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Otros tiempos: el 14 de julio, el presidente Morales y otras autoridades validaron el contrato con Catler Uniservice
Ramírez asegura que se desembolsaron cuatro a cinco cuotas para la construcción de la planta.
El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez desembolsó 6,8 millones de dólares para la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande (provincia Cordillera de Santa Cruz) a pesar de que el contrato con la sociedad accidental Catler Uniservice, encargada de la obra, aún no fue protocolizado y no adquirió carácter público, por lo que, según expertos, puede ser anulado.
Las obras para la edificación y puesta en funcionamiento de esa planta fueron adjudicadas el 11 de julio de 2008 por un valor total de 86,35 millones de dólares y con un plazo de entrega de 340 días. El 14 de julio se firmó el contrato pero, a los seis meses y medio de ese acto, del que incluso fue testigo el presidente Evo Morales, el documento suscrito legalmente aún no entró en vigor.
El ex titular de la estatal petrolera admitió ayer que el legajo firmado con la sociedad accidental todavía no fue protocolizado, al explicar el por qué no fue remitido a la Contraloría General de la República (CGR), como corresponde. “Todos los contratos tienen que llegar a la Contraloría, llegan cuando cumplen los requisitos, una vez que se dé su protocolización”.
La notaria de Gobierno de la Prefectura de La Paz, Ivana Rodríguez, también confirmó a la red Uno que el documento no llegó a esa instancia.
Santos Ramírez no entró en mayores detalles del por qué no remitió el contrato con la sociedad accidental a la Notaría de Gobierno, ni tampoco por qué, no habiendo adquirido valor legal, hizo pagos a ese consorcio en cuatro a cinco cuotas.
Al respecto, el ministro Héctor Arce dijo, según ANF, que la comisión interventora, encargada de investigar los actos de corrupción en la estatal petrolera, tendrá que “evidenciar” el registro del contrato de YPFB en la Contraloría y la Notaría de Gobierno.
Las supuestas irregularidades cometidas en la suscripción y posterior ejecución de este contrato fueron conocidas luego de que la pasada semana uno de los socios de Catler Uniservice, Jorge O’Connor, fuera asesinado cuando portaba dos maletines con cerca de 450.000 dólares que al parecer eran una “comisión” para Santos Ramírez.
Procedimiento
El trámite de protocolización es un requisito para que los contratos firmados por las entidades estatales bolivianas puedan entrar en vigencia. Tras esa acción, el documento debe ser remitido a la Contraloría para su registro.
Un comunicado de YPFB del 31 de enero de 2007 indica que los contratos firmados entre “los titulares de las empresas petroleras y YPFB, entre el 27 y 28 de octubre del año pasado (2006), aún no fueron protocolizados, por lo que aún no ingresan en vigencia hasta garantizar las condiciones técnico-jurídicas”.
Según el analista en hidrocarburos Hugo Del Granado, en términos legales la protocolización de un contrato entre una empresa estatal y otra privada permite que el documento adquiera un carácter público, de lo contrario continúa siendo un legajo privado. Ese hecho, según el experto, también permite iniciar “las acciones de incumplimiento (del legajo) o lo que fuere”.
Además, en términos operativos, sostuvo Del Granado, el que un acuerdo sea reconocido por la Notaría de Gobierno marca la fecha efectiva en la que se empiezan a computar los plazos fijados para que las obras sean concluidas por la compañía.
Al no haberse cumplido ese requisito, el contrato no está legalmente vigente, por lo que puede ser declarado nulo.
El constitucionalista Carlos Alarcón explicó que el acuerdo firmado entre la estatal petrolera y la sociedad accidental Catler Uniservice puede ser anulado por un juez competente porque no se cumplió el requisito de la protocolización y no tiene valor legal.
Añadió que al no haberse cumplido ese requisito para que se constituya en documento público no se debió haber ejecutado ningún pago y que de haberlo hecho fue ilegal.
“Un contrato no debería ser ejecutado mientras no reúna la forma legal que requiere la ley; tratándose de contratos celebrados por entidades del Estado, la ley exige que sean hechos un instrumento público y que sean protocolizados ante la Notaría de Gobierno, si no se cumple esa forma legal no debería haberse ejecutado ese documento”.
Según Alarcón, aun habiéndose ejecutado los términos de éste, si es declarado nulo por un juez competente, “uno de los efectos de la nulidad es que las partes deben devolverse lo que hubieran obtenido en virtud del contrato anulado, éste es el régimen civil de la nulidad de contratos del Estado”.
Por ello, según el legalista, bajo ese procedimiento se puede solicitar la devolución de los recursos que ya fueron erogados por Yacimientos, es decir, los 6,8 millones de dólares.
Alarcón también explicó que se puede demandar a los que firmaron el contrato por haber suscrito un acuerdo que es lesivo para los intereses del Estado, para lo cual se puede acudir a un proceso de tipo penal, y se tendría que hacer una revisión de los términos bajo los que fue firmado.
Irregularidades en la constitución de la sociedad
Las empresas Catler y Uniservice inscribieron una empresa de responsabilidad limitada, Catler Uniservice, en Fundempresa dos meses después de la firma del contrato con Santos Ramírez, presidente de YPFB. Según El Deber, datos de la Superintendencia de Empresas dan cuenta de que Uniservice tiene personería jurídica tramitada en Bolivia, pero el asiento legal de Catler corresponde a Panamá.
La sociedad se adjudicó una obra por 86,35 millones de dólares, pero declaró un capital de 50.000 bolivianos. Ese bajo capital, asegura el diario cruceño, provocó problemas para que pudiera conseguir las boletas de garantías del sistema bancario nacional, lo que demoró el desembolso de la primera partida.
Catler Uniservice no tiene experiencia en la construcción de plantas de separación de líquidos, que debían producir entre 200 y 350 toneladas de gas licuado por día y 800 barriles de gasolina natural.
Para hacer efectivo el contrato, YPFB evaluó la experiencia de una subcontratada por la sociedad con la que firmó el acuerdo. La empresa experimentada en el ramo, Gulsby, compañía subcontratada por Catler Uniservice, asentada en Texas (Estados Unidos) ya hizo 150 complejos de este tipo. Sin embargo, esta última y las que se asociaron son desconocidas en el contexto petrolero sudamericano.
Una fuente citada por El Deber, que sería secretario de Catler, informó que la planta ya tiene avance de un 30 por ciento, aunque no se puso ni un tubo en Bolivia. Hace dos semanas, una comisión de YPFB había inspeccionado los 37 o 38 equipos que están en construcción en Houston (Estados Unidos). Otro grupo verificó los tanques fijos y móviles que se están construyendo en Esperanza (Argentina). Según la fuente, unas 2.800 toneladas de láminas de acero se fabricaron para esos tanques.
Más datos
Las supuestas irregularidades salieron a la luz desde el martes de la pasada semana.
Ese día fue asesinado Jorge O’Connor, socio de la sociedad Catler Uniservice.
Estaba en posesión de dinero que al parecer era “coima” para Santos Ramírez.
Esos recursos serían un pago porque este último benefició a esa sociedad.
Por el asesinato del empresario a la fecha se encuentran detenidas cinco personas.
Entre ellas, Ernesto y Luis Fernando Córdoba y Franz Michael Rodríguez Caero.
Además, Rufino Rodríguez Coca y Verónica Mamani Quispe, esposa de este último.
El presidente Evo Morales destituyó a Ramírez el fin de semana por ese escándalo.
En su lugar fue posesionado el ex ministro de Planificación Carlos Villegas.
Ayer fueron intervenidas las instalaciones de la estatal, de la que se recabó información.
COMISIONES • Según la fuente, el ex titular de YPFB recibía el 10 por ciento de cada desembolso que la estatal hacía a Catler Uniservice.
• AUDIENCIA DE CÓRDOVA • Luis Fernando (izq.) será detenido preventivamente en el penal. La audiencia se la realizó el sábado en la clínica Virgen de Copacabana. Todavía se recupera.
El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, habría recibido dinero de “diezmo” en dos ocasiones previas al martes 27, día en que se suscitó el volteo de 450 mil dólares y el asesinato al empresario Jorge O’Connor D’Arlach, en la puerta de un domicilio en la calle Tejada Sorzano.
La información fue proporcionada ayer por una persona allegada a la familia de Ernesto y Luis Fernando Córdova, acusados de ser los autores intelectuales del hecho.
La mañana del martes, Luis Fernando Córdova (socio del empresario), Jorge O’Connor y Mario Cossío Magalen (ex funcionario de la Superintendencia de Hidrocarburos) retiraron $us 450 mil del banco Unión para presuntamente pagar un “diezmo” a Ramírez por la adjudicación de Catler Uniservice, presidida por O’Connor, a YPFB, por la instalación de una planta separadora de licuables.
“Ésa no era la primera vez, han sido dos veces en que él (Ramírez) ha recibido un diezmo (...) fueron en casas de la avenida Saavedra (Miraflores). No sé por qué esta vez han querido cambiar de casa, ésa en la Tejada Sorzano”, reveló la fuente.
Al consultarle sobre si Ramírez habría recibido el dinero “en sus propias manos”, la persona contestó: “No, todo era a través de su cuñado o su esposa”.
Según el entrevistado, el diezmo corresponde a una suma de dinero equivalente al 10 por ciento del desembolso que una empresa del Estado realiza a otra que se adjudicó a algún proyecto, “esta última vez, YPFB ha desembolsado cinco millones a Catler, el diezmo era esa plata que le roban (a O’Connor)”, acotó.
La fuente reveló que Ramírez recibía un diezmo de manos de O’Connor cada vez que YPFB realizaba un desembolso a su empresa. Según esta persona, se efectuaron tres desembolsos desde la firma del contrato, el 14 de julio del 2008 .
Ayer, Ramírez dijo que hubo “como cuatro o cinco desembolsos”, y que el último pago a la empresa Catler Uniservice fue de cinco millones de dólares.
“Hay montos de 800 mil, de un millón y de cinco millones”, afirmó Ramírez en las puertas de las oficinas de YPFB en La Paz, sin especificar el monto de los demás dos desembolsos.
La fuente allegada a los acusados dijo que será “difícil” probar que Ramírez está involucrado en el caso, pues, a su criterio, “ya han hecho desaparecer todo de las oficinas y de las casas”. Acotó que los hermanos Córdova “no tienen nada que ver con el asesinato” del empresario y dijo que podría tratarse de una “trampa” de personas interesadas en la caída de Ramírez, pero que conocían los antecedentes.
Un fiscal que indaga el caso afirmó que el domicilio donde se suscitaron los hechos era de la familia de la esposa de Ramírez, Jiovanna Navia Doria Medina. La fuente dijo que ese departamento pertenecía al hermano de ella, Javier Navia, aunque el cuaderno de investigaciones dice que es de un primo. Según la pesquisa, los hermanos Córdova sirvieron de vínculo entre YPFB y el empresario, pues serían sobrinos de Ramírez. Ambas partes lo desmintieron la semana pasada.
Antecedentes
Contrato • Catler Uniservice firmó un contrato con YPFB en julio del 2008. La empresa debía instalar una planta separadora de gas licuado de petróleo y gasolina en Santa Cruz en el lapso de 340 días. El costo sería de 86,35 millones de dólares.
Hermanos Córdova • La Policía halló como autores intelectuales a los hermanos Luis Fernando y Ernesto Córdova. Según la investigación, los sindicados habrían planificado el asalto al empresario. Ernesto fue detenido dos días después, mientras que Luis Fernando se recupera de una golpiza.
El empresario Jorge O’Connor D’Arlach llegó al banco Unión acompañado de Luis Fernando Córdova y Mario Cossío Magalen. Cada uno cobró un cheque de 150 mil dólares y llegaron hasta la casa de la Tejada Sorzano en dos vehículos.
• LA SALIDA DE YPFB • Luego de entregar la documentación requerida, Santos Ramírez se aleja de las oficinas junto a sus colaboradores “como un ciudadano más”, dijo ayer a los medios.
“Sólo era quitarle la plata y nos íbamos a ir”, se lee en una parte de la declaración de Franz Michel Rodríguez Calero, uno de los presuntos delincuentes que participó en el robo de 450 mil dólares y en el posterior asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach, el 27 de enero en La Paz.
Al parecer, el volteo del dinero no salió como estaba planificado. La muerte de O’Connor D\'Arlach destapó un posible nido de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) vinculado a su ahora ex presidente, Santos Ramírez.
La Razón tuvo acceso al cuaderno de investigaciones del caso, en el que se pudo evidenciar que el cuñado de Ramírez, Javier Navia Doria Medina, y otro de sus familiares, Gonzalo Aramayo, participaron en todo el traslado de los 450 mil dólares desde que salieron del banco Unión hasta la llegada a la casa de la avenida Tejada Sorzano, en Miraflores.
El martes 27 de enero pudo haber sido un día como cualquier otro. El empresario llegó a La Paz sin pensar que dos horas después iba a perder la vida.
Antes de las 10.00, O’Connor D\'Arlach llegó a la entidad financiera, sobre la avenida Camacho. Fuentes de la investigación explicaron que Luis Fernando Córdova, Mario Cossío Magalen y la víctima cobraron tres cheques, cada uno de 150 mil dólares. Una vagoneta los esperaba en la calle Loayza, entre la calle Mercado y la avenida Camacho, con Miguel O’Connor D\'Arlach en su interior.
La suma de dinero retirada pertenecía a una cuenta personal de la víctima, revelaron las fuentes de la investigación.
Tras sacar el dinero se dirigieron a la vivienda, sobre la avenida Tejada Sorzano. Córdova manejaba, Jorge estaba a su lado; Miguel, su hermano, estaba detrás junto a Cossío Magalen.
“Los empresarios tenían que entregar ese dinero a una tercera persona”, contó Rodríguez Calero en su declaración ante las autoridades policiales y judiciales.
El momento de recoger el dinero del banco Unión, Javier Navia Doria Medina, cuñado de Santos Ramírez; y Gonzalo Aramayo, primo de Navia, según reportaron medios de prensa, esperaban en otro coche.
En el cuaderno de investigaciones se explica que Aramayo es el inquilino de la casa ubicada en la avenida Tejada Sorzano, donde O’Connor D\'Arlach tenía que entregar el dinero.
El fiscal del caso, Luis Mamani, aseveró que la víctima debía recoger un proyecto de ese lugar, sin embargo esa información aún no está confirmada.
Tras arribar a la casa, Jorge O’Connor D\'Arlach bajó del vehículo junto a Cossío, quien iba metros más atrás. Del otro vehículo descendió Aramayo para abrir la puerta, ingresar a la vivienda y realizar el trámite.
Aramayo recibiría el dinero acordado, explicaron las fuentes de la investigación. Javier Navia lo acompañó, sin embargo luego del volteo del dinero desapareció. Actualmente no se sabe de él.
“El dinero era destinado a una cuenta para el señor Santos Ramírez. (Nos dijeron que) no iba a pasar nada, solamente era quitarle la plata y nos íbamos a ir”, declaró Franz Rodríguez, presunto autor material del hecho.
La víctima llevaba en un maletín 300 mil dólares y una computadora portátil, y Cossío Magalen iba con 150 mil en otro maletín, explicó el fiscal Mamani, en la audiencia del viernes.
“El momento que Aramayo y la víctima llegaron a la puerta y estaban por entrar, llegó la motocicleta. Rufino Rodríguez se bajó y fue directamente a quitarle el maletín a Jorge, éste se resistió y le disparó”, contó una fuente que investiga este caso.
Mario Cossío Magalen no corrió la misma suerte. Al ver la intimidación de los agresores soltó el maletín y corrió hacia la calle Monje, se cayó y rodó algunos metros. Los delincuentes tomaron el maletín y escaparon. Cossío salió con vida y es actualmente uno de los testigos clave del hecho delictivo.
Un vehículo, marca Caldina, de color verde, esperaba a los delincuentes unos 30 metros más arriba dos horas antes del volteo del dinero. En él se encontraban Sandra Verónica Mamani Quispe, detenida por la Policía un día después, y dos presuntos delincuentes. Luego del robo, Rufino Rodríguez corrió hacia ese coche y escaparon hacia la zona de Villa Fátima.
En cambio Franz Rodríguez, que manejaba la motocicleta, dobló hacia la izquierda y se dirigió hacia la Periférica.
Rodríguez Calero, Rodríguez Coca y Mamani Quispe fueron remitidos a la cárcel con detención preventiva.
Tanto el cuaderno de investigaciones como la declaración de Franz Rodríguez confirmaron que los autores intelectuales del volteo y del posterior asesinato de Jorge O’Connor D\'Arlach habrían sido los hermanos Fernando y Ernesto Córdova.
“Esto (el volteo) tenía que ser el lunes (26), pero nos tenía que llamar ‘el Ticoco’ (Luis Fernando Córdova) para decir cuándo iban a realizar el plan”, relató Franz Rodríguez.
Personas cercanas a la familia Córdova afirmaron que Santos Ramírez es tío de los presuntos autores intelectuales.
Luis Fernando Córdova, representante legal de la empresa Catler Uniser- vice, cuyo presidente era Jorge O’Connor D\'Arlach, se puso en contacto con su hermano Ernesto para planificar el volteo, según fuentes de la investigación.
“Los únicos que se comunicaban eran Ernesto y ‘El Rufo’ con celulares y quien pasaba la información era ‘el Ticoco’ (Luis Fernando Córdova)”, explicó Franz Rodríguez.
Es decir, que éste último comentó a su hermano sobre todo el proceso del retiro del dinero y lo que pasaría después, “le contó del dinero, de la coima y también de lo fácil que iba a ser quitarles la plata”, se lee en el cuaderno de investigaciones.
Su hermano Ernesto jugó un papel central en la planificación del volteo. Contactó a la banda de atracadores y los alojó en su casa. “El día del atraco estaba esperando media cuadra arriba”, reveló Rodríguez Calero. Esa información no fue corroborada por la Fiscalía ni por la Policía.
El ex presidente de la estatal petrolera negó cualquier vinculación con los hermanos Córdova. Aseguró que para ser un familiar suyo hay que hablar quechua y “no saber matar”.
Rodríguez Calero sostuvo que el dinero que llevaba O’Connor D’Arlach era pagar una coima para Santos Ramírez por la adjudicación de la empresa Catler Uniservice en la construcción de una planta de licuables. El presidente Evo Morales destituyó a Ramírez de su cargo el sábado y pidió que 10 personas más, involucradas en actos de corrupción al interior de Yacimientos, sean investigadas, entre ellas los cuñados de Ramírez.
DATOS
Implicados • Los investigados son Misael Gemio, Esther Carmona, Rodrigo Carrasco, Rogelio Ashimine, José Baldivieso, Nelson Cabrera, Juan Carlos Arellano y Juan Carlos y Mario Navia Doria Medina, cuñados de Santos Ramírez.
Declaraciones • Los hermanos Córdova negaron ser familiares de Santos Ramírez y éste aseveró que no hay ningún vínculo familiar con ellos.
Posición • El ex presidente de Yacimientos aseveró que tiene el respaldo del presidente Evo Morales. Ayer dijo que seguirá siendo un soldado del proceso de cambio, que es un ciudadano más y que se defenderá de las acusaciones.
“El dinero era destinado a una cuenta para el señor Santos Ramírez, nos dijeron que no iba a pasar nada”
Franz Rodríguez, autor material
En un segundo vehículo iban Javier Navia Doria Medina, cuñado de Santos Ramírez; y Gonzalo Aramayo, primo de éste.
Cuaderno de investigaciones
El robo de $us 450 mil y el asesinato del empresario Jorge O’Connor dio pistas sobre una presunta coima destinada al ex jefe de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez.
El robo de $us 450 mil, en el que el empresario Jorge O\'Connor D’Arlach perdió la vida por un impacto de bala, dio pistas de una coima (comisión ilegal) para el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez, por la adjudicación de un contrato millonario.
Según fuentes cercanas a la Fiscalía, una semana antes del martes 27 de enero, la víctima habría tenido una reunión con Luis Fernando Córdova, representante legal de su empresa, —Catler Uniservice SRL— en un café de la ciudad de La Paz para concretar el pago por la licitación con YPFB.
En julio del 2008, Ramírez y el ejecutivo de Catler Uniservice firmaron un contrato para la construcción de una planta separadora de líquidos por un monto de $us 86 millones. Entonces, O’Connor estuvo en el acto como representante de la empresa en Bolivia.
Si bien el contrato se firmó en julio del 2008, el 30 de septiembre de ese año se depositó Bs 50 mil para que la planta de líquidos comience a funcionar, de acuerdo con fuentes de la investigación. Lo que nadie explica es por qué después de dos meses se efectivizó el contrato y se pagó ese monto que para un proyecto de esa magnitud resultaría pequeño.
Por otra parte, La Razón accedió a una carta anónima, del 5 de enero de este año, dirigida al fiscal de Distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez. En ella se denuncia que la empresa Catler Uniservice SRL “no cuenta con domicilio constituido en Bolivia y que la dirección que señalaron, ubicada en Cochabamba, corresponde a una persona particular de nacionalidad argentina, quien habría prestado su departamento a la empresa mientras se adjudiquen el contrato con el Estado”.
Días antes de producirse el asesinato de O’Connor, la estatal petrolera hizo un desembolso por 4,5 millones de dólares en favor de la mencionada empresa, según ANF.
Cerca de las 10.00 del martes 27 de enero, O’Connor arribó a La Paz proveniente de Santa Cruz y luego se encontró con Córdova, su hermano Miguel O’Connor D’Arlach y Mario Ángel Cossío Magalen, ex funcionario de la Superintendencia de Hidrocarburos. Horas más tarde sacaron $us 450 mil del Banco Unión, en la avenida Camacho, y a bordo de una vagoneta llegaron, alrededor de las 11.00, al inmueble signado con el número 601 de la avenida Tejada Sorzano (Miraflores).
El fiscal encargado del caso, Luis Mamani, informó de forma oficial que O’Connor llegó hasta ese lugar para “hacer una transferencia de información que debía obtenerla de una computadora de la persona que tiene su casa en la Tejada Sorzano”.
De acuerdo con fuentes de la indagación, al mismo tiempo arribaron en otro vehículo el inquilino del inmueble, Gonzalo Aramayo, y Javier Navia Doria Medina.
La Prensa reportó que el primero es primo y el segundo es hermano de Jiovanna Cristina Navia Doria Medina, diputada suplente del MAS y esposa de Ramírez.
Cuando la víctima y el inquilino se aprestaban a entrar en el edificio, cinco antisociales —que bajaron de una vagoneta Caldina verde y una motocicleta roja— aprisionaron a Aramayo contra la reja; le dispararon a O’Connor en el cuello para luego arrebatarle un maletín con $us 300 mil y una computadora personal; y persiguieron a Cossío, quien les entregó otro maletín con $us 150 mil.
Los delincuentes huyeron en los vehículos ya descritos y Luis Fernando Córdova, quien salió ileso del hecho, socorrió a O’Connor. El empresario fue trasladado al hospital Arco Iris, donde falleció.
Un día después, el miércoles, Fernando Córdova denunció que fue secuestrado en la mañana cuando salía de su casa y que fue llevado al sector de La Cumbre, donde lo golpearon brutalmente, supuestamente para que brinde datos sobre el hecho criminal.
En menos de 48 horas, la madrugada del jueves, la Policía detuvo en Cochabamba a Rufino Rodríguez y a su esposa Sandra Mamani; y a Franz Rodríguez, en posesión de 50 mil dólares. A las 8.00, los tres acusados fueron trasladados en un avión comercial desde el Valle hasta La Paz.
Asimismo, a las 3.00 del jueves, la Policía aprehendió en La Paz a Ernesto Córdova, hermano de Fernando, y Miguel que —según fuentes allegadas a la investigación— trabajaba cerca de Ramírez.
En Cochabamba, también se conoció que Yerko Soto Camacho y Ariel Carlos Montaño (prófugos) participaron del robo y asesinato. Mientras que en La Paz, en El Caballito —prostíbulo de propiedad de Ernesto Córdova— se detuvo a Santos Zelaya, Marcelo Quiroga y Avelino Queso; liberados al no hallarles indicios de culpabilidad. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Fernando Figueredo, aseguró que las tres personas aprehendidas en Cochabamba informaron de manera “enfática” que Fernando y Ernesto Córdova organizaron el crimen.
Según el acta de declaración de Rufino Rodríguez, difundida por la red Bolivisión y Cadena A, Ernesto Córdova fue quien planificó, en su domicilio, el hecho delictivo.
Fuentes de la Fiscalía revelaron, por su parte, que Rodríguez se contactó con Fernando Córdova para concretar el crimen y los resultados de laboratorio establecieron que él le disparó a O’Connor.
En respuesta, Ramírez se limitó a decir que el contrato con Catler Uniservice era “legal” y negó todo vínculo con los Córdova.
El sábado, el presidente Evo Morales destituyó a Ramírez y ordenó la intervención de YPFB. “Tengo una nómina de 10 funcionarios, algunos ya denunciados ante la Viceministra de Lucha Contra la Corrupción, luego pasaré la nómina para que el nuevo presidente ejecutivo (Carlos Villegas) de manera inmediata aleje a estos señores y que también se defiendan y se investigue”, dijo.
“(Jorge O’Connor llegó al inmueble de la Tejada Sorzano) para hacer una transferencia de información”.
Luis Mamani, fiscal asignado al caso
“Tengo una lista de 10 funcionarios, algunos ya denunciados ante la Viceministra Anticorrupción”.
Evo Morales, presidente de Bolivia
Otros datos sobre el crimen
Imágenes • De acuerdo con fuentes de la investigación, las cámaras de seguridad del Banco Unión grabaron el momento en que sacaron el dinero. Según informaron, O’Connor no fue quien lo recibió. Nadie confirmó si los $us 450.000 salieron de las bóvedas o de las cajas.
La moto • La FELCC encontró la motocicleta Honda 250R, que fue utilizada por los delincuentes que asesinaron al empresario y le robaron. La moto es de color de rojo y tiene franjas y el asiento de color negro. La banda criminal la abandonó en la zona de Villa Fátima.
Antecedentes • El director nacional de la FELCC, coronel Fernando Figueredo, confirmó que Luis Fernando Córdova y su hermano Ernesto tienen antecedentes penales por el delito de trata de personas a raíz del negocio de prostíbulos que tienen en distintos barrios de la ciudad.
Operativo • Los efectivos policiales que requisaron el local nocturno El Caballito y arrestaron a Ernesto Córdova encontraron en el lugar un revólver calibre 29 y una laptop con abundante información. Además de documentación con membrete de la estatal petrolera.
Dinero • Según Figueredo, las pesquisas determinaron que una persona no identificada depositó 38 mil dólares en una de las sucursales de FIE en La Paz, dinero que luego fue retirado en Cochabamba. “El destino del dinero se encuentra en etapa de investigación”, acotó.
Audiencia • El juez 5º de Instrucción en lo Penal, Williams Dávila, determinó la detención preventiva de Rufino Rodríguez Coca, Franz Michael Rodríguez Calero, Sandra Verónica Mamani Quispe (supuestos autores materiales); y de Ernesto Córdova (presunto autor intelectual).
Prisión • Por su parte, el juez Tercero de Instrucción en lo Penal, Constancio Alcón, determinó enviar a Luis Fernando Córdova al penal de San Pedro, luego que sea dado de alta de la clínica Virgen de Copacabana. El acusado fue hospitalizado tras ser supuestamente secuestrado.
Investigación • El Senado conformó una comisión para apoyar la indagación iniciada por el Ministerio Público.
Frases
Autores • “Hemos realizado diferentes operativos en La Paz, Cochabamba y en otras ciudades para determinar cuál era el vínculo que existía entre los delincuentes que habrían protagonizado este hecho. Franz Rodríguez Calero y Verónica Mamani indicaron que los autores intelectuales son Fernando Córdova y Ernesto Córdova”, informó el director nacional de la FELCC, Fernando Figueredo.
Nexos • “Hay que explicar cómo es que un empresario —Jorge O\'Connor D\'Arlach— tenía tanto dinero y, después, se relaciona de esta manera al presidente de YPFB; todo ello está dentro de la investigación que hace la Fiscalía; nosotros investigamos los hechos que tienen que ver con recursos (dinero) y si éstos son del Estado”, sostuvo la viceministra Contra la Corrupción, Nardi Suxo.
Participación • “Estaban presentes en el momento del hecho. Creo que en uno de los vehículos, o al interior de la casa, o esperando el dinero, la verdad no sé muy bien este punto, pero los que declaran dicen que él (Javier Navia Doria Medina) estaba ahí, porque han ido a la casa de él”, precisó el fiscal Marcos Vidal sobre la participación del cuñado del presidente de YPFB, Santos Ramírez.
Defensa • “Si los hermanos de mi esposa están siendo investigados, si tienen algún proceso, esa es responsabilidad de intuito persona, yo no tengo por qué asumir la responsabilidad de otras personas, no siendo mis parientes”, afirmó el ex presidente de la estatal petrolera.
Dinero • “Tienen que preguntarle a mi hermano, hablen con él, al fin y al cabo si a nosotros nos han querido involucrar en esto, mi hermano va a tener que hablar con todos ustedes y decirles de la plata; mi hermano sabe y Mario (Cossío) también”, respondió Ernesto Córdova.
Procedencia • “Es muy lamentable lo que ha pasado (en YPFB). Sabemos de dónde viene la plata que manejaba (O’Connor), es la plata del Estado, de los contratos que hizo YPFB. Queremos saber dónde va esa plata (...) No faltan funcionarios en alcaldías, ministerios y otros que no están preparados para servir al pueblo, por un tema de corrupción”, dijo el presidente Morales.
Fuentes oficiales dicen que el canciller David Choquehuanca se estaría preparando para hacerse cargo de la Embajada de EEUU. Los ministros Héctor Arce, Susana Rivero y Óscar Coca serían cambiados. Habrá 13 ministerios.
• EL GABINETE DE MORALES • El equipo de colaboradores de Evo Morales en una fotografía de agosto del 2008. Algunos ministros serán cambiados y otros dejarán sus cargos.
Promulgada la nueva Constitución Política del Estado (CPE), el Gobierno del presidente Evo Morales reestructurará el Poder Ejecutivo y hará varios ajustes en su Gabinete, que tocarían al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, según fuentes gubernamentales y del MAS.
Éstas son las “señales de implementación” del nuevo texto constitucional que pretende —según las fuentes— dar Morales a partir del sábado; día en el que promulgará el pacto social aprobado en un referéndum con el 61,43 por ciento de respaldo, de acuerdo con el cómputo oficial de la Corte Nacional Electoral (CNE).
El cambio de ministros es parte de la agenda, aunque existen versiones contradictorias sobre cuándo sucederá. Unas aseguran que esto ocurrirá el mismo sábado, mientras otras dicen que se postergará por unos días para evitar que sean interpretadas como medidas producto de las denuncias de corrupción que provocaron la destitución de Santos Ramírez de YPFB.
Quintana figura entre los cambios, aunque ello no implicaría su alejamiento del poder. Una de las fuentes del MAS afirmó que permanecerá en el círculo de Gobierno porque, a pesar de tener observaciones de diferentes sectores políticos y sociales, es un hombre “necesario en el poder”.
En la mira de los cambios, además de Quintana, estarían los ministros de Hacienda, Luis Arce; de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Óscar Coca; y de Producción y Microempresa, Susana Rivero. Estas carteras de Estado, excepto Hacienda, no formarán parte del nuevo Ejecutivo.
Otra fuente del Gobierno reveló que el canciller David Choquehuanca formaría parte de los cambios, pues existe el plan de enviarlo como embajador de Bolivia en Estados Unidos con la misión de “recomponer” las relaciones bilaterales deterioradas en los últimos meses, al punto del retiro de sus embajadores.
La misma fuente afirmó que el alcalde, Juan del Granado, se perfilaría para ocupar esta cartera de Estado, aunque el diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM) Javier Bejarano descartó esta posibilidad. “De la manera más enfática quiero asegurar que el alcalde Juan del Granado (jefe del MSM) acabará su gestión municipal (el 2010)”, afirmó.
Aunque evitó identificar a los ministros que serán removidos, el diputado del MAS Jorge Silva reconoció que “hay varias sugerencias para hacer cambios en los ministerios, pero —aclaró— es el Presidente de la República quien tomará esa decisión, es más, puede haber un cambio en la estructura del Ejecutivo”.
Efectivamente, un borrador del proyecto de reestructuración del Ejecutivo, al que tuvo acceso La Razón, da cuenta de la eliminación de carteras de Estado y la creación de superministerios, que serán parte de 13 carteras que erigirán el nuevo poder.
Los actuales ministerios de Minería, Justicia, Agua, Desarrollo Rural y Producción e Hidrocarburos no figuran en la futura composición ministerial. Las carteras de Descentralización y Autonomías; Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, y de Energía, Recursos Estratégicos, Ciencias y Tecnologías forman parte de las novedades de este poder.
De esta forma se pretende adecuar la estructura del Gobierno a los preceptos del nuevo texto constitucional. El dirigente de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), Fidel Surco, recordó que los cambios en el Gabinete son atribución presidencial; sin embargo, anunció que harán una evaluación.
“Vamos a hacer una pequeña evaluación (del equipo ministerial), pero más que todo sugerir al Presidente”, anunció el dirigente de una de las instancias que aglutina a los sectores oficialistas.
Desde el Gobierno, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, reconoció que habrá modificaciones en la estructura del Ejecutivo, emergentes de la vigencia de la Constitución.
“El gabinete del miércoles es clave para esas determinaciones”, anunció la autoridad.
La Constitución será puesta en vigencia de forma progresiva y según plazos fijados en la ley.
Se anuncia visita de tres presidentes
Los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez; Ecuador, Rafael Correa, y del Brasil, Luis Inácio da Silva, participarían este sábado en el acto de promulgación y puesta en vigencia de la nueva Constitución, aprobada en el referéndum del 25 de enero, según informó ayer el senador del MAS Ricardo Díaz.
Al acto también están invitados representantes de organizaciones sociales de diversos países de la región, dijo el legislador, quien anticipó que será una fiesta popular la que dará la bienvenida a la nueva CPE.
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, anunció que el “pueblo en su conjunto está invitado para esta gran fiesta” en El Alto, en la que se hará el “juramento para el cumplimiento, respeto y defensa de la nueva Constitución”.
Llorenti evitó dar nombres de los invitados, pero anunció que “llegarán algunas personalidades, porque hay muy poco tiempo para lograr la presencia de muchas personalidades. Se están cursando las invitaciones”.
La reestructuración
Nueva estructura • Ministerios de Relaciones Exteriores, de la Presidencia, de Gobierno y Justicia, de Defensa y Seguridad, de Planificación del Desarrollo Sustentable, de Hacienda, de Obras Públicas, Servicios y Vivienda; de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, de Energía, Recursos Estratégicos, Ciencias y Tecnologías; de Trabajo, de Educación y Culturas, de Salud y Deportes y el Ministerio de Descentralización y Autonomías.
Diferencia • El nuevo gabinete tiene tres ministerios menos que el actual. Se eliminarán los ministerios de Justicia, Hidrocarburos, Agua, Producción y Microempresa y Minería. Las responsabilidades de estas áreas pasarán a las instancias de reciente creación o a las que se decidió mantener. Los ministerios nuevos son los de Descentralización y Autonomías, Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente y de Energía, Recursos Estratégicos, Ciencias...
TAREAS • El órgano de control ciudadano puede pedir la revocatoria de mandato, observar la designación de autoridades y ver candidatos.
• EL PACTO • El líder de la Conalcam, Fidel Surco (izq.); el ejecutivo de la COB, Pedro Montes (centro), y el Presidente firman un pacto de alianza. Fue el 17 de septiembre del 2008, La Paz.
La Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) y la Central Obrera Boliviana (COB), ambas aliadas del Gobierno, organizan la conformación del control social, que establece la nueva Constitución Política del Estado (CPE)
El control social tendrá como potestad pedir con un informe la revocatoria de mandato de las autoridades, observar la designación de cargos, apoyar al órgano electoral en transparentar las postulaciones de candidatos, vigilar la calidad de los servicios públicos y participar en la formulación de políticas de Estado.
“Estamos pensando iniciar el control con cinco dirigentes nacionales, que serían la base del control social, que se encargarían de ver cualquier tipo de corrupción, inclusive de malos funcionarios públicos en cualquier parte: en el Poder Judicial, en la Asamblea Plurinacional, en el Poder Ejecutivo. Se está trabajando para ver la forma de organización”, anunció el presidente de la Conalcam, Fidel Surco.
Hace una semana, dirigentes de la Conalcam y de la COB se reunieron con el presidente Evo Morales para analizar la conformación de ese órgano.
El líder de la Central Obrera Regional de El Alto, Édgar Patana, señaló ayer que “tenemos que seguir debatiendo si realmente vamos a tener un control social totalmente descentralizado de lo que es el Gobierno, que tenga autoridad y, sobre todo, no desgaste ni desacredite a las organizaciones (que la conformen)”.
Según Patana, se hizo un análisis de la estructura de ese órgano de control ciudadano y se determinó que el mismo esté conformado por las organizaciones más representativas. “En el país hay miles, pero de esas miles son máximo de 10 a 20 a nivel nacional que tienen representatividad y que tienen control sobre sus dirigentes”, especificó.
Patana explicó que se pretende que en el control social estén presenten también representantes de los empresarios privados y de los profesionales.
La nueva Constitución establece que “la sociedad civil se organizará para definir la estructura y composición de la participación y control social”.
Los dirigentes sindicales esperan poner en marcha el control social luego de que el Presidente promulgue la nueva Constitución. Adelantaron que tendría una representación nacional y 9 departamentales.
Sin embargo, el funcionamiento del control social podría demorar. El diputado Jorge Silva (MAS) explicó que para la vigencia de este órgano se requiere una ley aprobada en el Congreso.
El artículo 241, parágrafo IV, de la nueva Carta Magna señala que “la ley establecerá el marco general para el ejercicio del control social”, sin especificar si debe ser el actual Congreso Nacional o la próxima Asamblea Legislativa la que elabore esta norma.
También, en el artículo 242 se le asigna 10 tareas a la participación y control social, como: “formular informes que fundamenten la solicitud de revocatoria de mandato... colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación de cargos... apoyar al órgano electoral en transparentar las postulaciones de los candidatos para cargos públicos... apoyar al órgano legislativo en la construcción de leyes y desarrollar control en todos los niveles del gobierno”.
Las organizaciones
Conalcam • Es la base del MAS. Está conformada por colonizadores, campesinos e indígenas y se creó en el gobierno de Evo Morales para apoyar su gestión.
COB • El año pasado se sumó a los aliados del oficialismo, luego de un acuerdo entre su ejecutivo, Pedro Montes, y el primer mandatario, Evo Morales.
Según los datos finales del escrutinio oficial, 2.064.397 electores votaron por el Sí y 1.296.175 (38,57%) por el No. El 80,65% votó por las 5.000 has.
La nueva Constitución Política del Estado (CPE) fue aprobada por 2.064.397 votos, equivalentes al 61,43% de los emitidos en el referéndum constitucional que se realizó el domingo 25 de enero.
Éste es el resultado que la Corte Nacional Electoral (CNE) difundió ayer, tras cerrar el escrutinio oficial del proceso, que concluyó a las 10.30, ocho días después de la consulta.
De acuerdo con los resultados oficiales, del total de votos válidos a escala nacional 1.296.175 ciudadanos (38,57%) rechazaron la aprobación de la nueva Carta Magna, lo que significa una diferencia de 768.222 votos entre la opción del Sí y la del No.
Un informe de la CNE destaca como uno de los resultados más importantes de este proceso, el primero de su tipo en la historia de Bolivia, que el nivel de participación ciudadana llegó al 90,26%, que en número de votos emitidos suma 3.511.681.
Este nivel de participación supera en 6,98 puntos al registrado en el referéndum revocatorio de mandato que se realizó el 10 de agosto del año 2008.
Además del voto sobre el contenido del nuevo texto constitucional, los bolivianos se pronunciaron en esta consulta sobre la extensión máxima de tierra que deberá ser concedida por el Estado, asunto en el que se impuso la opción de las 5.000 hectáreas, según la CNE.
Los resultados oficiales señalan que por las 10.000 hectáreas votaron 469.385 ciudadanos, lo que representa el 19,35%, mientras que por la opción de 5.000 hectáreas votaron 1.956.596, lo que representa el 80,65%.
Según señala un informe del máximo organismo electoral del país, el cómputo nacional del referéndum constitucional será entregado oficialmente este viernes 6, una vez que las cortes departamentales electorales hagan entrega de las actas de cómputo departamental respectiva.
Hasta ayer, sólo las cortes de Cochabamba, Tarija, Chuquisaca y Oruro hicieron la entrega de actas departamentales.
Según procedimiento, una vez que la CNE entregue los resultados a la presidencia del Congreso y ésta a su vez los derive al Presidente de la República, éste será quien promulgue y ponga en vigencia la nueva Constitución.
El Gobierno informó que lo hará este sábado, en un acto que anuncia masivo y que se realizará en la ciudad de El Alto, con la presencia de autoridades nacionales e internacionales y representantes de los movimientos sociales de todo el país.
Después de que el Jefe de Estado promulgue la nueva Carta Magna, el Gobierno implementará una serie de ajustes a la estructura del Poder Ejecutivo, de tal manera de adecuarla a lo que dispone la nueva Constitución.
Entre estos ajustes, que se encuentran incluidos en un borrador de proyecto que este miércoles debe aprobar el gabinete, se encuentran medidas como la disminución de los ministerios, de 16 a 13, aunque con mayores atribuciones en muchos casos.
El referéndum constitucional fue el proceso político más importante que se produjo durante la gestión de Evo Morales, consecuencia de una demanda histórica que data de los años 90.
La nueva Constitución Política reemplazará a la que se encuentra vigente desde el año 1967 y es la primera que fue aprobada por voto directo de los bolivianos.
ANTECEDENTES
El texto • La primera versión del documento que fue sometido a referéndum constitucional el domingo 25 de enero fue aprobado en Oruro, en diciembre del 2007, por la Asamblea Constituyente, tras un año y medio de trabajo.
Los cambios • Tras un accidentado proceso de diálogo político, regional y parlamentario, el texto fue modificado en más de 100 artículos, sin la participación de los constituyentes. El acuerdo llegó en octubre del 2008.
La consulta • El referéndum se realizó en medio de una serie de cuestionamientos sobre los documentos base sobre el que se construye el Padrón Electoral y los mecanismos de seguridad para controlar el voto ciudadano.
El control • Debido a las denuncias, más de 300 observadores internacionales siguieron la consulta. Al finalizar su labor, recomendaron hacer ajustes al padrón antes de encarar cualquier nuevo proceso electoral.
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