en una “ensalada” política-, que maneja el destino del país.
En el caso específico de Ramírez, indicó que la corrupción proviene desde el Poder Ejecutivo a través de los decretos supremos emitidos que dieron luz verde al ex titular de YPFB para la contratación irregular del consorcio Catler Uniservice.
NEXO PARA SAQUEO DE RECURSOS
Enfatizó en que la empresa estatal Yacimientos, bajo la premisa de la nacionalización, sólo fue el nexo para el saqueo de los recursos del país, organizados en un partido político que se hace llamar revolucionario, para que ciertas familias se aprovechen de YPFB y además hagan una ‘rotación’ en el ejercicio de su administración sostuvo.
Acotó que la rotación de Carlos Villegas, Santos Ramírez y Guillermo Aruquipa dentro de la administración del área de Hidrocarburos y la estatal petrolera, sólo significa que el Gobierno no está dotado de gente eficaz en el manejo del área hidrocarburífera y que conozca de gestión administrativa.
El analista lamentó que el actual Gobierno, en sus tres años de gestión, no haya conseguido encarcelar y castigar a los anteriores protagonistas de la corrupción, (de gobiernos anteriores) y que al contrario, a los nuevos corruptos, sólo los expone, para posteriormente, dejarlos en libertad, además de tapar la corrupción en otros ámbitos.
No negó que al interior del MAS exista gente capacitada, pero que por las decisiones que toma el Presidente de la República, hace ver que carece de personas capaces para ocupar esos cargos.
INVESTIGACIONES
Expresó también que el actual ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, quien en una anterior oportunidad ocupó también el mismo cargo, es conocedor de los contratos irregulares que llevó adelante YPFB durante la administración de Santos Ramírez; sin embargo, añadió, el mismo fue excluido de las investigaciones.
Al referirse a la actual ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción Nardy Suxo, indicó que la misma, al ser parte del aparato del Gobierno, no escarbará ni destapará los mecanismos de corrupción de fondo que existe al interior del MAS. Para ello se requiere, precisó, justicia imparcial y con instancias legalmente establecidas y equipadas para el seguimiento de las investigaciones.
• “Santos Ramírez, es simplemente un anzuelo del oficialismo, para distraer (y desviar) la atención (enfocada) sobre otras personas del Ejecutivo que arrastran este mal”, dijo.
“El Movimiento Al Socialismo (MAS) busca un chivo expiatorio para limpiar su imagen del entorno de corrupción en el que miembros de este partido se vieron involucrados en los últimos días”, afirmó el analista político Fernando Untoja.
Según Untoja, el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, recientemente recluido en el penal de San Pedro por supuestos actos de corrupción dentro de la estatal petrolera, es simplemente un anzuelo del partido de Gobierno, para distraer y desviar la atención enfocada sobre otras personas del Ejecutivo que arrastran la responsabilidad del problema de siempre.
En su criterio, Santos Ramírez se convirtió en un “estandarte”, porque castigándolo a él, lo que el Poder Ejecutivo realmente pretende, es lavar toda la corrupción que existe dentro del Gobierno. “La corrupción no se remite sólo a Ramírez, la corrupción es un ‘tejido’ político, un tejido del MAS que de momento se encuentra invisible”, aseveró.
Para Untoja, la corrupción “invisible” dentro de los componentes del Gobierno, sólo se destapará cuando existan comisiones que investiguen al interior del partido. En ese sentido dijo, la detención del ex titular de YPFB, no limpiará la corrupción del MAS, porque su conformación está estructurada de gente con ideas y antecedentes diversos, -convirtiéndose virtualmente en una “ensalada” política-, que maneja el destino del país.
En el caso específico de Ramírez, indicó que la corrupción proviene desde el Poder Ejecutivo a través de los decretos supremos emitidos que dieron luz verde al ex titular de YPFB para la contratación irregular del consorcio Catler Uniservice.
NEXO PARA SAQUEO DE RECURSOS
Enfatizó en que la empresa estatal Yacimientos, bajo la premisa de la nacionalización, sólo fue el nexo para el saqueo de los recursos del país, organizados en un partido político que se hace llamar revolucionario, para que ciertas familias se aprovechen de YPFB y además hagan una ‘rotación’ en el ejercicio de su administración sostuvo.
Acotó que la rotación de Carlos Villegas, Santos Ramírez y Guillermo Aruquipa dentro de la administración del área de Hidrocarburos y la estatal petrolera, sólo significa que el Gobierno no está dotado de gente eficaz en el manejo del área hidrocarburífera y que conozca de gestión administrativa.
El analista lamentó que el actual Gobierno, en sus tres años de gestión, no haya conseguido encarcelar y castigar a los anteriores protagonistas de la corrupción, (de gobiernos anteriores) y que al contrario, a los nuevos corruptos, sólo los expone, para posteriormente, dejarlos en libertad, además de tapar la corrupción en otros ámbitos.
No negó que al interior del MAS exista gente capacitada, pero que por las decisiones que toma el Presidente de la República, hace ver que carece de personas capaces para ocupar esos cargos.
INVESTIGACIONES
Expresó también que el actual ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, quien en una anterior oportunidad ocupó también el mismo cargo, es conocedor de los contratos irregulares que llevó adelante YPFB durante la administración de Santos Ramírez; sin embargo, añadió, el mismo fue excluido de las investigaciones.
Al referirse a la actual ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción Nardy Suxo, indicó que la misma, al ser parte del aparato del Gobierno, no escarbará ni destapará los mecanismos de corrupción de fondo que existe al interior del MAS. Para ello se requiere, precisó, justicia imparcial y con instancias legalmente establecidas y equipadas para el seguimiento de las investigaciones.
El MAS se vale de Ramírez para encubrir la corrupción
Según Fernando Untoja
Presidente destituido de YPFB, Santos Ramírez, cumple detención preventiva en cárcel de San Pedro.
El partido en función de Gobierno busca un “chivo expiatorio” para limpiar su imagen del escándalo de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), caso que involucra a varios miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS), además de encubrir a otros corruptos dentro del Poder Ejecutivo.
La afirmación corresponde al analista político Fernando Untoja, quien en declaraciones a una radioemisora local, dijo que el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, recientemente recluido en el penal de San Pedro por supuestos actos de corrupción en la estatal petrolera, es simplemente un anzuelo del MAS, para distraer y desviar la atención enfocada sobre otras personas del Poder Ejecutivo que arrastran la responsabilidad de esa vieja problemática.
En su criterio, el ex titular de la estatal petrolera se convirtió en un “estandarte”, porque castigándolo a él, lo que el Poder Ejecutivo realmente pretende es lavar toda la corrupción que existe dentro del Gobierno.
Para Untoja, la corrupción “invisible” entre los componentes del Gobierno, sólo se destapará cuando existan comisiones que investiguen al interior del partido. En ese sentido, dijo, la detención del ex presidente de YPFB no limpiará la corrupción masista, porque su conformación está estructurada de gente con ideas y antecedentes variados.
Enfatizó que la petrolera, bajo la premisa de la nacionalización, sólo fue el nexo para el saqueo de recursos del país, organizados en un partido político que se hace llamar revolucionario, para que familias como los Villegas, Ramírez y Aruquipa, se aprovechen de YPFB, además de ‘rotar’ en el ejercicio de su administración.
Presidente destituido de YPFB, Santos Ramírez, cumple detención preventiva en cárcel de San Pedro.El partido en función de Gobierno busca un “chivo expiatorio” para limpiar su imagen del escándalo de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), caso que involucra a varios miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS), además de encubrir a otros corruptos dentro del Poder Ejecutivo.
La afirmación corresponde al analista político Fernando Untoja, quien en declaraciones a una radioemisora local, dijo que el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, recientemente recluido en el penal de San Pedro por supuestos actos de corrupción en la estatal petrolera, es simplemente un anzuelo del MAS, para distraer y desviar la atención enfocada sobre otras personas del Poder Ejecutivo que arrastran la responsabilidad de esa vieja problemática.
En su criterio, el ex titular de la estatal petrolera se convirtió en un “estandarte”, porque castigándolo a él, lo que el Poder Ejecutivo realmente pretende es lavar toda la corrupción que existe dentro del Gobierno.
Para Untoja, la corrupción “invisible” entre los componentes del Gobierno, sólo se destapará cuando existan comisiones que investiguen al interior del partido. En ese sentido, dijo, la detención del ex presidente de YPFB no limpiará la corrupción masista, porque su conformación está estructurada de gente con ideas y antecedentes variados.
Enfatizó que la petrolera, bajo la premisa de la nacionalización, sólo fue el nexo para el saqueo de recursos del país, organizados en un partido político que se hace llamar revolucionario, para que familias como los Villegas, Ramírez y Aruquipa, se aprovechen de YPFB, además de ‘rotar’ en el ejercicio de su administración.
viernes, 13 de febrero de 2009
Santos ocultó el rostro al ser recluido en la cárcel de San Pedro
El ex presidente de YPFB, Santos Ramírez, no quiso más fotografías ni registros de imagen cuando la mañana de este viernes fue ingresado al penal de San Pedro, donde guardará detención preventiva mientras se defiende de al menos cinco delitos de corrupción pública que afectan a YPFB y a la construcción de la planta separadora de líquidos..
Llegó a las 08.50 en medio de un operativo policial que custodió al detenido y se encargó de burlar a los periodistas que se encontraban listos para registrar el ingreso al penal de uno de los dirigentes más influyentes del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS); hoy venido a menos, precisamente, en un día que la superstición señala de mala suerte. ´Viernes 13´.
Ramírez optó por cubrirse el rostro con una frazada e ingresó por la puerta principal de la Cárcel, aquella que da a la Plaza de San Pedro y que conduce a los espacios donde se encuentran los presos comunes. Los periodistas aguardaban en la puerta lateral que conduce al sector de ´La Posta´, un área preferencial del penal.
El Director del penal de San Pedro, Cnl. Ernesto Michel, informó que la ex autoridad fue valorada sicológicamente y explicó fue sometido a un examen médico en cumplimiento de las normas vigentes. Dijo que Ramírez fue asignado a la sección ´Guanay´, al interior de la población carcelaria que guarda detención en San Pedro.
La jueza Décimo de Instrucción en lo Penal, Marcela Siles, ordenó el jueves, la detención preventiva de Ramírez en la Cárcel de San Pedro, al considerar riesgos para la averiguación de la verdad, puesto que el ex hombre fuerte de YPFB podría influir en personeros de la estatal petrolera en el marco de las investigaciones.
Santos Ramírez fue aprehendido el martes por orden del equipo de fiscales que investiga las irregularidades cometidas al interior de la estatal petrolera y que cobraron notoriedad pública con el asesinato del empresario Jorge O\'Connor D\'Arlach, ejecutivo de la empresa Catler-Uniservice, contratada por YPFB para la construcción de una planta separadora de líquidos de Río Grande, Santa Cruz.
El día del crimen, 27 de enero, un grupo de delincuentes le robaron a O\'Connor 450.000 dólares, un monto que presuntamente correspondía a la coima que la empresa contratada por Yacimientos pretendía pagar por haberse adjudicado el millonario contrato.
Ramírez es acusado por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, asociación delictuosa, daño económico al Estado, conducta antieconómica y cohecho pasivo, derivados de los acuerdos con Catler-Uniservice por un monto de 86.3 millones de dólares.
Desde que el ex ejecutivo de YPFB compareció ante el juzgado de medidas cautelares llevó en todo momento bajo el brazo el libro ´Conversando con Dios´, de Neale Donald Walsch, un texto que llevaba un sello de ´Best-Seller´.
Ramírez fue diputado del MAS y en 2006 llegó a la Presidencia del Senado, cargo que le permitió llegar, incluso, a la Jefatura temporal del Estado, en ausencia de Morales y el Vicepresidente Álvaro García Linera.
"EL PODER Y LA CAÍDA"
27 de enero. La banda de los ´Rufos´ atraca y asesina al presidente de la empresa Catler-Uniservice, Jorge O\'Connor D\'Arlach, a quien le roban 450.000 dólares.
28 de enero. Las primeras investigaciones dan cuenta de una presunta coima que Catler-Uniservice habría pagado a YPFB, como resultado de un contrato de más de 80 millones de dólares, que es el costo para la instalación de una planta separadora de líquidos en Río Grande.
Aparecen pistas sobre la presunta vinculación de los hermanos de la esposa de Santos Ramírez con este crimen. Salen a la luz las primeras irregularidades por la firma del millonario contrato.
El Senado y la Fiscalía crean comisiones especiales para investigar la presunta corrupción en YPFB y los nexos con el crimen de O\'Connor.
29 de febrero. La Policía detiene a la banda que asesino al empresario tarijeño y acusa a los hermanos Luis Fernando y Ernesto Córdova como autores intelectuales del crimen. Un día después, estas personas son enviadas a la cárcel de San Pedro.
31 de enero. El presidente Evo Morales destituye a Santos Ramírez de YPFB junto a 10 ejecutivos; ordena una intervención y auditoria. Designa en el cargo al Carlos Villegas, quien hasta el momento era ministro de Planificación.
2 de febrero. Se inician las declaraciones informativas de posibles testigos del caso. En la lista figuran la esposa de Ramírez, Jiovanna Navia Doria Medina y sus hermanos.
9 de febrero. Santos Ramírez anuncia que se divorciará de su esposa para poner fin a un mes de matrimonio, con la intención de desconectarse de los vínculos familiares que le estarían afectando.
10 de febrero. El ex presidente de YPFB acude por segundo día consecutivo a la Fiscalía, pero el equipo de abogados que le patrocina no convence al Ministerio Público.
11 de febrero. La Fiscalía alista la imputación formal y solicita Cárcel preventiva contra Ramírez.
12 de febrero. La jueza Décimo de Instrucción en lo Penal, Marcela Siles, ordenó detención preventiva en la Cárcel de San Pedro de La Paz, contra el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez.
13 de febrero. Santos Ramírez fue recluido en el penal de San Pedro de La Paz en el sector ´Guanay´; de tal manera que no compartirá el área con el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, detenido en ´La Posta´
ANF, La Paz.
Llegó a las 08.50 en medio de un operativo policial que custodió al detenido y se encargó de burlar a los periodistas que se encontraban listos para registrar el ingreso al penal de uno de los dirigentes más influyentes del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS); hoy venido a menos, precisamente, en un día que la superstición señala de mala suerte. ´Viernes 13´.
Ramírez optó por cubrirse el rostro con una frazada e ingresó por la puerta principal de la Cárcel, aquella que da a la Plaza de San Pedro y que conduce a los espacios donde se encuentran los presos comunes. Los periodistas aguardaban en la puerta lateral que conduce al sector de ´La Posta´, un área preferencial del penal.
El Director del penal de San Pedro, Cnl. Ernesto Michel, informó que la ex autoridad fue valorada sicológicamente y explicó fue sometido a un examen médico en cumplimiento de las normas vigentes. Dijo que Ramírez fue asignado a la sección ´Guanay´, al interior de la población carcelaria que guarda detención en San Pedro.
La jueza Décimo de Instrucción en lo Penal, Marcela Siles, ordenó el jueves, la detención preventiva de Ramírez en la Cárcel de San Pedro, al considerar riesgos para la averiguación de la verdad, puesto que el ex hombre fuerte de YPFB podría influir en personeros de la estatal petrolera en el marco de las investigaciones.
Santos Ramírez fue aprehendido el martes por orden del equipo de fiscales que investiga las irregularidades cometidas al interior de la estatal petrolera y que cobraron notoriedad pública con el asesinato del empresario Jorge O\'Connor D\'Arlach, ejecutivo de la empresa Catler-Uniservice, contratada por YPFB para la construcción de una planta separadora de líquidos de Río Grande, Santa Cruz.
El día del crimen, 27 de enero, un grupo de delincuentes le robaron a O\'Connor 450.000 dólares, un monto que presuntamente correspondía a la coima que la empresa contratada por Yacimientos pretendía pagar por haberse adjudicado el millonario contrato.
Ramírez es acusado por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, asociación delictuosa, daño económico al Estado, conducta antieconómica y cohecho pasivo, derivados de los acuerdos con Catler-Uniservice por un monto de 86.3 millones de dólares.
Desde que el ex ejecutivo de YPFB compareció ante el juzgado de medidas cautelares llevó en todo momento bajo el brazo el libro ´Conversando con Dios´, de Neale Donald Walsch, un texto que llevaba un sello de ´Best-Seller´.
Ramírez fue diputado del MAS y en 2006 llegó a la Presidencia del Senado, cargo que le permitió llegar, incluso, a la Jefatura temporal del Estado, en ausencia de Morales y el Vicepresidente Álvaro García Linera.
"EL PODER Y LA CAÍDA"
27 de enero. La banda de los ´Rufos´ atraca y asesina al presidente de la empresa Catler-Uniservice, Jorge O\'Connor D\'Arlach, a quien le roban 450.000 dólares.
28 de enero. Las primeras investigaciones dan cuenta de una presunta coima que Catler-Uniservice habría pagado a YPFB, como resultado de un contrato de más de 80 millones de dólares, que es el costo para la instalación de una planta separadora de líquidos en Río Grande.
Aparecen pistas sobre la presunta vinculación de los hermanos de la esposa de Santos Ramírez con este crimen. Salen a la luz las primeras irregularidades por la firma del millonario contrato.
El Senado y la Fiscalía crean comisiones especiales para investigar la presunta corrupción en YPFB y los nexos con el crimen de O\'Connor.
29 de febrero. La Policía detiene a la banda que asesino al empresario tarijeño y acusa a los hermanos Luis Fernando y Ernesto Córdova como autores intelectuales del crimen. Un día después, estas personas son enviadas a la cárcel de San Pedro.
31 de enero. El presidente Evo Morales destituye a Santos Ramírez de YPFB junto a 10 ejecutivos; ordena una intervención y auditoria. Designa en el cargo al Carlos Villegas, quien hasta el momento era ministro de Planificación.
2 de febrero. Se inician las declaraciones informativas de posibles testigos del caso. En la lista figuran la esposa de Ramírez, Jiovanna Navia Doria Medina y sus hermanos.
9 de febrero. Santos Ramírez anuncia que se divorciará de su esposa para poner fin a un mes de matrimonio, con la intención de desconectarse de los vínculos familiares que le estarían afectando.
10 de febrero. El ex presidente de YPFB acude por segundo día consecutivo a la Fiscalía, pero el equipo de abogados que le patrocina no convence al Ministerio Público.
11 de febrero. La Fiscalía alista la imputación formal y solicita Cárcel preventiva contra Ramírez.
12 de febrero. La jueza Décimo de Instrucción en lo Penal, Marcela Siles, ordenó detención preventiva en la Cárcel de San Pedro de La Paz, contra el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez.
13 de febrero. Santos Ramírez fue recluido en el penal de San Pedro de La Paz en el sector ´Guanay´; de tal manera que no compartirá el área con el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, detenido en ´La Posta´
ANF, La Paz.
Santos va a la cárcel
Una jueza determinó enviar a prisión a quien fue el tercer hombre con más poder en el Gobierno. Determinó que deberá defenderse entre rejas del caso de corrupción del que se lo acusa, por riesgo de obstaculización.
• A la cárcel
Un caso de corrupción y soborno hundió al ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Santos Ramírez. Una jueza decidió enviarlo preventivamente a la cárcel de San Pedro.
Así, le dio un revés al político que por la influencia y cercanía que tenía con el presidente Evo Morales, se perfilaba como el candidato a la vicepresidencia por el MAS en las elecciones de diciembre de este año.
Luego de tres horas y media de audiencia cautelar, la jueza 10º de Instrucción en lo Penal, Marcela Siles, dictaminó que el ex hombre fuerte del Gobierno deberá defenderse de las acusaciones que pesan sobre él encerrado en una celda del penal paceño, ya que, según su análisis, Ramírez podría obstaculizar la investigación e influir en personeros de la estatal petrolera.
El ex funcionario público fue imputado por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, asociación delictuosa, daño económico al Estado, conducta antieconómica y cohecho pasivo (soborno).
Todo esto por la adjudicación, presuntamente irregular, de un contrato entre Yacimientos y la empresa Catler-Uniservice, a la que se encomendó la construcción de una planta separadora de líquidos por $us 86,3 millones.
El 27 de enero, un grupo de personas que acompañaban al empresario tarijeño Jorge O’Connor llegaba a un domicilio en la avenida Tejada Sorzano de La Paz, presuntamente para entregar una coima de 450 mil dólares.
Según confirmó la Fiscalía en la audiencia, ese dinero había salido del Banco Unión y tenía como destino la casa de Gonzalo Aramayo, un familiar de Santos Ramírez, quien estaba en el lugar junto al cuñado del ex presidente de YPFB, Javier Navía. Esa casa, al mismo tiempo, era el domicilio legal de la Fundación Khantati, de propiedad de esa familia.
En la puerta, una banda de delincuentes interceptó el dinero, lo arrebató a O’Connor y a otro presunto implicado en el negocio, Mario Cossío Mc Galem. El hecho tal vez no se hubiese conocido si quedaba ahí, pero uno de los delincuentes disparó al empresario, con lo que no solamente lo mató, sino que destapó este escándalo de corrupción.
Este caso salpicó rápidamente a Santos Ramírez, quien fue destituido de YPFB por el mandatario Evo Morales. La investigación derivó el martes en su aprehensión, y ayer, en su reclusión preventiva.
Se presentó a la audiencia con una chamarra beige, un pantalón café y una camisa amarilla, tal cual estaba vestido Ramírez en los últimos tres días, desde su aprehensión. Ayer, una vez más, el ex funcionario asistió a la audiencia con el libro Conversaciones con Dios bajo el brazo. Ingresó a una sala que se habilitó para la audiencia en el piso cinco de la Corte Superior de Distrito, cuando ésta todavía estaba vacía.
Las puertas del edificio se mantuvieron cerradas hasta después de las 14.00, hora fijada para la audiencia. Cuando los periodistas y el público asistente llegaron al ambiente habilitado para la cita, el acusado ya estaba ubicado detrás de una bandera de La Paz, que impidió que los camarógrafos y reporteros gráficos captaran su rostro.
Durante las tres horas y media que duró la audiencia, escuchó los alegatos de los fiscales y de sus abogados en completo silencio. Simplemente se limitaba, de rato en rato, a dar instrucciones o pasar papeles a sus defensores.
Tampoco pronunció palabra alguna cuando la jueza determinó su detención preventiva. Simplemente bajó la cabeza y luego se levantó para dirigirse a sus abogados mientras esperaba que los policías se acerquen para conducirlo a su celda en el penal.
Los efectivos hicieron un callejón al terminar la audiencia, y el hombre pasó. La seriedad en su rostro fue la única manifestación que mostró ante las cámaras. La escolta se abrió paso entre los periodistas y la gente que asistió a la audiencia. Quien terminó enero con mucho poder como presidente de YPFB, ahora se dirigía a su encierro completamente solo. No respondió ni una sola pregunta de los periodistas, ni se inmutó ante algún silbido que se escuchó mientras se retiraba del salón.
Los que sí se acercaron a los medios fueron sus abogados. Víctor Borda sentenció que la jueza “titubeó” al dar el dictamen, y luego atacó: “Eso demuestra que hubo injerencia política”.
Albo Lacaze se limitó a decir que su equipo analizará la decisión judicial y que apelará.
Mientras que José Paredes resaltó que dentro de la audiencia no se pidió la libertad pura y simple, “pero sí la detención domiciliaria para que se defienda con tranquilidad en su casa”. Acotó que Ramírez se mostró dispuesto a colaborar con la indagación.
Según trascendió, se habría gestionado que Ramírez se quede una noche más en las celdas de la Policía Judicial y que sea trasladado hoy al penal.
Los fotógrafos y periodistas, inmediatamente terminó la audiencia, desplegaron sus equipos para captar el ingreso del ex ejecutivo de YPFB al penal de San Pedro, que luego de las 17.30 tenía un fuerte resguardo policial.
Sin embargo, dos horas después aproximadamente, los guardias ingresaron al penal y retornó la normalidad.
Este medio estuvo en las puertas del recinto carcelario hasta después de la una de la madrugada y no se había registrado el ingreso de Santos Ramírez.
El silencio y la soledad siguieron ayer al ex presidente de la estatal petrolera. Mientras tanto, el vicepresidente Álvaro García Linera comentó sobre su caso que el Gobierno “se ha cortado una mano para terminar con la corrupción”.
Grupo de O’Connor sacó $us 3,3 millones para presunto soborno
COBROS • YPFB hizo dos depósitos de 1.650.000 dólares a Catler-Uniservice por el inicio de la construcción de una planta de licuables. El dinero fue sacado irregularmente, dice la Fiscalía.
El grupo del empresario Jorge O’Connor D’Arlach, que supuestamente conformaba la empresa Catler-Uniservice, retiró del Banco Unión 3,3 millones de dólares desde diciembre del año 2008, monto que habría sido utilizado para concretar sobornos.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) canceló dos montos de dinero a Catler-Uniservice como adelanto para la construcción de una planta separadora de licuables en Río Grande, Santa Cruz. Cada uno por 1.650.000 dólares, haciendo un total de $us 3,3 millones.
Por otra parte, la empresa subcontratista de Catler-Uniservice, Gulsby, recibió 13 millones de dólares como parte del fideicomiso de YPFB para la obra.
En la audiencia de medidas cautelares en contra del ex presidente de YPFB, Santos Ramírez, uno de los fiscales que están a cargo del caso, Edward Mollinedo, contó cronológicamente cuándo y quiénes retiraron paulatinamente diferentes montos de dinero desde diciembre del 2008 a enero del 2009.
El 2 de diciembre fue el depósito del primer adelanto. Un día después, a las 9.26, Jorge O’Connor retiró 580 mil dólares. En su declaración jurada que realiza, justifica al Banco Unión que el dinero está destinado a “gastos de proceso de licitación, pago garantías e inicio de proyecto”.
Mollinedo aseveró que es extraña esa declaración jurada. “La licitación fue en mayo y junio del 2008. ¿A qué tipo de gastos se refiere?, ¿de qué proyectos se habla cuando no existe ni una sola piedra de construcción (en Río Grande)?”, cuestionó el fiscal.
El mismo día, a las 11.03, una mujer llamada Gloria Paola Miranda Meyer sacó de la misma cuenta $us 99.000 y en su declaración jurada se lee que serviría para cubrir pólizas de seguros. El representante del Ministerio Público afirmó que Miranda no cumple ninguna función en la empresa de O’Connor D’Arlach.
Más tarde, el empresario retiró 100.000 dólares “para inicio de construcción de obras”. Mollinedo aseguró que esa obra no existe. Ese día aparecieron dos de los implicados en el volteo de 450 mil dólares y el asesinato de O’Connor D’Arlach, Luis Fernando Córdova y Mario Cossío Mc Galem. El primero sacó de la misma cuenta 110.000 dólares “para compra de tuberías”, y el segundo retiró un monto no especificado destinado a la compra de equipamiento y movilidades. “Cuando la Fiscalía le preguntó dónde quedan las oficinas de la empresa, Cossío respondió que no tienen oficinas”, dijo el fiscal.
Según Mollinedo, O’Connor D’Arlach hizo traspasos de la cuenta en dólares que era de la empresa Catler-Uniservice, la cual YPFB le había depositado, a una cuenta personal en bolivianos con el fin de no realizar declaraciones juradas el momento de retirar el dinero.
El 14 de enero, YPFB realizó otro depósito de 1.650.000 dólares y el procedimiento de retiro fue el mismo. El 15 de enero, Mario Cossío Mc Galem cobró de la misma cuenta 78 mil dólares, Luis Fernando Córdova retiró $us 20.000. Esos días, O’Connor traspasó de la cuenta de Catler-Uniservice a la suya. Movió 100 mil, 70 mil y 40 mil dólares.
Finalmente, el 27 de enero, Cossío cobró $us 150 mil, Córdova y O’Connor la misma cantidad. Con 450 mil dólares fueron a la casa de Gonzalo Aramayo, implicado en el hecho, y al llegar mataron al empresario. Mollinedo explicó que el destino de los 3,3 millones de dólares es incierto.
El detalle de los cobros de dinero
3 de diciembre del 2008
A las 9.26, Jorge O’Connor retira 580 mil dólares; a las 11.03, Gloria Paola Miranda Meyer saca 99.000 dólares, esta persona no tiene ningún vínculo con la empresa Catler-Uniservice. Minutos después, Luis Fernando Córdova retira 110 mil dólares y más tarde Mario Cossío Mc Galem saca otro monto no especificado por el Ministerio Público. No se conoce el destino de ese dinero, no hay documentos.
15 de enero del 2009
El primero es Mario Cossío Mc Galem, quien retira 78 mil dólares; luego Córdova saca 20 mil. O’Connor hace traspasos de dinero de una cuenta en dólares a otra personal en bolivianos.
27 de enero
Jorge O’Connor, Mario Cossío y Luis Fernando Córdova retiran, cada uno, 150 mil dólares de la misma cuenta. Juntos se dirigen a la casa de la Tejada Sorzano.
Los documentos encontrados
Durante la audiencia cautelar en contra del ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, los fiscales revelaron que se encontraron dos documentos con datos reveladores.
En un allanamiento que realizó la Fiscalía en la casa de Ramírez, en la zona de Obrajes, identificó un papel donde se leía nombres y acciones que involucraban a los principales sospechosos y testigos del crimen de Jorge O’Connor D’Arlach. En ese documento se lee: “el chato”, “Córdova”y “Tejada Sorzano”.
Asimismo, cuando se intervino las oficinas de YPFB, se sorprendió a un funcionario destruyendo documentos y se encontró un papel donde se detallaba los nombres de los hermanos Córdova, de la empresa Catler-Uniservice y de “sicarios”, cada uno tenía a su lado un monto de dinero. El Ministerio Público investigará al respecto.
lunes, 9 de febrero de 2009
No son santos
Por: Juan José Toro Montoya*
Mario Vargas Llosa venció en batallas en las que muchos fueron derrotados y, por ello, bien podría ser considerado un triunfador. No obstante, un mal día decidió meterse en la política y le fue como a perro en feria. Candidateó a la Presidencia del Perú y fue derrotado por Alberto Fujimori, juzgado por crímenes de lesa humanidad. Escaldado como gato que cayó a la olla de agua hirviendo, y vivió para maullarlo, Varguitas se alejó de las lides y legó esta frase: “La política saca a flote lo peor del ser humano”.
No fue precisamente un descubrimiento. Los gatos de la política, aquellos que siempre caen de pie, saben que ésta ha dejado de ser “el arte de gobernar a los pueblos” y se ha convertido en una actividad inmoral que no sólo linda con la delincuencia, sino que muchas veces rebasa ese límite.
Ronald Reagan, por ejemplo, dijo muchas veces que “la política es la segunda profesión más baja y me he dado cuenta de que guarda una estrecha similitud con la primera”. Por su parte, el político español Enrique Tierno Galván fue más gráfico al señalar que “en política se está en contacto con la mugre y hay que lavarse para no oler mal”.
Eso sí… la política es un arte pero no el de gobernar a los pueblos. Louis Dumur (1863-1933) sentenció que “la política es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos” y, antes, el francés Jean Le Rond D" Alembert (1717-1783) hizo esta diferenciación: “La guerra es el arte de destruir hombres, la política es el arte de engañarlos”.
Por tanto, es de ingenuos pretender que los políticos sean honestos (“Nadie puede adoptar la política como profesión y seguir siendo honrado”, Loui McHenry Howe) y nadie tendría que rasgarse las vestiduras por el escándalo de corrupción en el que la figura es el ex presidente de YPFB Santos Ramírez.
Los políticos pueden diferenciarse en muchas cosas y, de hecho, lo hacen desde siempre. La división entre derecha e izquierda surgió en la Revolución Francesa, por la posición en la que se sentaban los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente.
Aunque tengan diferencias de clase, posición económica, criterios, valores y cosmovisión, los políticos sólo buscan una cosa: el poder. Cuando están en la oposición buscan llegar al poder y, cuando llegan a él, se esfuerzan por detentarlo el mayor tiempo posible (“La política es un acto de equilibrio entre la gente que quiere entrar y aquellos que no quieren salir”: Jacques Benigne Bossuet).
Por ello, la corrupción no es un defecto exclusivo de la derecha y a nadie tendría que extrañarle que surja también en la izquierda. Lo que sí es notable es que, hasta hace poco, la izquierda era menos tolerante con la corrupción y más firme con sus principios. En 1988, el Gobierno de Fidel Castro se enteró de que el general Arnaldo Ochoa Sánchez, nombrado “Héroe de la República de Cuba” por su actuación en diversas campañas militares, que incluían la campaña contra Batista y la batalla de Bahía de Cochinos, estaba involucrado en las actividades de narcotráfico del cartel de Medellín y un año después lo hizo fusilar.
El Gobierno de Evo Morales admitió el escándalo de las computadoras de Félix Patzi, las calaveradas de Abel Mamani, la venta de avales y la liberación de 33 camiones en Pando. Destituyó a la mayoría de los autores de esas inconductas pero todavía mantiene a uno en el poder. Habla de combatir a la corrupción pero sólo sus enemigos políticos van a la cárcel.
Hay crimen pero no castigo. Se cumple la sentencia del filósofo español José Luis López Aranguren: “La moral se esgrime cuando se está en la oposición; la política, cuando se ha obtenido el poder”.
* Periodista
www.columnistas.net
Mario Vargas Llosa venció en batallas en las que muchos fueron derrotados y, por ello, bien podría ser considerado un triunfador. No obstante, un mal día decidió meterse en la política y le fue como a perro en feria. Candidateó a la Presidencia del Perú y fue derrotado por Alberto Fujimori, juzgado por crímenes de lesa humanidad. Escaldado como gato que cayó a la olla de agua hirviendo, y vivió para maullarlo, Varguitas se alejó de las lides y legó esta frase: “La política saca a flote lo peor del ser humano”.
No fue precisamente un descubrimiento. Los gatos de la política, aquellos que siempre caen de pie, saben que ésta ha dejado de ser “el arte de gobernar a los pueblos” y se ha convertido en una actividad inmoral que no sólo linda con la delincuencia, sino que muchas veces rebasa ese límite.
Ronald Reagan, por ejemplo, dijo muchas veces que “la política es la segunda profesión más baja y me he dado cuenta de que guarda una estrecha similitud con la primera”. Por su parte, el político español Enrique Tierno Galván fue más gráfico al señalar que “en política se está en contacto con la mugre y hay que lavarse para no oler mal”.
Eso sí… la política es un arte pero no el de gobernar a los pueblos. Louis Dumur (1863-1933) sentenció que “la política es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos” y, antes, el francés Jean Le Rond D" Alembert (1717-1783) hizo esta diferenciación: “La guerra es el arte de destruir hombres, la política es el arte de engañarlos”.
Por tanto, es de ingenuos pretender que los políticos sean honestos (“Nadie puede adoptar la política como profesión y seguir siendo honrado”, Loui McHenry Howe) y nadie tendría que rasgarse las vestiduras por el escándalo de corrupción en el que la figura es el ex presidente de YPFB Santos Ramírez.
Los políticos pueden diferenciarse en muchas cosas y, de hecho, lo hacen desde siempre. La división entre derecha e izquierda surgió en la Revolución Francesa, por la posición en la que se sentaban los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente.
Aunque tengan diferencias de clase, posición económica, criterios, valores y cosmovisión, los políticos sólo buscan una cosa: el poder. Cuando están en la oposición buscan llegar al poder y, cuando llegan a él, se esfuerzan por detentarlo el mayor tiempo posible (“La política es un acto de equilibrio entre la gente que quiere entrar y aquellos que no quieren salir”: Jacques Benigne Bossuet).
Por ello, la corrupción no es un defecto exclusivo de la derecha y a nadie tendría que extrañarle que surja también en la izquierda. Lo que sí es notable es que, hasta hace poco, la izquierda era menos tolerante con la corrupción y más firme con sus principios. En 1988, el Gobierno de Fidel Castro se enteró de que el general Arnaldo Ochoa Sánchez, nombrado “Héroe de la República de Cuba” por su actuación en diversas campañas militares, que incluían la campaña contra Batista y la batalla de Bahía de Cochinos, estaba involucrado en las actividades de narcotráfico del cartel de Medellín y un año después lo hizo fusilar.
El Gobierno de Evo Morales admitió el escándalo de las computadoras de Félix Patzi, las calaveradas de Abel Mamani, la venta de avales y la liberación de 33 camiones en Pando. Destituyó a la mayoría de los autores de esas inconductas pero todavía mantiene a uno en el poder. Habla de combatir a la corrupción pero sólo sus enemigos políticos van a la cárcel.
Hay crimen pero no castigo. Se cumple la sentencia del filósofo español José Luis López Aranguren: “La moral se esgrime cuando se está en la oposición; la política, cuando se ha obtenido el poder”.
* Periodista
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El 75% de los ministros son intelectuales afines al MAS
Entre las profesiones hay más abogados y sociólogos
El Órgano Ejecutivo está copado por 15 profesionales de diferentes ramas y cuatro plazas son para representantes de organizaciones sociales. En la lista hay sobre todo abogados y sociólogos.
- David Choquehuanca Céspedes
Relaciones Exteriores
Sociólogo paceño. Trabajó durante 15 años en el Programa Nina, de cooperación francesa, que prestaba capacitación a grupos de campesinos.
- Juan Quintana Taborga
Presidencia
Es sociólogo y ex militar. Nació en Cochabamba. Fue asesor de los gobiernos de Hugo Banzer Suárez (1971-1978), de Jorge Quiroga Ramírez y de Carlos Mesa.
- Alfredo Rada Vélez
Gobierno
Analista de temas políticos. Es paceño. Por varios años estuvo a la cabeza de la organización no gubernamental CEJIS, institución con amplia presencia en el oriente.
- Walker San Miguel Rodríguez
Defensa
Abogado constitucionalista paceño. Fue catedrático universitario, director de la Gaceta Jurídica y presidente del Colegio de Abogados de La Paz.
- Célima Torrico Rojas
Justicia
Comunicadora cochabambina. Dirigente campesina. Trabajó en Radio Fides, fue presidenta de la Asociación de Concejalas de Cochabamba por el MAS y consejera.
- Roberto Aguilar Gómez
Educación
Economista paceño. Trabajó como docente y Rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz, fue Vicepresidente de la Asamblea Constituyente.
- Jorge Ramiro Tapia Sáinz
Salud
Médico pediatra paceño. Fue jefe de Médicos Residentes del Hospital del Niño, vicedecano de la Facultad de Medicina de la UMSA y Viceministro de Educación Superior.
- Luis A. Echazú Alvarado
Minería y Metalurgia
Ingeniero metalúrgico chuquisaqueño. Fue vicerrector de la Universidad Siglo XX de Llallagua. Miembro del Comité Ejecutivo de la COB y Viceministro de Minería.
- Luis A. Arce Catacora
Economía y Finanzas Públicas
Economista y contador general paceño. Fue catedrático y trabajó durante 18 años en el Banco Central de Bolivia (BCB). Antes fue Ministro de Hacienda.
- René Orellana Halkyer
Medio Ambiente y Agua
Sociólogo cochabambino. Trabajó de asesor en la elaboración de normas sobre el agua y en el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).
- Susana Rivero Guzmán
Desarrollo Productivo y Economía Plural
Es abogada beniana. Tiene una larga trayectoria como funcionaria de organizaciones no gubernamentales (ONG). También formó parte del CEJIS.
- Héctor Arce Zaconeta
Defensa Legal del Estado
Abogado paceño. Ex Viceministro de Coordinación Gubernamental y Ministro Sin Cartera Responsable de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales.
- Wálter Delgadillo Terceros
Obras Públicas, Servicios y Vivienda
Ex dirigente del Gobierno de la UDP; se postuló como candidato a la Presidencia por Izquierda Unida y fundó el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Masas.
- Carlos Romero Bonifaz
Autonomía
Abogado paceño. Ex Director del CEJIS. Fue asambleísta por Santa Cruz del Movimiento Al Socialismo. Era Ministro de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
- Óscar Coca Antezana
Hidrocarburos y Energía
Es dirigente cochabambino. Militante del Movimiento Al Socialismo. También fue Vicepresidente del Concejo Municipal de la capital y asesor cocalero.
- Noel Aguirre Ledezma
Planificación y Desarrollo
Educador y pedagogo. Fue Viceministro de Planificación y Coordinación del Ministerio de Planificación del Desarrollo del Gobierno del MAS.
- Julia Ramos Sánchez
Desarrollo Rural y Tierras
Dirigente campesina tarijeña. Tiene una larga trayectoria sindical desde sus bases hasta llegar a la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa.
- Calixto Chipana Calizaya
Trabajo, Empleo y Previsión Social
Fabril paceño. Llegó a ser Secretario General del Sindicato de la empresa Venado, luego ocupó el cargo de Secretario General de la Federación de Fabriles.
- Pablo Groux Canedo
Ministro de Culturas
Politólogo paceño. Trabajó de docente, investigador social en la fundación Tierra, fue Jefe de Gabinete de la Alcaldía paceña, Oficial Mayor y Viceministro de Culturas.
- Nardy Suxo Iturri
Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Políticas. Fue Directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la “U” Católica, consultora y Viceministra de Lucha Contra la Corrupción.
El Órgano Ejecutivo está copado por 15 profesionales de diferentes ramas y cuatro plazas son para representantes de organizaciones sociales. En la lista hay sobre todo abogados y sociólogos.
- David Choquehuanca Céspedes
Relaciones Exteriores
Sociólogo paceño. Trabajó durante 15 años en el Programa Nina, de cooperación francesa, que prestaba capacitación a grupos de campesinos.
- Juan Quintana Taborga
Presidencia
Es sociólogo y ex militar. Nació en Cochabamba. Fue asesor de los gobiernos de Hugo Banzer Suárez (1971-1978), de Jorge Quiroga Ramírez y de Carlos Mesa.
- Alfredo Rada Vélez
Gobierno
Analista de temas políticos. Es paceño. Por varios años estuvo a la cabeza de la organización no gubernamental CEJIS, institución con amplia presencia en el oriente.
- Walker San Miguel Rodríguez
Defensa
Abogado constitucionalista paceño. Fue catedrático universitario, director de la Gaceta Jurídica y presidente del Colegio de Abogados de La Paz.
- Célima Torrico Rojas
Justicia
Comunicadora cochabambina. Dirigente campesina. Trabajó en Radio Fides, fue presidenta de la Asociación de Concejalas de Cochabamba por el MAS y consejera.
- Roberto Aguilar Gómez
Educación
Economista paceño. Trabajó como docente y Rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz, fue Vicepresidente de la Asamblea Constituyente.
- Jorge Ramiro Tapia Sáinz
Salud
Médico pediatra paceño. Fue jefe de Médicos Residentes del Hospital del Niño, vicedecano de la Facultad de Medicina de la UMSA y Viceministro de Educación Superior.
- Luis A. Echazú Alvarado
Minería y Metalurgia
Ingeniero metalúrgico chuquisaqueño. Fue vicerrector de la Universidad Siglo XX de Llallagua. Miembro del Comité Ejecutivo de la COB y Viceministro de Minería.
- Luis A. Arce Catacora
Economía y Finanzas Públicas
Economista y contador general paceño. Fue catedrático y trabajó durante 18 años en el Banco Central de Bolivia (BCB). Antes fue Ministro de Hacienda.
- René Orellana Halkyer
Medio Ambiente y Agua
Sociólogo cochabambino. Trabajó de asesor en la elaboración de normas sobre el agua y en el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).
- Susana Rivero Guzmán
Desarrollo Productivo y Economía Plural
Es abogada beniana. Tiene una larga trayectoria como funcionaria de organizaciones no gubernamentales (ONG). También formó parte del CEJIS.
- Héctor Arce Zaconeta
Defensa Legal del Estado
Abogado paceño. Ex Viceministro de Coordinación Gubernamental y Ministro Sin Cartera Responsable de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales.
- Wálter Delgadillo Terceros
Obras Públicas, Servicios y Vivienda
Ex dirigente del Gobierno de la UDP; se postuló como candidato a la Presidencia por Izquierda Unida y fundó el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Masas.
- Carlos Romero Bonifaz
Autonomía
Abogado paceño. Ex Director del CEJIS. Fue asambleísta por Santa Cruz del Movimiento Al Socialismo. Era Ministro de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
- Óscar Coca Antezana
Hidrocarburos y Energía
Es dirigente cochabambino. Militante del Movimiento Al Socialismo. También fue Vicepresidente del Concejo Municipal de la capital y asesor cocalero.
- Noel Aguirre Ledezma
Planificación y Desarrollo
Educador y pedagogo. Fue Viceministro de Planificación y Coordinación del Ministerio de Planificación del Desarrollo del Gobierno del MAS.
- Julia Ramos Sánchez
Desarrollo Rural y Tierras
Dirigente campesina tarijeña. Tiene una larga trayectoria sindical desde sus bases hasta llegar a la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa.
- Calixto Chipana Calizaya
Trabajo, Empleo y Previsión Social
Fabril paceño. Llegó a ser Secretario General del Sindicato de la empresa Venado, luego ocupó el cargo de Secretario General de la Federación de Fabriles.
- Pablo Groux Canedo
Ministro de Culturas
Politólogo paceño. Trabajó de docente, investigador social en la fundación Tierra, fue Jefe de Gabinete de la Alcaldía paceña, Oficial Mayor y Viceministro de Culturas.
- Nardy Suxo Iturri
Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Políticas. Fue Directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la “U” Católica, consultora y Viceministra de Lucha Contra la Corrupción.
El Ejecutivo se reestructura con un gabinete poco plural
El equipo ministerial creció de 17 a 20 carteras y se abolieron algunas reguladoras
El presidente Morales mantuvo a sus hombres de confianza —Quintana, Rada, San Miguel y Choquehuanca—, prescindió de Villegas y Ávalos, incorporó a cinco nuevas autoridades, reubicó a otras tres y ascendió de rango a tres ex viceministros.
Mediante el Decreto Supremo 29894 de Reorganización del Órgano Ejecutivo, el presidente Evo Morales armó ayer su “primer gabinete ministerial plurinacional” con tres nuevas carteras, diez ratificadas y siete que cambiaron de nombre y ganaron o cedieron atribuciones, según se aprecia comparando la nueva estructura con la antigua, publicada en la web de la Presidencia
Se crearon los ministerios de Culturas, a cargo de Pablo Groux; Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, encabezado por Nardy Suxo, y Autonomías, confiado a Carlos Romero.
En cuanto a nombres, siete ministros mantienen su cargo anterior, hay cinco nuevos, cinco cuyos despachos cambiaron de nombre y responsabilidades y hubo tres enroques.
Consolidada el área política y estratégica con Quintana, Rada y Choquehuanca, el perfil del gabinete dio un vuelco en lo social, al reforzar la descentralización, los servicios básicos, la atención a temas culturales y la lucha anticorrupción, para encarar la difícil agenda de un año electoral.
Mantuvo, en la parte económica, a las principales autoridades Luis Arce y Susana Rivero, y una vez más Morales escogió a un titular de Hidrocarburos, Óscar Coca, sin formación técnica, como tampoco la tenía su predecesor, Saúl Ávalos.
Groux y Suxo, además, son dos de los cinco nuevos componentes del equipo de ministros, junto con Julia Ramos, en la cartera de Desarrollo Rural y Tierras; Calixto Chipana, nuevo ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, y Noel Aguirre, desde ayer responsable del despacho de Planificación del Desarrollo.
Los recientes hechos de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), provocaron —en diferente medida— la salida de los dos únicos ministros del anterior gabinete. Saúl Ávalos, ex titular de Hidrocarburos, salpicado por el incidente del 27 de enero que cobró la vida del empresario Jorge O’Connor, y Carlos Villegas, quien hace un par de semanas dejó su cargo en Planificación para asumir la presidencia de la estatal petrolera.
Quince autoridades merecieron la renovación de la confianza de Morales. Tres de éstas fueron reubicadas, cinco aún encabezan ministerios que cambiaron de denominación y siete siguen en sus mismos cargos (ver infografía).
En este último grupo destacan cuatro nombres, los únicos que se mantienen desde el inicio de la gestión de Gobierno en enero de 2006: el canciller David Choquehuanca; Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia —y de quien varias versiones previas al acto daban por segura su salida, por su implicación en el escándalo de contrabando en Pando—; además Walker San Miguel y Luis Arce en las carteras de Defensa y Economía y Finanzas Públicas, respectivamente.
También mantienen sus mismos cargos Alfredo Rada (Gobierno), Célima Torrico (Justicia), Luis Alberto Echazú (Minería y Metalurgia) y Ramiro Tapia (Salud).
Los enroques fueron protagonizados por Carlos Romero, quien de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente pasó a comandar el nuevo Ministerio de Autonomías; Wálter Delgadillo, ex ministro de Trabajo, posesionado ayer en Obras Públicas, Servicios y Vivienda, y Óscar Coca, quien dejó Obras Públicas para asumir en Hidrocarburos y Energía.
Noel Aguirre, nuevo titular de Planificación del Desarrollo, comparte con Suxo y Groux el hecho de que los tres pasaron de ser viceministros a encabezar sus respectivas carteras.
Tras tomarles juramento a sus nuevos ministros, poco después de las 09.00 en el Palacio de Gobierno, el presidente Morales afirmó que este reajuste permite poner en marcha un “gabinete plurinacional para trabajar en la implementación de la nueva CPE”.
Debido a que la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) vigente establece 13 carteras ministeriales, Morales había creado además otras cuatro sin cartera —del Agua, de Defensa de la Nacionalización, de Planificación del Desarrollo y de Producción y Microempresa—, con las que llegaban a 17. La reestructuración de ayer propiciada por un decreto de transición —cuya emisión fue confirmada anoche por el vocero Iván Canelas— las subió a 20 tras el alejamiento de dos y la llegada de cinco nuevos ministros.
Pese a ello, el vicepresidente Álvaro García Linera afirmó —en declaraciones a Patria Nueva— que uno de los principales fines de esta reestructuración es acabar con la burocracia y ahorrar dinero porque supone el fin de las superintendencias, que serán asumidas en su función administrativa por las carteras, según el área, y reemplazadas en la labor de fiscalización de las entidades públicas por el mecanismo de Control Social fijado en la CPE.
La nueva norma, no obstante, mantiene la institución de Bancos y Entidades Financieras y la de Pensiones, Valores y Seguros, que seguirán cumpliendo las mismas funciones pero bajo otro denominativo.
“Haciendo la sumatoria total de la nueva estructura con la nueva organización del Poder Ejecutivo, —dijo el Vicepresidente—, el Estado va a ahorrar recursos, se va a gastar menos sumando las funciones”.
La posesión de ayer fue la cuarta promovida por el jefe de Estado después de que el 24 de enero de 2006 armara su primer equipo. La segunda renovación en bloque fue el 24 de enero de 2007, y el tercero, el 8 de septiembre de 2008. En el ínterin hubo cambios aislados.
No obstante, el carácter inclusivo del nuevo texto constitucional y la característica de plurinacional que fue reivindicada por el Mandatario durante su discurso no se ven reflejados al analizar nombres y procedencias. Ésa es, además, la principal crítica de dirigentes y líderes políticos de diferentes sectores.
Cuatro de 20 ministros —el 25 por ciento— son mujeres (Nardy Suxo, Célima Torrico, Julia Ramos y Susana Rivero), y en el anterior habían sólo dos. Hay tres representantes de sectores indígenas y campesinos: David Choquehuanca, Célima Torrico y Julia Ramos, y dos dirigentes sindicales, Calixto Chipana y Óscar Coca, ex asesor del movimiento cocalero.
El Alto —la ciudad donde el Gobierno de Morales obtuvo el mayor apoyo en las últimas elecciones y referendos— no recuperó la cuota que tuvo en el primer gabinete, en el que Abel Mamani era titular del Ministerio del Agua.
En cuanto a regiones, 18 autoridades (90 por ciento) proceden de departamentos del occidente y afines al Gobierno y sólo dos son de zonas donde predomina la oposición: Rivero, beniana, y Ramos, tarijeña. Echazú nació en Chuquisaca pero vivió gran parte de su vida entre Potosí, Oruro y La Paz, según admitió él mismo .
Víctor Hugo Cárdenas
Ex Vicepresidente
“Al analizar la composición del nuevo gabinete, se impone un fuerte sentimiento de frustración. Se ratificó a los “intocables” que están acomodados desde siempre y con eso se dice adiós a la investigación a Santos Ramírez, quien con seguridad no será procesado por la señora Suxo, su correligionaria”.
“Otro aspecto notorio es que no hay equidad ni social ni regional, porque no hay gente del oriente o indígenas. El pedido de reconciliación que hizo el Presidente el sábado era sólo de boca para afuera”.
Fernando Untoja
Analista político
“Es un gabinete unicultural, capturado por la oligarquía de las ONG que el Gobierno contribuyó a formar en estos tres años. No hay aymaras ni quechuas y no sé cómo se sentirán en estos momentos los movimientos sociales, porque ha sido una traición al proceso de cambio. Las señoras Ramos y Torrico están solamente como una decoración o de manera simbólica”.
“Se ha demostrado además que Juan Ramón Quintana es dueño y señor, y se ha consolidado la protección a la corrupción”.
Ricardo Paz
Analista político
“Este nuevo gabinete confirma que el Gobierno no tiene la más mínima intención de variar su política, ni a los operadores que la manejan. Es más de lo mismo y lo llamativo es que no se ha recogido la filosofía de la nueva Constitución Política del Estado que habla de plurinacionalidad e inclusión”.
“Con estos nombres no hay una proyección política de largo aliento, simplemente se refleja un proyecto de poder y no de gobierno. Parecería que Evo Morales lo único que quiere es garantizar su cargo”.
Samuel Doria Medina
Líder de Unidad Nacional
“Con el discurso del presidente Morales el sábado, se había abierto una esperanza de reconciliación, pero hoy (ayer) vemos que todo sigue igual y este gabinete es más de los mismo”.
“Siguen sin adecuada atención dos temas muy importantes como la economía y la salud, por la actual crisis financiera y la epidemia de dengue. Es un gabinete de clase media formado por gente que ya estuvo en otros procesos. A los indígenas sólo los usan para ciertos temas, pero siguen en el sótano nomás”.
Carlos Romero
Ministro de Autonomías
“Estamos muy contentos porque se ha dado una señal nítida de que vamos a respirar los nuevos aires que emanan de la Constitución aprobada por el pueblo. La autonomía, la igualdad y el desarrollo sostenible del país se expresan en el equipo elegido por el Presidente”.
“Hay gente adecuada para trabajar sobre tres principios organizadores: descentralizar el poder político, guiar el desarrollo macroeconómico y lograr la descolonización del Estado, sin olvidar la erradicación del racismo y la corrupción”.
Fabián Yaksic
“Vice” de Descentralización
“Creo que la decisión del Presidente fue la más adecuada. Este primer gabinete del Estado plurinacional es muy importante porque tiene el enorme desafío de encarar la implementación de la CPE”.
“Nos alegra la creación del Ministerio de Culturas que va a transversalizar la nueva visión de país y el de Anticorrupción para terminar de desmontar los resabios que aún quedan. Creo que falta relievar más el papel de la mujer, apenas son cuatro, pero esperemos que pronto alcancen al 50 por ciento”.
Luis Revilla
Concejal paceño (MSM)
“El Movimiento sin Miedo (MSM) recibe este anuncio con mucha expectativa. Creemos que los elegidos van a estar a la altura que demanda la implementación de la Constitución”.
“Vemos con agrado que ha sido recibida la propuesta de nuestro partido de crear un ministerio para luchar contra la corrupción. La incorporación de Pablo Groux en Culturas también es una señal de interculturalidad y demuestra que este proceso no es propiedad ni de originarios, blancos o mestizos”.
La nueva estructura del gabinete ministerial
Diez carteras ratificadas
— Ministerio de Relaciones Exteriores
— Ministerio de la Presidencia
— Ministerio de Gobierno
— Ministerio de Defensa
— Ministerio de Justicia
— Ministerio de Minería y Metalurgia
— Ministerio de Salud
— Ministerio de Planificación del Desarrollo
— Ministerio de Hidrocarburos y Energía
— Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda
Tres carteras nuevas
— Ministerio de Culturas
— Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción
— Ministerio de Autonomías
Siete carteras sumaron o perdieron atribuciones
— Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (ex Ministerio de Hacienda)
— Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (ex Ministerio de Producción y Microempresa)
— Ministerio de Defensa Legal del Estado (ex Ministerio de Defensa de las Recuperaciones Estatales)
— Ministerio de Medio Ambiente y Agua (ex Ministerio de Agua)
— Ministerio de Educación (antes de Educación y Culturas)
— Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra (antes de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente)
— Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social (antes sólo de Trabajo)
domingo, 8 de febrero de 2009
García reconoce que la CPE contiene contradicciones
PRECEDENTE • Dijo que en EEUU estos problemas se resuelven a través de enmiendas. Podemos investiga.
• LOS RESULTADOS • La Corte Nacional Electoral, presidida por su titular, José Luis Exeni, aprobó y entregó el resultado del referéndum del 25 de enero. Ganó el Sí a la CPE con 61,43%. El vicepresidente Álvaro García Linera admitió ayer que el presidente Evo Morales promulgará hoy un texto constitucional con contradicciones y errores de redacción que, en su opinión, son normales y serán superados en su implementación a través, dio a entender, de enmiendas.
“¿Qué texto constitucional no tiene algún tipo de contradicciones? Son obras humanas, no son obras celestiales”, respondió frente a cuestionamientos surgidos tras encontrarse contradicciones en el pacto social y que, según Podemos, pueden deberse a “artículos de contrabando”.
En los artículos 147 y 148 se detectaron diferencias relativas a las circunscripciones especiales indígenas. Mientras en un artículo se dice que este cupo se creará respetando la densidad, población y los límites departamentales, en el siguiente se desvirtúa ambos criterios.
Además, se entrega la facultad de determinar estas circunscripciones, tanto a una ley como al futuro Órgano Electoral. También se detectó que mantiene el título del Control Administrativo de Justicia en los artículos 159 y 160, cuando se lo elimina y crea el Consejo de la Magistratura.
“Hasta la Constitución norteamericana tiene enmiendas a la Constitución, que es superación de contradicciones; entonces, ¿por qué la nuestra no tendría que tener?”, señaló García.
El senador y presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Luis Vásquez, reiteró que continúan con la revisión del texto constitucional ante la duda surgida de que se incorporaron articulados que no estuvieron en la redacción del pacto político.
En octubre, los legisladores revisaron y modificaron más de 100 artículos del pacto social para viabilizar el referéndum constituyente. Vásquez cree que se encontrarán más contradicciones.
Más allá de estos problemas, para García lo importante es trabajar en su implementación que, anticipó, se dará a través del camino legislativo del actual Congreso, la futura Asamblea Legislativa Plurinacional y los decretos presidenciales.
Los decretos serán de “aplicación inmediata, fundamentalmente de derechos de personas”, entre los que se mencionó el voto en el exterior. Anticipó también que la estructura del Órgano Ejecutivo se la aprobará por decreto.
“Independientemente del número de ministerios y viceministerios, lo fundamental es que lo primero que hace el Gobierno es adecuar la estructura organizativa del Poder Ejecutivo a lo que requiere y manda la nueva Constitución”, insistió la autoridad.
De acuerdo con un documento, al que accedió La Razón, el nuevo Ejecutivo se erigirá sobre 13 ministerios, entre ellos de Energía, Recursos Estratégico, Ciencias y Tecnologías; Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente y de Descentralización y Autonomías.
El Vicepresidente evitó referirse a este tema y a las aspiraciones de los sectores sociales de ocupar el 50 por ciento del gabinete. Recordó que ésta es una atribución exclusiva del Presidente de la República.
Implementación
Plazos • El texto constitucional señala que, una vez vigente, corre un plazo de 60 días para que el Congreso apruebe una ley electoral transitoria para las elecciones de diciembre. En este debate se deberá dilucidar el cupo indígena legislativo.
Tarea • El Vicepresidente dijo que la nueva Carta Magna se pondrá en marcha vía leyes que se concertarán en este Congreso, la Asamblea Legislativa y los decretos presidenciales.
viernes, 6 de febrero de 2009
Indígenas piden cuota del 50% en el gabinete
La Cidob, los cocaleros, el Conamaq y la Conalcam reivindican el derecho de ser parte de la estructura de poder. Fidel Surco planteó la creación de un Ministerio de Cultura. El Presidente anunciará cambios.
• CÚPULA SINDICAL • La Conalcam reúne a los principales dirigentes de las bases masistas.
Los sectores sociales afines al Movimiento al Socialismo (MAS) y al presidente Evo Morales reclaman al menos el 50 por ciento de los espacios de poder en el futuro gabinete ministerial, que se formará en función a los preceptos establecidos en el nuevo texto constitucional.
El dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), Adolfo Chávez, reivindicó el derecho de los movimientos sociales de participar de las estructuras de poder del Gobierno y de la toma de decisiones y no sólo, expresó, de movilizaciones sociales.
“No puede ser que solamente seamos actores en letra y en marchas sin ejercer un ejercicio pleno del derecho que le corresponde también por historia asumir a los pueblos indígenas”, reclamó Chávez, consultado respecto a la futura composición del equipo de colaboradores del Presidente.
En el Gabinete presidencial, el canciller David Choquehuanca y la ministra de Justicia, Celima Torrico, provienen de los movimientos sociales. El ministro de Trabajo, Wálter Delgadillo, tiene una trayectoria sindical obrera. El resto de los ministros son identificados, por los propios sectores sociales, como clase ajena.
El presidente de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), Fidel Surco, no descartó que los aliados del oficialismo puedan ocupar el 50 por ciento de los espacios en el gabinete. “Puede ser”, dijo y de inicio pidió que se cree un Ministerio de Culturas para estos sectores.
En esa línea, el dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Marqas del Kullasuyo (Conamaq), Elías Quelca, aseguró que los sectores sociales cuentan con profesionales que están “preparados (para ocupar cargos)” e incluso pidió responsabilidades en carteras vinculadas a medio ambiente y desarrollo rural.
Desde el Chapare, el dirigente de los productores de coca, Julio Salazar, expresó su confianza en que el futuro gabinete ministerial sea “equilibrado” en la representación de los aliados del MAS.
“Todos tenemos los mismos derechos, ya sea de las áreas urbanas y rurales. Para mí debe ser (el gabinete) equilibrado en vista de que haya unidad del país”, afirmó, aunque reconoció que es atribución privativa de Morales elegir a sus colaboradores.
No obstante, para Chávez el cupo del 50 por ciento “es necesario asumirlo, porque están diferentes organizaciones sociales del país, como los jubilados, cooperativistas, la COR de El Alto, los pueblos indígenas; entonces considero que hay mucha composición interesante en el país”.
De acuerdo con un borrador de la futura estructura del Órgano Ejecutivo, al que tuvo acceso La Razón, el nuevo gabinete reconocerá 13 ministerios, tres menos que el actual. Se anuncia para el sábado el anuncio oficial.
Además, el destino de la Conalcam, que aglutina a todos los aliados del oficialismo, fue puesto en duda. El dirigente de la COB, Mario López, dijo que, aprobada la Constitución, será el ente matriz quien comande el cambio.
La constitución
Promulgación
• El presidente Evo Morales promulgará el sábado el texto constitucional aprobado en Oruro y reformado, en más de 100 artículos, en el Congreso Nacional. La CPE fue aprobada en consulta ciudadana.
Resultados
• Los datos de la Corte Nacional Electoral (CNE) muestran que el voto a favor del pacto social llegó al 61,43 por ciento. También se aprobó 5.000 has. de tierras para el latifundio.
Vigencia
• Promulgada la Carta Magna, el Ejecutivo constará de una Cancillería y ministerios de la Presidencia; Gobierno y Justicia; Defensa y Seguridad; Planificación del Desarrollo Sustentable; Hacienda; Obras Públicas, Servicios y Vivienda; Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente; Energía, Recursos Estratégicos, Ciencias y Tecnologías; Trabajo; Educación y Culturas; Salud y Deportes; y de Descentralización y Autonomía.
http://www.la-razon.com/versiones/20090206_006630/nota_247_759081.htm
• CÚPULA SINDICAL • La Conalcam reúne a los principales dirigentes de las bases masistas.
Los sectores sociales afines al Movimiento al Socialismo (MAS) y al presidente Evo Morales reclaman al menos el 50 por ciento de los espacios de poder en el futuro gabinete ministerial, que se formará en función a los preceptos establecidos en el nuevo texto constitucional.
El dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), Adolfo Chávez, reivindicó el derecho de los movimientos sociales de participar de las estructuras de poder del Gobierno y de la toma de decisiones y no sólo, expresó, de movilizaciones sociales.
“No puede ser que solamente seamos actores en letra y en marchas sin ejercer un ejercicio pleno del derecho que le corresponde también por historia asumir a los pueblos indígenas”, reclamó Chávez, consultado respecto a la futura composición del equipo de colaboradores del Presidente.
En el Gabinete presidencial, el canciller David Choquehuanca y la ministra de Justicia, Celima Torrico, provienen de los movimientos sociales. El ministro de Trabajo, Wálter Delgadillo, tiene una trayectoria sindical obrera. El resto de los ministros son identificados, por los propios sectores sociales, como clase ajena.
El presidente de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), Fidel Surco, no descartó que los aliados del oficialismo puedan ocupar el 50 por ciento de los espacios en el gabinete. “Puede ser”, dijo y de inicio pidió que se cree un Ministerio de Culturas para estos sectores.
En esa línea, el dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Marqas del Kullasuyo (Conamaq), Elías Quelca, aseguró que los sectores sociales cuentan con profesionales que están “preparados (para ocupar cargos)” e incluso pidió responsabilidades en carteras vinculadas a medio ambiente y desarrollo rural.
Desde el Chapare, el dirigente de los productores de coca, Julio Salazar, expresó su confianza en que el futuro gabinete ministerial sea “equilibrado” en la representación de los aliados del MAS.
“Todos tenemos los mismos derechos, ya sea de las áreas urbanas y rurales. Para mí debe ser (el gabinete) equilibrado en vista de que haya unidad del país”, afirmó, aunque reconoció que es atribución privativa de Morales elegir a sus colaboradores.
No obstante, para Chávez el cupo del 50 por ciento “es necesario asumirlo, porque están diferentes organizaciones sociales del país, como los jubilados, cooperativistas, la COR de El Alto, los pueblos indígenas; entonces considero que hay mucha composición interesante en el país”.
De acuerdo con un borrador de la futura estructura del Órgano Ejecutivo, al que tuvo acceso La Razón, el nuevo gabinete reconocerá 13 ministerios, tres menos que el actual. Se anuncia para el sábado el anuncio oficial.
Además, el destino de la Conalcam, que aglutina a todos los aliados del oficialismo, fue puesto en duda. El dirigente de la COB, Mario López, dijo que, aprobada la Constitución, será el ente matriz quien comande el cambio.
La constitución
Promulgación
• El presidente Evo Morales promulgará el sábado el texto constitucional aprobado en Oruro y reformado, en más de 100 artículos, en el Congreso Nacional. La CPE fue aprobada en consulta ciudadana.
Resultados
• Los datos de la Corte Nacional Electoral (CNE) muestran que el voto a favor del pacto social llegó al 61,43 por ciento. También se aprobó 5.000 has. de tierras para el latifundio.
Vigencia
• Promulgada la Carta Magna, el Ejecutivo constará de una Cancillería y ministerios de la Presidencia; Gobierno y Justicia; Defensa y Seguridad; Planificación del Desarrollo Sustentable; Hacienda; Obras Públicas, Servicios y Vivienda; Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente; Energía, Recursos Estratégicos, Ciencias y Tecnologías; Trabajo; Educación y Culturas; Salud y Deportes; y de Descentralización y Autonomía.
http://www.la-razon.com/versiones/20090206_006630/nota_247_759081.htm
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